Juan Luis Ale, excomisario de la ciudad de Puerto Madryn (Chubut) y exdiputado provincial por el Frente Para la Victoria, fue declarado culpable de abuso sexual gravemente ultrajante, cometido contra dos menores hijas de su expareja durante los años 1998 y 2001. A pesar de que la fiscalía presentó pruebas contundentes que fundamentaban el pedido de 14 años de prisión y que el mismo tribunal, compuesto por Gustavo Castro, Marcela Perez y Marcelo Orlando, admitió que la relación familiar y de confianza entre el abusador y sus víctimas, como también su formación y ejercicio laboral, son factores que ponderan un agravante, la condena resuelta fue de tan solo de ocho años.

Tras el rechazo reciente de la Cámara Penal al pedido de prisión preventiva que realizó la fiscalía y a dos meses de que el tribunal lo encontrara culpable, Ale sigue sin condena firme y en libertad. Esto se debe a que la defensa continúa apelando, buscando la prescripción del caso, alegando que tomando la Ley Piazza el proceso excede los términos temporales para hacer una denuncia.

Vale recordar que la ley 27.206 de respeto de los tiempos de las víctimas, comúnmente llamada “Ley Piazza”, fue incorporada a nuestro Código Penal desde el 2011 y en la misma los plazos de prescripción del abuso sexual en la infancia toman como punto de partida para computar los años el momento en que la víctima cumple su mayoría de edad (18 años). El límite de esta ley es que los años de prescripción quedan supeditados a la gravedad del delito, cuestión determinada por la justicia. En este sentido aún cumpliéndose dicha ley muchas veces el tiempo sigue siendo escaso para que las víctimas realicen la denuncia.

El pedido de prescripción fue denegado por el tribunal pero ahora la defensa vuelve a presentarlo frente a la Cámara Penal.  La Justicia habilita este tipo de dilaciones que alargan los procesos judiciales y llevan a las víctimas a una revictimización perversa. En el caso de Ale, aún con enorme material de evidencia en su contra, puede por esta vía de apelación no sólo generar mayores dilaciones, incluso puede armar un escenario que avale la disminución de la pena o incluso que se dé curso a una posible absolución.

Juan Luis Ale es un excomisario, vinculado a la vida política de la provincia. Con esta perspectiva se entiende cómo a pesar de contar con evidencia contundente la Justicia se sigue resguardando en artilugios técnicos para sostener la “presunta inocencia” del acusado, brindando la posibilidad de disminuir su condena o de absolverlo. El caso Ale posee varios elementos que demuestran cómo la Justicia desprotege a las víctimas y perpetúa la impunidad de los culpables, sobre todo de aquellos que mantienen un vínculo cercano con el poder.

Desde Plenario de Trabajadoras alzamos nuestra denuncia a este Estado que perpetúa la impunidad de abusadores y violentos, a través de un sistema penal que se pone al servicio de encubrir a los amigos del poder. Las leyes, como la Ley Piazza, son conquistas de los movimientos que muchas veces caen en letra muerta o son utilizadas en nuestras contra, como tecnicismos que dilatan los procesos judiciales. Se hace necesaria la lucha por un Consejo Autónomo de Mujeres para que, con presupuesto propio y autonomía frente al Estado, seamos nosotras mismas quienes tomemos las riendas en la batalla contra la opresión y la violencia. Por la elección popular de jueces, fiscales y funcionarios, para terminar con la camarilla y la impunidad de la Justicia. Exigimos la resolución que deje firme la condena de este abusador y su cumplimiento efectivo. Justicia para las víctimas. Basta de Impunidad.

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