El proceso de recuperación de tierras de Guernica, en el distrito bonaerense de Presidente Perón, no solo ha puesto de manifiesto en todo el país la cuestión de un déficit habitacional creciente, sino que también ha colocado el contraste social entre los sectores más acaudalados y las familias pobres, y dejado al descubierto los intereses sociales que defienden los intendentes y gobernadores: en este caso la intendenta Blanca Cantero.

La misma no se habría privado de señalar desde el primer día que los terrenos ocupados estarían destinados a un emprendimiento inmobiliario privado, aunque ya sabemos que faltaba a la verdad, ya que la mayoría de los terrenos recuperados no cuentan con título suficiente por parte de sus supuestos propietarios y solo una parte de los mismos sería propiedad de la empresa Campos de Bellaco.

Bellaco S.A. es la desarrolladora inmobiliaria detrás de la construcción del Country & Club San Cirano: un lujoso barrio privado destinado a una porción extremadamente reducida de la población. Desde el propio directorio de la empresa reconocen que el proyecto está orientado a un público “ABC1” (Iprofesional 22/9). Se trata de una segmentación social basada en el poder adquisitivo de las personas que identifica al sector “Top” de la población (alrededor de un 5%) y que registra ingresos económicos promedio de cientos de miles de pesos.

Las familias de Guernica no podrían asomarse ni a la puerta de la inmobiliaria HOMES, encargada de la venta y adjudicación de los lotes, ya que estarían catalogados, según la misma segmentación, como “D2/E”, o más conocido como pobres.

El emprendimiento contará con canchas de tenis, rugby, hockey y fútbol, con confiterías y restaurantes, amplios parques, laguna propia y hasta colegio con todos los niveles de enseñanza. A su vez, la vasta extensión está pensado para albergar, en su primera etapa, solo unos 266 lotes unifamiliares con una superficie promedio de 1.000 metros cuadrados.

En la propuesta de los vecinos y vecinas de la recuperación de tierras de Guernica estos reclaman que la empresa ceda un 10% de los terrenos que aún no han sido transformados, en conformidad con lo que establece la ley de Acceso Justo al Hábitat, de la provincia de Buenos Aires, en su artículo 51. La empresa solo ha realizado obras en 130 de las 361 hectáreas en cuestión, lo que resulta absolutamente factible, sin afectar derecho alguno, pero que demanda de la aplicación del gobierno.

Sin embargo, desde la intendencia de Blanca Cantero se vienen mostrando inflexibles respecto a escuchar los reclamos de las familias e incluso han abandonado las mesas de negociación. Mientras que desde la provincia de Buenos Aires hacen oídos sordos y han montado un relato sobre la “falta de diálogo” para justificar el desalojo ordenado por el juez y que deberá recaer en su propia ejecución.

La intransigencia del gobierno municipal, provincial y nacional refleja que, más allá de una supuesta defensa del derecho de propiedad, estaríamos ante una defensa de clase, que busca atraer y proteger inversiones suntuosas y acaudaladas –aunque luego evadan impuestos de a millones- antes que responder por las necesidades urgentes de la población más golpeada por la crisis.