Las recientes declaraciones del gobernador bonaerense Axel Kicillof a Radio Con Vos 89.9, donde afirma en relación a las acciones de su ministro de Seguridad, Sergio Berni, que “el que decide la política soy yo” es una ratificación de lo que se viene manifestando ante la población: la orden de ejecutar los desalojos, cada vez más violentos, de las familias pobres y sin techo ni tierra, proviene del Ejecutivo bonaerense.

Ya Berni había hablado para los más descreídos indicando que sus acciones represivas estaban respaldadas por el gobernador Kicillof y que acá no cabía el escenario de ninguna disputa interna entre un bloque represivo y uno “progresista”.

La orientación de los desalojos violentos ha sido reivindicada semana a semana por los funcionarios bonaerenses y su maldita policía. Con operativos represivos en Florencio Varela, La Matanza, Esteban Echeverría, Tigre, San Fernando, entre los que han trascendido nacionalmente.

Solo en el día de ayer, martes 13, la policía bonaerense protagonizó dos desalojos particularmente violentos. El primero en el barrio La Nuevo Union en Rafael Castillo, distrito de La Matanza, donde las fuerzas represivas avanzaron brutalmente sobre las familias e incineraron sus pertenencias. El segundo en Los Hornos, en la ciudad de La Plata, cuya represión culminó con cinco detenidos y varios heridos.

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El aumento en la agresividad de los desalojos, lejos de disuadir los conflictos, a servido para envalentonar a otros intendentes de la provincia. Es el caso del lomense Martín Insaurralde, quien pretende arrasar con un barrio completo, de “guapo” sin ninguna orden de desalojo o procedimiento judicial al respecto. Se trata de viviendas registradas en el Renabap (Registro Nacional de Barrios Populares) y amparados por la ley.

Mientras esto ocurre en la provincia de Buenos Aires, están siendo desalojados, con los mismos métodos, los vecinos del barrio 21 de Septiembre, en la ciudad rionegrina de Cipolletti. Aquí las fuerzas represivas avanzaron con topadoras sobre las viviendas de las familias humildes y fueron repelidas por los vecinos, quienes lograron frustrar el desalojo.

El operativo represivo previsto para este jueves 15 en Guernica podría desencadenar una crisis aún mayor. Un antecedente remoto de esto fue el brutal desalojo a las familias de Abasto, en la ciudad de La Plata, en el 2017, que dio lugar a una enorme movilización y respuesta política de las familias y organizaciones y que logró que la Legislatura provincial aprobara en tiempo récord la expropiación de esas tierras y si adjudicación a las y los vecinos.

La crisis habitacional ha desatado un sinfín de procesos de recuperación de tierras, muchos de los cuales se reunieron recientemente en Guernica para realizar un preencuentro por tierra y vivienda que nucleó a más de 30 procesos de lucha de distintos lugares.

La orientación de desalojos violentos sin abrir ningún curso de resolución del déficit habitacional es parte del paquete de medidas que pacta el gobierno nacional –y los gobernados- con el FMI. La represión no vendría a resolver nada, sino a agravar la cuestión, empujando a decenas de miles de personas a nuevos procesos de recuperación de tierras.

Paremos la ola de desalojos y represiones contra las familias. Por un verdadero acceso a la tierra y la garantización del derecho a la vivienda para las y los trabajadores.

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