-Exclusivo de internet

Sobre tablas y con un tratamiento express, sin debate en comisión y en menos de una semana, Urtubey impuso la ley de Glaciares. Su texto, idéntico al que están aprobando otras provincias cordilleranas, responde al mandato que estos gobernadores y la propia Cristina recibieron de la Barrick Gold y otros directivos de las principales mineras que operan en el país, en su reunión hace un mes en Canadá…

El diputado del PO, Claudio del Pla, señaló en el recinto que “Hay, un interés popular en esta cuestión; se ha llegado a poner en el debate nacional el tema de la conservación de los glaciares. No por mérito de ningún poder político, sino porque en nuestro país, ya desde hace un buen tiempo atrás, está en desarrollo un fuerte movimiento ambientalista que ha salido a enfrentar las formas más contaminantes de la minería, ‘la minería a cielo abierto’, y el uso de elementos químicos como el cianuro”.

Es por eso que el tema ya tuvo hace un tiempo atrás un tratamiento en el Parlamento nacional y se aprobó una Ley de Protección de los Glaciares y Periglaciares, que recibió rápidamente el veto de la Presidenta de la Nación.

“El veto vino entonces -diría yo- casi por un mandato directo de aquella compañía (la Barrick Gold), que es beneficiaria de toda clase de ventajas, entre ellas, este acuerdo fiscal secreto entre los Estados chileno y argentino, que provocó una crisis en el interior del organismo de recaudación fiscal del Estado nacional”.

Denunciamos que la “reunión en la Casa de Salta, no fue para defender los intereses de los salteños y mucho menos para reivindicar el federalismo, sino para anunciar que simultáneamente los gobernadores de las provincias que habían estado con el gerente de la Barrick Gold mandaban a sus legislaturas a sancionar sus propias leyes de inventario de glaciares”.

Y que “el contenido de estas leyes va al corazón del problema que está en debate, lo que estamos discutiendo no es tanto la preservación de las aguas o de sus fuentes sino, sobre todo, el alcance de la actividad minera. ¡Este es el punto! Los dos proyectos que están en el Parlamento nacional tienen por diferendo la caracterización de periglaciares, es decir, de las áreas congeladas que no son glaciares”. Y citamos “un texto, del geólogo Carlos Seara, especialista en el tema, en donde manifiesta claramente que con el enfoque de la Ley Filmus o de las leyes provinciales, estas normas ‘exprés’ que fueron paridas en Canadá durante una discusión con el gerente de la Barrick Gold Corporation, con estas leyes, reitero, nada es periglaciar”.

Capital de los desmontes

También denunciamos “la falacia, la mentira abierta, completa, de que el Estado salteño va a ser un buen defensor del medio ambiente! ¿Qué credenciales tiene este Estado salteño para decir que es mejor o peor defensor del medio ambiente? Salta -y la zona norte en particular- estuvo hace un par de años encabezando las estadísticas de desmontes de todo el continente americano, ¡absoluto récord de desmontes para plantar soja! Hasta cuando se discutió la Ley de Ordenamiento Territorial se acomodaron los tantos como para que pendientes que se recomienda que no sean desmontadas ¡en Salta se puedan desmontar!

“¡Vienen queriendo hacernos creer que hay un problema de federalismo, que los que gobiernan Salta defienden el interés y entonces van a proteger mejor el medio ambiente, ¡absolutamente falso!”

República bananera

Recordamos en el debate “lo que caracterizó a mediados del siglo pasado a varias naciones centroamericanas a las que se les llamaba ‘repúblicas bananeras’, porque se decía de ellas que eran dependientes de compañías multinacionales como la United Fruit Company, las ue hacían, deshacían y gobernaban más que los gobiernos en estos países de Centro América. La Barrick Gold Corporation es a las provincias mineras lo que eran en Centro América la United Fruit Company y estas compañías que lo podían todo”.

“¡¿De qué clase de federalismo me están hablando?! ¡Acá no hay un conflicto Nación-Provincia, sino entre lo público y lo privado y eso no tiene un territorio demarcado por los Estados provinciales! ¡Aquí existe un bien público de todo el pueblo argentino a preservar que es el abastecimiento de agua, no es un problema de fronteras provinciales!”.

