Un accidente de tránsito en la ruta 11, a la altura de la localidad santafesina de Calchaquí, torció el destino de 50 vacas que iban a bordo de un camión rumbo al frigorífico. El vehículo volcó, ocasionando lesiones leves en los transportistas, y una multitud se abalanzó sobre los animales para dar comienzo a la faena.

Así, los pobladores de la zona llevaron ese día a sus casas raciones de carne que hubieran costado fortunas adquirirlas en las carnicerías y supermercados. Seguramente una sensación de justicia recorrió aquel matadero a cielo abierto, porque el asado en familia iba a ser posible esa noche, luego de tantas jornadas de juntar el mango para a duras penas poder llenar la olla.

La misma sensación nos invadió a quienes leímos la noticia y nos alegramos por el hecho de que esas 50 vacas, finalmente, no fueron utilizadas como mercancía para engrosar los bolsillos de los monopolios de la industria frigorífica, y, en su lugar, terminaron en las mesas de un pueblo hambreado. Algunos medios patronales no demoraron en tildar de “robo” a aquella carneada colectiva sobre la banquina, omitiendo que el verdadero saqueo lo llevan adelante los capitalistas que intervienen en el proceso productivo de la carne, encumbrando sus precios, y el gobierno que vela por las ganancias de estos empresarios, mientras hunde los ingresos de la población trabajadora.

En ese sentido, mientras las ventas al exterior de la carne bovina entre junio 2021 y junio 2022 aumentaron un 102% -y un 40% en dólares en el primer semestre del año en términos interanuales- el consumo interno de carne roja se halla en un piso histórico debido a los altos precios de los cortes en un cuadro de retroceso salarial.  Es un negocio ultraconcentrado donde los 10 frigoríficos más grandes concentran el 60% de las exportaciones, los cuales no han dudado en trasladar los precios internacionales en alza -con subas del 13%  interanual en junio- al mercado local. El gobierno los premia desregulando cada vez más las exportaciones de la carne y dando vía libre a las remarcaciones de precios sin avanzar un milímetro en la apertura de los libros de las empresas a los fines de evaluar los costos reales.

A su turno, solo el 30% de los frigoríficos encargados de la faena y el depostado está autorizado para exportar, sobre el cual recae el 80% de la producción. En cuanto a la cría y el engorde, el 5% de los establecimientos acapara el 40% de las cabezas de ganado; a su vez, entre 2019 y 2020 cayó un 18% la cantidad de productores bovinos y pasaron de 2.950 a 3.351 el número de establecimientos con más de 2.000 cabezas de ganado (tamaño mediano/grande).

Además del alto grado de concentración que ostenta toda la cadena, la oferta de ganado de a pie en el mercado de hacienda está en declinación, lo cual también repercute en los precios. Por un lado, dada la mayor rentabilidad de los cultivos se viene dando una relocalización de la actividad ganadera hacia tierras de menor productividad relativa. Por otra parte, muchos productores retienen a los terneros como reserva de valor, cuya cotización entre junio 2021 y junio de este año ascendió un 64%.

Como se ve, predominan las especulaciones y el ánimo de lucro de unos pocos -con la anuencia gubernamental- a costa del plato de comida de las mayorías. Así las cosas, ya en la tercera semana de julio la inflación en alimentos acumuló un 6,2%, según la consultora LCG, y el kilo de pan podría llegar a $400 en agosto. Por eso, es festejable que un imprevisto haya devenido en que los “dueños de la carne” lo fueran un poco menos por un rato y que en ese rincón de la pampa al costado de la ruta, el 24 de julio, haya reinado el júbilo popular en medio de tantas penurias.

Al mismo tiempo, lo ocurrido es el retrato de una desigualdad acuciante. La misma que motiva al movimiento piquetero a copar la Plaza este 28, entendiendo que solo ganando las calles podemos quebrar la política de hambre y ajuste del gobierno, la oposición de derecha y el FMI.