Sociedad

31/10/2022

Garrote sin zanahoria: la política del gobierno para la crisis habitacional

Crecen las villas y asentamientos y los desalojos violentos, en medio de promesas incumplidas.

Ocupación de tierras.

Se cumplieron dos años del megaoperativo represivo que culminó en el desalojo de las familias de Guernica y los vecinos y vecinas desalojados volvieron a movilizarse ante el incumplimiento de la entrega de lotes para habitar. Guernica expuso una política de Estado, desenvuelta a fondo por el Frente de Todos: represión contra los asentamientos y crecimiento de las necesidades habitacionales.

La reciente modificación de la ley del Registro Nacional de Barrios Populares (Ley 27.453) dio cuenta de un crecimiento de las villas y asentamientos, pasando de algo más de 4.000 “barrios populares” a 5.687 en todo el país, donde viven alrededor de 5 millones de personas.

El gobierno nacional tenía el compromiso de urbanizar 400 barrios por año para que esta cifra se redujera; sin embargo, ocurrió lo contrario, mostrando que lo escrito en la ley son solo compromisos vacíos, que carecen operatividad, presupuesto y ejecución.

Se estima la existencia de 4 millones de personas en todo el país sin vivienda propia en condiciones aptas, con salarios que demandarían décadas de ahorro para poder adquirir un hogar propio, un crédito hipotecario inexistente y un mercado de alquileres prohibitivo que empuja a millones de trabajadores y sus familias a los barrios más periféricos y a salidas de emergencia, como ocupar tierra fiscal u ociosa.

Buenos Aires: la madre de las barriadas

Según datos relevados por la Subsecretaría de Hábitat del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, el déficit habitacional de la provincia asciende a 2.284.134 de hogares. Mientras que el Renabap registra la existencia de 1.933 asentamientos en la provincia: el 34% del total nacional.

Pero los números reales son superiores e integran a barrios y asentamientos no reconocidos por el registro y el Estado, lo que les otorgaría al menos alguna garantía ante las represiones y desalojos del propio Estado, como las ocurridas recientemente en el barrio La Resistencia (Merlo), o en el barrio 1° de Noviembre (La Matanza). En estos momentos pesa una orden de desalojo sobre las familias del asentamiento de Las Heras en Mar del Plata.

El caso de Guernica es ilustrativo de la política del gobierno. Desde la gestión provincial aluden haber “invertido” $151.726.533 en la resolución en los 24 meses transitados. Según informaron al medio Infobae habrían gestionado 838 subsidios de tres pagos de $30.000 de lo cual aclaran haber pagado solo una cuota. Además, destinaron algunas ayudas alimentarias.

En cuanto a las cuestiones habitacionales en concreto, afirman haber otorgado materiales de construcción a 67 familias y la entrega de… 10 “módulos habitacionales”. Nada, en relación a los 1.904 grupos censados y las 1.460 actas firmadas, según datos oficiales.

Con razón, las familias de Guernica siguen movilizadas ante el incumplimiento del gobierno provincial y el gobierno nacional, que ocultan su política represiva y antipopular con slogans y propaganda inclusiva. Pero los datos no mienten.

Negocios inmobiliarios y FMI o derecho a la vivienda

La orientación del gobierno del Frente de Todos y la oposición patronal, de represión, desalojos y crecimiento de las villas y barrios pobres, es la contracara del crecimiento de la desocupación, la caída de los salarios y el deterioro social.

Gran parte de las tierras donde se han establecido asentamientos pertenecen a tierras fiscales, sin embargo, el Estado no avanza en la regularización del dominio de los lotes, ya que no destina el presupuesto necesario para urbanizar y garantizar los derechos y servicios correspondientes.

Para el caso de los terrenos privados, en muchos casos se trata de situaciones poco claras, con papeles insuficientes (como el caso de Guernica), donde se esconden negocios inmobiliarios y acuerdos con las intendencias y gestiones del Ejecutivo. El Estado no solo no efectúa las expropiaciones necesarias –aduciendo falta de fondos- sino que opera para que los habitantes se retiren o directamente avanza con la represión.

El Partido Obrero opone un planteo claro a esta crisis habitacional, que en la provincia de Buenos Aires ha sido presentado en la Legislatura por la banca del diputado Guillermo Kane: la conformación de un banco de tierras ociosas para loteos populares y planes de vivienda; construcción de un millón de viviendas, generando puestos de trabajo registrados, financiado con un impuesto extraordinario al gran capital; prohibición de desalojos; urbanización de barrios y regularización y entrega de títulos de la tierra; impuesto a la vivienda ociosa y a los acaparadores inmobiliarios.