Eduardo Lorenzo se suicidó ayer en la sede de Cáritas La Plata, hacia donde había sido trasladado luego de las movilizaciones de organizaciones de mujeres y familiares de víctimas del cura hacia la parroquia de Gonnet, donde aquel seguía cumpliendo funciones rodeado de menores de edad mientras se acumulaban denuncian por abuso en el expediente judicial.

Lorenzo vivió, al menos, unos 30 años acosando y abusando sexualmente de adolescentes que tenía a su cargo por su función eclesiástica. Bastante antes de que las pericias psicológicas constaten su perversión, fue “León” –la primera víctima que se animó a denunciar- quien describió cómo el cura se valía del dinero de la iglesia, de la casa parroquial, de sus vínculos con el poder, para aprovecharse de los jóvenes (siempre hombres, porque despreciaba abiertamente a las mujeres).

Durante la última década, el sacerdote gozó de la más descarada impunidad. Primero, la Justicia Canónica repelió las denuncias contra él, cuando los padrinos de León comenzaron la travesía de buscar justicia. Desde que se radicó la denuncia penal contra Lorenzo, éste desplegó sus influencias como Capellán Mayor del Servicio Penitenciario Bonaerense para amedrentar a denunciantes, sea con amenazas ostentando sus relaciones “con los peores asesinos de la cárcel”, sea con el hostigamiento policial a testigos. La Justicia, mientras tanto, archivó la causa en tiempo récord, a los seis meses de abierta y sin ningún avance en la investigación. Por esos tiempos, Lorenzo era confesor de Julio Grassi a pedido del entonces arzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio.

En marzo de este año, cuando León y sus padrinos junto al abogado Juan Pablo Gallego, lograban el desarchivo de la causa, el arzobispo de La Plata y mano derecha del Papa, “Tucho” Fernández, brindó una misa junto a Lorenzo para respaldarlo. Pero por más empeño que pusieran desde la Catedral, ya no podrían sostener el encubrimiento. El acercamiento de víctimas y familiares a organizaciones de mujeres cambió radicalmente el escenario.

Las denuncias cobraron ahora otra difusión. Así los padrinos de León acudieron a la banca del Frente de Izquierda en la Legislatura bonaerense, con quienes se convocó una conferencia de prensa para denunciar la complicidad canónica y estatal en la impunidad y reclamar el avance de la causa. Lorenzo presionó a las autoridades de la Cámara para tratar de evitar la actividad, pero ésta no solo se hizo sino que fue un gran impulso, tanto por su repercusión mediática como por el acercamiento de nuevas víctimas que se comprometieron a testificar y seguir la causa. La banca del FIT logró que se aprobasen dos proyectos de solicitud de informes para dar cuenta de la actividad de éste en el SPB y en las escuelas confesionales de la región.

Junto a las organizaciones de mujeres, comenzaron a realizarse acciones callejeras de denuncia. El abusador debió dejar su cargo de Capellán, aunque siguió cobrando un sueldo de la provincia que rondaba los $100.000. Al momento en que la jueza Garmendia ordenara la detención, ya habían declarado cinco víctimas, y las pericias eran inapelables. A la par de este accionar estatal, la Iglesia Católica mantuvo siempre a Lorenzo en funciones. Tanto que fue el rechazo de los padres del colegio Nuestra Señora del Carmen de Tolosa lo que impidió que el sacerdote recalara allí. La protección eclesiástica del abusador llegó al punto, patético y aborrecible, de que tras conocer la noticia del suicidio “Tucho” Fernández llamó a orar por él para que “el Dios de la vida los reciba en el amor infinito”.

Por la definitiva separación de la Iglesia del Estado. Juicio y castigo a los curas pedófilos y sus encubridores.