El country de Zelaya, en el distrito de Pilar, donde desde hace unos días cumple arresto domiciliario el cura abusador Raúl Sidders, fue escenario de una movilización que reclamó que el mismo aguarde el juicio en cárcel común. La iniciativa fue impulsada por el Plenario de Trabajadoras junto con el Frente de Mujeres y Disidencias en Lucha de Pilar.

En una jornada de lucha en repudio a los beneficios concedidos a Sidders sin fundamento jurídico alguno, se expuso la evidente convivencia del Poder Judicial y la Iglesia para garantizar la impunidad de los abusadores. Contra esa complicidad se planteó la elección directa y revocable de los jueces. Las presentes alertaron a los vecinos acerca de la presencia del cura denunciado por una exalumna de un colegio platense en que aquél era capellán, y convocaron a toda la población a repudiar el beneficio de la detención domiciliaria.

Este indignante caso obliga a una reflexión crítica acerca del control que tiene la iglesia sobre miles de niñes y jóvenes que acuden a las escuelas confesionales. Echa luz sobre la necesidad de anular el artículo 5 de la Ley de ESI (Ley 26.150), que libra los contenidos de la misma al ideario institucional de cada establecimiento. El dictado de estos temas debe ser elaborado por la docencia, les estudiantes y las organizaciones de mujeres para imponer una educación sexual laica, científica y respetuosa de la diversidad.

Se hace cada vez mas imperiosa la necesidad de separación de la Iglesia del Estado y terminar con la protección a los curas pedófilos. Con esa perspectiva, las organizaciones independientes de mujeres caminamos las calles del pueblo de Zelaya al grito de cárcel común para Sidders.

Iglesia y Estado, asuntos separados. ¡A donde vayan los iremos a buscar!

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