Saqueo

“El problema no es sólo ambiental sino que éste es sólo uno de ellos, por detrás del problema ambiental vienen las condiciones leoninas y saqueadoras en las que se otorgan las concesiones mineras en este país. La minería tiene por lo menos veinte leyes especiales de ventajas de todo tipo: abonan regalías absurdas, tienen reembolsos de todo tipo de impuestos que deberían pagar por ganancias y otros conceptos, incorporan bienes de capital sin pagar aduana, etcétera. ¡No hay actividad económica en este país con los subsidios que tiene la minería! ¡No hay otra! ¡Son los recursos naturales no renovables los que están en juego! ¡Las provincias que ya tienen años en este desarrollo, por ejemplo Catamarca, traigan acá alguna evidencia de que Bajo de la Alumbrera ha significado un progreso social para ella! ¡Traigan un informe serio! ¡Qué pasa con la situación social del pueblo catamarqueño! ¡Sólo denuncian tragedias ambientales por el uso del agua y otros daños que allí se producen! ¡Explíquenos qué tiene que ver este tipo de minería con el desarrollo de los pueblos, cuánto queda en las provincias y cuánto se roban! ¡Tres por ciento de regalías mineras y encima sobre eso descuentan costos! ¡Qué es esto! Es un remate. La renta de la minería se va casi en su totalidad de las provincias y del país. Hasta ni siquiera tiene la minería la obligación de hacer, por ejemplo, lo que hace un productor agrícola que exporta, que es liquidar sus ganancias en el Banco Central de la República Argentina, es decir hace las ventas y las liquida allí y cambia dólares por pesos. ¡Nada! ¡Los muchachos dejan la plata afuera directamente! ¡Ni siquiera pasan por la ventanilla del Banco Central! ¿Esto es un país o son las políticas de una colonia las que están defendiendo a nivel nacional con esta ley y con toda la política minera?

“Es por todas estas razones que voy a votar en contra de este proyecto de ley, porque en primer lugar no ha tenido el debate que corresponde, porque se trata de una ley exprés que no responde a la defensa de los recursos del agua sino a los intereses de las compañías mineras, porque es el resultado de un pacto espúreo entre el gobierno argentino y los gobernadores cordilleranos con los intereses más antinacionales que son los de estas compañías mineras. Por todas estas razones, ¡el Partido Obrero vota en contra!

Menemistas mal arrepentidos

“Cuando el presidente de la Cámara intentó rebatirnos presentándose como un menemista arrepentido, defendiendo a Urtubey porque con su gobierno las cosas cambiaron y ahora se busca la ‘función social de la propiedad’ pusimos de relieve que ‘El gobierno de Urtubey acaba de establecer una concesión de área petrolera en la zona de Orán ¡exactamente en el molde de los contratos de Menem!’, con el mismo marco legal, con iguales regalías si se encontrase allí petróleo. Este gobernador ‘del cambio’ que tenemos ahora, les ha agregado un proyecto de ley que creo ya tiene media sanción en la Cámara de Senadores, por el cual ¡les garantiza estabilidad jurídica por treinta años por lo menos! El gobernador quiere esta ley para ‘armar’ contratos de concesión minera en los mismos términos antinacionales que se celebraban en la época de Menem, o sea que acá ¡tampoco está el cambio! ¡Con el petróleo no está el cambio, y con la minería tampoco!

“La presión que hay contra el medio ambiente viene de la concentración de la riqueza, de la monopolización de la tierra, de la extensión del modelo sojero y del capital financiero aplicado al campo, que hace que cada vez haya que ir más lejos en este modo de explotación de los recursos naturales y se violenten todas las barreras, porque lo que está por detrás de esta forma de explotación de los recursos naturales es el interés de grupos muy concentrados de la economía, que es exactamente lo contrario a cualquier criterio de función social de la propiedad y, más aún, de función social de los recursos naturales.

“Entonces, si queremos hacer una explotación de los recursos naturales que sea sustentable -y que ¡debemos hacerla!- es necesario barajar y dar de nuevo. Si impulsamos el modelo sojero no vamos a tener una explotación sustentable; si vamos al monocultivo de caña en el Departamento Orán, tampoco la tendremos; si la presión por el uso de la tierra se va sólo al biocombustible, no va a haber una explotación sustentable; y si vamos a la minería a cielo abierto ¡tampoco vamos a tener una explotación sustentable!”.