En junio, cubrir la canasta básica alimentaria en el conurbano bonaerense fue $38.132 más caro que a principio de año. En ese mes, comprar comida les significó a las familias trabajadoras un gasto de $102.266,27; monto 6,57% superior al de mayo y 59,46% al de diciembre 2022..

El dato pertenece al Índice Barrial de Precios que mide Isepci, el cual surge de relevar 900 comercios de cercanía distribuidos en veinte distritos del Gran Buenos Aires. Se trata de una cifra superior a la jubilación mínima, que llegó en junio a los $70.962; al salario mínimo, hoy en $87.987; triplica el monto máximo de la Tarjeta Alimentar y septuplica el de la Asignación Universal por Hijo. Ni qué decir si comparamos esos ingresos con el costo de la canasta básica total, calculada en $228.053,27 según al fuente citada. El aumento acumulado de casi el 60% en seis meses de la canasta alimentaria y del 55,96% de la canasta básica deja en ridículo la pauta salarial del 60% fijada por Massa para todo el año.

Como vemos, el gobierno agrava los índices de pobreza e indigencia con sus políticas de ajuste, y, en consecuencia, también engrosa las filas de quienes luchan por el plato de comida diario: el movimiento piquetero independiente que acaba de conquistar un compromiso de entrega de la asistencia alimentaria para los comedores barriales que había sido interrumpida, gracias a la lucha callejera, soportando las inclemencias climáticas y las diatribas de los políticos capitalistas y sus medios afines.

Sin ir más lejos, desde que asumió al frente del Ministerio de Economía Sergio Massa, el elegido por Cristina Kirchner para disputar en las próximas elecciones, los precios de los alimentos básicos se dispararon estrepitosamente: 233% el azúcar; 159,67% las lentejas; 150% el puré de tomate; 145,45% los fideos guiseros; 137,86% el kilo de arroz; 280% el kilo de naranja; 225% el kilo de mandarinas; 211% el kilo de papas; 209% el kilo de tomates y 166% el kilo de batatas. Se encarecen de forma sideral hasta los ingredientes necesarios para cocinar un guiso, dejando a los sectores populares ya sin opciones económicas para resolver la alimentación diaria del grupo familiar.

La menor oferta de algunos productos agrícolas a causa de la sequía y la estacionalidad no agota el problema. Finalmente, el esquema de aumentos en los combustibles fijado por el oficialismo, en beneficio de las petroleras, eleva los costos logísticos, impactando, por ejemplo, en el precio de la papa en las verdulerías del conurbano bonaerense durante el invierno, cuando la cosecha se traslada desde San Luis y Córdoba hasta el Mercado Central. Lo mismo ocurrirá con el tomate, dado que finalizó el ciclo productivo de Buenos Aires y se esperan lotes provenientes de Corrientes, Jujuy y Salta durante la época estival (Datos Alfa). A su vez, el incremento mensual del tipo de cambio, exigido por el FMI, estuvo detrás del aumento de las lentejas, ya que, ante “la falta de producción local por la sequía, ingresa en su mayoría importada” (Agroclave, 15/3).

A lo anterior se le suma la anuencia oficial a la remarcación constante que ejerce la industria de alimentos -concentrada en un puñado de monopolios-, al traslado de los precios internacionales al mercado interno producto del dominio privado del complejo agroexportador, y a la preeminencia del monocultivo con fines de exportación en detrimento de los cultivos destinados a satisfacer las necesidades alimentarias del pueblo. A fin de cuentas, son los mismos intereses patronales que seguirán defendiendo tanto Unión por la Patria como Juntos por el Cambio en caso de ganar las elecciones, a costa del bolsillo popular.

En las antípodas se encuentra el programa que encarna la lista de Gabriel Solano y Vilma Ripoll en el Frente de Izquierda, el cual plantea recomponer el ingreso de la población trabajadora afectando las ganancias capitalistas, mediante aumentos de salarios y jubilaciones indexados a la inflación, trabajo genuino y equiparando los sueldos iniciales al costo de la canasta familiar. Se trata de una salida integral que tiene a la nacionalización bajo control obrero de la tierra y del comercio exterior, la apertura de los libros de la gran industria y la ruptura con el FMI como parte de un plan de reorganización social sobre nuevas bases. A su vez, la lista está constituida por cientos de luchadores piqueteros que pueblan las calles por el derecho al pan -escamoteado por los gobiernos- y combaten el hambre en sus barrios poniéndose al frente de los comedores comunitarios.

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