Un escándalo estalló en la Iglesia Católica. El Vaticano detectó recientemente irregularidades en la venta de inmuebles por parte del Arzobispado de la Ciudad de Buenos Aires según sus jurisdicciones internas. Tras una auditoría realizada en octubre, se corroboraron algunos hechos en un primer informe.

La llegada de esta auditoría desde Roma tuvo lugar por una serie de denuncias dentro de la institución sobre operaciones inmobiliarias sospechosas con propiedades de la Iglesia. Esto fue posible en mayor parte porque Mario Poli, sucesor de Francisco como arzobispo de Buenos Aires (y designado por él mismo), nunca puso a funcionar el Consejo de Asuntos Económicos, que debe encargarse de supervisar las transacciones del arzobispado, y que no haya constituido el Colegio de Consultores (Clarín, 3/5).

Unas primeras conclusiones sobre la auditoría advierten que no se cumplieron las normas eclesiásticas internas sobre transacciones de bienes. En el informe se exhorta a Poli además a “limitarse a hacer las transacciones estrictamente necesarias”, ya que está pronto a cumplir los 75 años, edad “de retiro” de los obispos. Y se le llama la atención por la parálisis de los organismos de veeduría de las cuentas en la institución.

Luego, continúa solicitando la exclusión de Martín Bracht, párroco de la Iglesia de Palermo, de “encargos y responsabilidades en la gestión administrativa”, ya que “se ha constatado una dudosa transparencia en sus acciones”. Sobre este punto vale mencionar que hay una interna explosiva alrededor del manejo de las finanzas, y una sospecha firme del Vaticano para ponerle el ojo al Arzobispado porteño es que varios integrantes de la curia removidos por el mismo Francisco volvieron al manejo de las cuentas del clero bajo el “mandato” de Poli.

Pero amén de todo esto, lo que verdaderamente aparece en el centro del escándalo es que se le ordena al arzobispo porteño “no enajenar más activos de la arquidiócesis o de las parroquias, lo que al parecer ocurrió con frecuencia en los últimos tiempos”. Un ítem de la discordia sería la venta de la “Casa del Catequista”, edificio situado en Guatemala 5600… en Palermo. Aquí, claro, aparece en la línea de fuego Bracht. Y es que según las normativas de la Iglesia en Argentina, las transacciones con bienes valuados en más de 300.000 dólares deben ser consultadas al Vaticano, lo que no ocurrió (Clarín, 3/5).

La Iglesia tiene subsidios del Estado de todo tipo. Como ven en este ticket de una playa de estacionamiento de su propiedad no paga IVA, ni Ganancias ni Ingresos Brutos. Separar la Iglesia del Estado es ir contra todos estos beneficios. pic.twitter.com/fglbKZ9dWa

— Gabriel Solano (@Solanopo) March 4, 2020

Esto corrobora, por si hiciese falta, que la Iglesia Católica es un nido de corrupción. Pero también que en su carácter de institución religiosa maneja negociados como una empresa. Venta y compra de inmuebles, alquileres, playas de estacionamiento, educación y salud privada y otros rubros en los que opera y reporta ganancias siderales. El Arzobispado de la Ciudad es hasta dueño del Luna Park. Y todo facilitado por subsidios, exenciones y una verdadera batería de facilidades impositivas que le otorga el Estado.

De hecho, la Catedral metropolitana no paga la tarifa del servicio eléctrico gracias a una ordenanza de la dictadura militar sancionada en 1978, que ninguno de los gobiernos posteriores declinó. Pero este es tan solo un ejemplo. Están a la orden también las exenciones de Ingresos Brutos o ABL, o hasta las cesiones del Estado de tierras e inmuebles fiscales, que le permiten proliferar estos negociados.

Miren esta ordenanza de la dictadura firmada por el genocida Cacciatore estaleciendo que la Ciudad de Buenos Aires pagará la electricidad de la Catedral Metropolitana. La resolución sigue vigente al día de hoy. pic.twitter.com/MlzRkQR7w7

— Gabriel Solano (@Solanopo) August 14, 2018

En el año 2018 el legislador del Partido Obrero en el Frente de Izquierda, Gabriel Solano, presentó proyectos de ley para derogar todos estos beneficios y separar a la Iglesia del Estado, bajo la denuncia de que en la Ciudad había 360 propiedades solamente del episcopado que gozaban exenciones impositivas a perpetuidad. Pero el escollo que se presentó por delante fue, básicamente, todo un régimen político unificado por sus tributaciones a esta institución oscurantista y antiderechos, de la que se valen para contener el descontento social en las barriadas empobrecidas donde tiene una enorme injerencia.

Por ello mismo fue que el año pasado la legisladora Amanda Martin, también del Partido Obrero en el Frente de Izquierda – Unidad, volvió a la carga con el edicto para cortar los privilegios de los que goza el clero, encontrándose nuevamente con el cajoneo de peronistas, radicales y derechistas. La Iglesia y sus negociados podridos son parte indiscernible de todo el régimen que nos gobierna, por lo que la lucha por terminar con su tendal de facilidades y beneficios, así como de su injerencia en la educación, la salud y todo el entramado social para cercenar derechos es una lucha de fondo contra el sistema capitalista bajo un programa de transformación social.

Solo bajo estas banderas podemos pelear contra el oscurantismo clerical por los derechos de las mujeres y diversidades, por la aplicación efectiva del derecho al aborto legal, por la educación sexual y todo aquello que esta misma Iglesia corrupta nos deniega.

https://prensaobrera.com/movimiento-piquetero/la-marcha-federal-ya-sacude-los-medios-nacionales/

https://prensaobrera.com/ambiente/urgente-represion-en-andalgala/