El pasado viernes 10 de marzo se realizó la primera sesión ordinaria del Concejo Deliberante de Avellaneda. En la misma se aprobaron cuatro proyectos de ley, de los cuales hay uno que sobresale del resto en importancia y notoriedad.

Los tres bloques (Frente de Todos-PJ, Juntos por el Cambio y Avellaneda Puede) votaron de forma favorable la integración e implementación en Villa Inflamable (Dock Sud) en el Fondo de Integración Socio Urbana -línea de acción “integración socio urbana de barrios popular ReNaBaP”, suscripto en la Secretaría de Integración Socio Urbana del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

Según informa Presidencia de la Nación desde su página web, dicho fondo tiene el objetivo de urbanizar villas y asentamientos. Desde Chequeado, a partir de una investigación, se verifica que el fideicomiso público administrado por el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) que recibe parte de lo recaudado por el impuesto alas grandes fortunas “avanzó con 389 inversiones en 422 barrios del total de proyectos –que mayormente comprenden la ejecución de obras de infraestructura básica- pero solo se construyó el 7%, mientras que en el 41% de los casos los trabajos están sin iniciar”.

Lo aprobado por oficialismo y oposición no solo es un nuevo engaño a les más de 1.800 habitantes de Villa Inflamable, sino también una firma de aval a la precarización laboral y salarial. Quienes desarrollarán las obras serán aquellos y aquellas que se encuentran inscritos e inscritas en el Registro Público de Entidades de la Economía Popular. “La ley 27.453 establece que las obras de Integración Social y Urbana deben ser ejecutadas, al menos en un 25%, por grupos asociativos de la economía popular” (argentina.gob.ar).

De este modo, generando el Registro Nacional de Organizaciones y Cooperativas para la Integración de los Barrios Populares, se legaliza la precarización laboral y salarial. Cooperativistas, monotributistas y beneficiarios de planes sociales (como el Potenciar) efectúan tareas fuera de convenio y en negro. Sin ART, aportes jubilatorios, aguinaldo ni vacaciones. Y cobrando un sueldo por debajo de los $35.000, mientras la canasta básica supera los $163.500.

Por otro lado, el ReNaBaP es un registro. De este modo, el Estado tiene un listado de las villas, barrios urgentes y asentamientos. Sin embargo, ni la ley ni lo aprobado en el Concejo Deliberante plantea un plan de titularización de los terrenos para sus habitantes. Recordemos además que dichas tierras son de interés de grupos empresariales para la explotación industrial y financiera.

Villa Inflamable es reconocida como de las zonas más contaminadas del país, Latinoamérica y el mundo. Rodeada de industrias petroquímicas, cementeras y curtiembres, en especial la Rizen-Shell, ubicada en frente de la barriada. Centenares de familias trabajadoras viven bebiendo, comiendo y pisando desechos altamente contaminados. Privados de agua potable, cloacas, redes pluviales y eléctricas seguras. Con una pobreza y marginalidad en aumento, donde la crisis habitacional se refleja en el hacinamiento y las casillas próximas a desmoronarse. Niñes y adultxs mayores poseen el triple de lo normal de plomo en sangre, provocando infecciones, enfermedades crónicas y hasta la muerte.

Ante este contexto, la Corte Suprema de Justicia sentenció el 7 de agosto de 2012, sobre la causa Mendoza, definir a la zona como inhabitable, reubicar a las familias y diseñar un plan de saneamiento de la cuenca Matanza Riachuelo. A poco de cumplirse 15 años, las condiciones de vida de las familias trabajadoras empeoran de forma constante. A la par, la gestión Ferraresi (PJ) le regaló a Shell el no pago del impuesto municipal (Tasa de Servicios Generales), transfiriendo de forma directa el pago al pueblo trabajador, con un fenomenal tarifazo sobre el bolsillo de les vecines.

En noviembre de 2022, el presupuesto votado por los tres bloques estipula $24.000 millones en obras públicas, sin mencionar cómo y dónde las realizarán. Transformando la caja en un suculento botín de campaña y para el pago al FMI. No es casual que hasta el día de la fecha no se conozca el destino de $8.000 millones de superávit fiscal del 2021.

La integración es una farsa, son espejitos de colores para mantener la especulación inmobiliaria y las condiciones precarias de vida (trabajo en negro, contaminación, hambre y crisis habitacional). Es urgente terminar con los gobiernos capitalistas, responsables de esta catástrofe. Vamos por una salida de izquierda y los trabajadorxs.

 

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