El accionar del sargento de la policía bonaerense, Lucas Mallea, quien abatió por la espalda a una persona en ocasión del robo de su motocicleta, es a las claras un nuevo caso de gatillo fácil: Mallea no actuó bajo legítima defensa, sino a conciencia, tomando la decisión de ejecutar a su asaltante cuando este procedía a retirarse del lugar.

El hecho sucedió el pasado domingo 21 en la localidad de La Reja (Moreno), en horas de la noche, cuando –como puede apreciarse en las imágenes que circulan públicamente- dos personas interceptan Mallea y su pareja para robarle la motocicleta en la que circulaban.

Mallea y su pareja descienden del vehículo, tras lo cual el efectivo policial se ubica unos metros atrás del delincuente Andrés Aníbal Carbonel, desenfunda su arma reglamentaria y efectúa, por la espalda y sin dar la voz de alto, al menos cinco disparos, con la ejecución fatal de Carbonel como resultado, tras lo cual se pudo verificar que no poseía ningún arma de fuego.

Es gravísimo tu apoyo a este asesinato, equivale a legalizar la pena de muerte. https://t.co/sZh7fbaIG2

— Gabriel Solano (@Solanopo) May 24, 2023

Políticos gatillofacilistas

Esto despertó un debate público al respecto con el “elogio” y la defensa de sectores reaccionarios como Patricia Bullrich, quien manifestó que “la policía debe tener el respaldo necesario para poder cumplir su rol”, pidiendo por la libertad de Mallea; y Florencia Arietto, quien planteó un supuesto escenario de “legítima defensa”.

Quien algunos identifican como el candidato ungido por Cristina Kirchner para las próximas elecciones, Eduardo “Wado” de Pedro también manifestó generalidades abstractas sobre la cuestión aludiendo a “problemas de fondo” y a la politización de la inseguridad.

Pero quien lo dejó en offside fue el propio ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni, quien respaldó el accionar del policía señalando que se encontraba en un “estado de indefensión” y que él está “totalmente convencido de que se trató de un acto de legítima defensa”.

Mallea, quien pertenece a la Unidad de Policía de “Prevención” Local de Ituzaingó, tuvo oportunidad de ponderar diversas opciones, contando además con la “calificación profesional” para discernir y actuar bajo situaciones de presión. Sin embargo, explotó el factor sorpresa para ejecutar a Carbonel por la espalda. Si hubiera confiado en la fuerza que integra debía haber dado la voz de alarma a la policía para que interceda en la captura del delincuente sin comprometer la vida de una persona.

Un régimen del gatillo fácil y la portación de armas

Lo actuado por Mallea y defendido por los políticos capitalistas revela la naturaleza de todo un régimen. La indicación es darle vía libre al gatillo fácil y a la “legítima defensa”, para encubrir el fracaso y la descomposición de las fuerzas de seguridad, hundidas en el crimen organizado y el narcotráfico.

Si un efectivo policial ve “inconducente” dar intervención a las fuerzas de seguridad, qué les queda a los vecinos y trabajadores que son víctimas indefensas de todo tipo de delito, gran parte de estos con conexiones con las propias fuerzas de (in)seguridad. Esto supone admitir que la policía está obsoleta como fuerza y que lo que rige es “ley de la selva”.

La recuperación de una motocicleta, como es el caso, no debiera implicar un problema mayor para una fuerza con la oportunidad de intervenir desde el minuto cero del hecho, con múltiples cámaras de seguridad, recursos de monitoreo y patrullaje, controles vehiculares, informantes, allanamiento de desarmaderos y puntos de venta, etc. Esto no ocurre debido a la descomposición policial y su integración al crimen organizado.

La reivindicación de lo actuado por Mallea es una defensa del esquema corrupto de las fuerzas de seguridad, poniendo el eje en la “acción individual” para exculpar la responsabilidad colectiva de la policía bonaerense, la Justicia y el poder político, socios y regentes del delito y el narcotráfico. Kicillof, Berni, Bullrich, Arietto, Wado, etc., todos revisten en el encubrimiento de las fuerzas de seguridad, desde el momento en que salvaguardan la institución putrefacta del aparato represivo del Estado.

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