Cuando se discute a contrarreloj el futuro de las miles de personas que permanecen en la recuperación de tierras de Guernica y en el cuadro de una provincia de Buenos Aires azotada por la pobreza y el crecimiento exponencial de la lucha por la tierra, el gobierno de Axel Kicillof acaba de “crear” un subsidio orientado a disuadir a las familias sin vivienda. Por los escuetos alcances del mismo se trataría más que nada de una caja chica para “arreglar” los casos que no pueden resolver con la represión violenta, como vienen haciendo.

La medida fue resuelta por medio de un decreto provincial y plantea la conformación de un fondo de unos $54 millones, para el plazo de tres meses (hasta diciembre), del cual saldrían las partidas de hasta $50.000, como máximo por familia y por mes, durante el mismo período, prorrogables unos tres meses más en caso de que los funcionarios lo crean “conveniente” y, claro está, renueven los fondos.

Estos subsidios estarían destinados a “situaciones de extrema vulnerabilidad” dentro de la provincia, y sus montos podrían variar dependiendo de las valoraciones que realicen los funcionarios del ministerio de Desarrollo de la Comunidad a cargo de Andrés “Cuervo” Larroque, quien tendrá competencia en la asignación de los mismos.

Esta primera arbitrariedad supone una cuenta difícil de realizar, respecto del total de beneficiarios de estos subsidios; sin embargo, si tomamos los recursos asignados ($54 millones) y los dividimos por el monto máximo por familia sumados los tres meses de percepción ($150 mil) estaríamos hablando de unos 360 beneficiarios.

Se trata de un cuarto de las familias de Guernica (1.450) e un objetivo infinitamente inferior al déficit habitacional que afecta al conjunto de la provincia de Buenos Aires. Por la magnitud de este subsidio, estamos hablando de un recurso orientado a quebrar procesos específicos de organización de las familias sin tierra y no a una política habitacional para millones de familias sin tierras.

Incluso por las características del subsidio, difícilmente serviría para que alguien adquiera un terreno propio, aunque sea uno sin servicios y en zona rural. De allí que el propio gobierno especifique que su carácter sería de tipo alimentario y para la adquisición de algunos materiales de construcción (vaya uno a saber para qué si se carece de tierra) o alquileres temporarios.

En el mejor de los casos el monto apenas supera la canasta básica de pobreza, por unos escasos meses. Pero el ministro Larroque acaba declarar por estas horas en los medios que el máximo de $50.000 sería solo para casos contados; es decir que nadie llegaría ni a anhelar un pedazo de tierra.

Este programa de miseria del gobierno llega en momentos donde las fuerzas policiales amenazan con instalarse en el predio de Guernica, como tapadera de la política represiva del gobierno con la que ha encarado todas y cada una de las recuperaciones de tierra.

El problema de la tierra no se resuelve con la caja chica de Kicillof sino con un Banco de Tierras, ociosas y fiscales, y un impuesto a las grandes fortunas, como el presentado por el Frente de Izquierda Unidad en el Congreso, para crear decenas de miles de viviendas y garantizar el derecho a la tierra y al techo propio.

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