En una publicación de Télam (18/6) se hace referencia a un comunicado de la Senaf ( Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia) y 85 referentes en temas de infancia que rubrican el repudio al contenido tratado en el programa de Alelandro Fantino, considerando al SAP como una realidad en aumento por la cuarentena. Cabe señalar que la Senaf se pronunció una semana después de emitido el programa de referencia por el canal de aire América.

El articulo reza sobre los peligros del uso del falso “Síndrome de Alienación Parental” (SAP) como argumento de pericias o decisiones en el marco de causas por impedimento de contacto o abuso sexual infantil: “provoca severos perjuicios a muchos chicos y chicas en sus derechos”, advirtieron la Senaf y 85 referentes en temas de infancia, mientras la Defensoría del Público analizaba denuncias contra un programa de TV por “avalar” este “constructo”.

El “caso Collegium”

En Córdoba hay un caso emblemático que pone a la fiscal de instrucción de Delitos contra la Integridad Sexual Alicia Chirino en el centro de la escena como propulsora del SAP, desestimando causas de 16 denuncias en la escuela de orientación musical Collegium.

La fiscal, valiéndose de su equipo técnico, desenvolvió toda una hipótesis de SAP, sin hacer mención directa del mismo omitiendo testimonios de las y los niños obtenidos en cámara Gesell, poniendo un brutal énfasis en la investigación sobre las familias de las y los niños y dilatando (hasta 3 meses) las pericias en campo sobre la institución escolar o los domicilios de los acusados.

En su momento, desde la banca del Partido Obrero en el Frente de Izquierda, el legislador Eduardo Salas, junto a familiares víctimas de los abusos en el colegio mencionado, han presentado un pedido de destitución de la fiscal Alicia María Chirino por mal desempeño de sus funciones, basado en la omisión por parte de la fiscal de allanamientos en el hogar del denunciado Alejandro Reartes (acusado de los delitos de maltrato, abuso infantil y violencia de género); la lentitud de su accionar (la inspección ocular en el inmueble donde se cometieron los delitos denunciados se realizó tres meses después de la primera denuncia y cuando ya había 10 denuncias de abusos); visión parcializada; desestimación de indicios probatorios; prolongación del secreto de sumario que afectó el acceso a los expedientes a la defensa de las víctimas; el claro direccionamiento de la investigación hacia los padres, ya que con eufemismos evidentes los peritos oficiales diagnosticaron el Síndrome de Alienación Parental (argumentos utilizados por la fiscal para mandar a archivar todas las denuncias, según los abogados que pudieron acceder a la resolución de archivo dictada por la fiscal).

Cuando las familias se organizan, la causa se mueve: un revés para Chirino y el SAP

A fines de 2018 mediante la presión de las familias de las víctimas con el apoyo del Plenario de Trabajadoras y otras organizaciones, la causa fue derivada a la nueva fiscalía de segundo turno a cargo de la fiscal Ingrid Vago, quien comenzó a periciar lo actuado por su antecesora, Alicia Chirino, y aún continúa en esa tarea.

Está más que claro que cada vez que las familias se han organizado y han intervenido (con la acción directa en la calle y el apoyo desde el bloque del FIT en la Legislatura) la causa fue avanzando. La fiscal Chirino aceleró el envío a archivo, lo que no hizo más que perpetuar el mandato de la ley escrita con mano patriarcal. Lejos de amedrentar a las familias, el reclamo obligó a que la causa cambie abruptamente de fiscalía.

Solo queda seguir luchando para que la justicia interceda en favor de las víctimas, en su momento, niñes de entre 3 y 5 años de edad.