La suba de alimentos perjudica principalmente a los sectores más empobrecidos, no solo porque estos destinan la mayor parte de sus ingresos en comprar para comer, sino que además, acuden fundamentalmente a los comercios de cercanía, conocido como canal tradicional, donde los productos están más caros que en las cadenas de supermercado.

Según un informe de la consultora Ecolatina, el 10% de los hogares de menores ingresos realiza el 85% de su gasto en alimentos y bebidas en comercios barriales, como carnicerías, verdulerías, almacenes, autoservicios y quioscos. Lo cierto es que los supermercados se hallan bastante alejados de los barrios precarios como para ir a comprar caminando o en colectivo y regresar con el peso de las bolsas a cuestas; y muy pocos tienen la posibilidad de ir en auto.

Por otra parte, solo las personas con altos ingresos o los trabajadores que perciben un sueldo fijo tienen la posibilidad de hacer una compra grande, no así los que subsisten con changas o están desocupados, para quienes carece de sentido trasladarse a un supermercado dado que, al vivir al día, son pocos los artículos que pueden adquirir en una sola compra.

Esa desventaja se suma al sinfín de privaciones con las que debe lidiar día a día la población de los barrios postergados, y colabora en seguir hundiéndola en la pobreza ya que es más costoso hacer las compras en el canal tradicional que en las grandes cadenas, donde se circunscriben las políticas de control de precios del gobierno y las promociones.

Por ejemplo, entre diciembre y febrero, el agua envasada aumentó 10% más en los comercios de cercanía que en los supermercados. A su vez, los fideos mostraron una suba 9% mayor en los primeros que en los segundos, al igual que la leche y los yogures, donde la diferencia de precio entre ambos canales fue del 7% y 6% respectivamente. Que exista este desfasaje de precios en alimentos básicos para el consumo de las familias dice mucho del fracaso del programa Precios Justos a la hora de proteger el bolsillo popular.

Lo anterior explica que la canasta básica de alimentos en los barrios del conurbano bonaerense, calculada por Iscepci, haya trepado 20,88% en el primer bimestre del año, llegando a ubicarse en los $77.523,67 en febrero. Esto, cuando el salario mínimo -fijado por el gobierno, las cámaras empresarias y la burocracia sindical- se encuentra en los $69.500; y la jubilación mínima -con bono incluido- es de apenas $73.665. Lo anterior revela que el Frente de Todos, que asumió prometiendo heladera llena, hambrea deliberadamente a capas enteras de la población con sus políticas de ajuste fondomonetarista. Hasta llega al extremo de recortar 100 mil planes Potenciar Trabajo mientras crece la indigencia.

Por otra parte, como las frutas y verduras representan el 18% de la canasta de consumo de los hogares de ingresos más bajos -según Ecolatina- son estos los más afectados por la disparada que hubo en los precios de los vegetales, de entre un 30% y 36% en el primer bimestre. Como vemos, ya no solo la carne es prohibitiva para los sectores populares, cuyo derecho a acceder a una alimentación balanceada es pisoteado permanentemente.

Es necesario restituirlo, peleando por un ingreso equivalente a la canasta familiar, trabajo genuino y aumentos salariales indexados a la inflación. Aquí radica el espíritu del plan de lucha de la Unidad Piquetera, donde quienes la integran deciden salir a las calles, hartos de que no alcance el mango para comer adecuadamente en las barriadas.

 

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