Los tres jueces a cargo del juicio a los acusados de asesinar a golpes a Fernando Báez Sosa a la salida de un boliche en Villa Gesell en enero de 2020, fallaron en forma unánime al condenar a prisión perpetua a cinco de los involucrados y a los otros tres a la pena de 15 años de cárcel.

Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli y Luciano Pertossi recibieron la pena máxima por ser considerados coautores de homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas, mientras que Blas Cinalli, Ayrton Viollaz y Lucas Pertossi fueron condenados como coautores secundarios de homicidio doblemente agravado.

El caso del asesinato de Fernando ha sido uno de esos que generan una conmoción general, ha contado con un seguimiento milimétrico de los medios de comunicación y abierto debates en la opinión pública. Los padres del joven, que tenía 18 años al momento del crimen, exigían perpetua para los ocho acusados, “no como un acto de venganza sino como un hecho de justicia”. Vale la aclaración, porque el abordaje derechista y amarillista tan difundido en estos días carga las tintas en una pena máxima individual como forma de absolver la responsabilidad social y especialmente estatal en estos crímenes, que forman parte de toda una trama de violencias que marca a fuego a las generaciones actuales.

En el crimen cometido en las puertas del boliche Le Brique se plantea también lo que sucede con el enorme y oscuro negocio de los empresarios de la noche, con sobreventa de entradas por encima de la capacidad, la promoción del consumo de alcohol y drogas en cantidades, e incluso la contratación de patovicas que golpean cotidianamente a los pibes que salen a bailar. Por supuesto, indagar en ello implica poner la lupa también sobre la complicidad estatal y las zonas liberadas; los funcionarios políticos y policiales actúan como socios del negocio recaudando cajas negras de coimas o habilitaciones indebidas.

El accionar particular de un grupo de rugbiers no deja de expresar otra derivación social. Actuaron como lo hicieron porque los acompañaba un sentimiento de impunidad, que caracteriza a los hijos de familias acomodadas o con influencia política y judicial, como es el caso de algunos de ellos. La amplia aceptación del reclamo de justicia asociada a la prisión perpetua responde sin lugar a dudas al contraste que implica con la mayoría de los crímenes cometidos contra los pibes de familias pobres o trabajadoras.

Por eso resonaba al perpetrarse el crimen de Fernando la escandalosa impunidad de casos como el que había tenido lugar 14 años antes en la brasilera localidad balnearia de Ferrugem, cuando tres rugbiers correntinos propinaron una golpiza mortal al joven Ariel Malvino, sin ser nunca enjuiciados. Salvando las distancias es lo mismo que sucede con los recientes episodios del turista argentino atacado por un rugbier uruguayo en una fiesta en Punta del Este, el choque de dos bandas en Mar del Plata, o la denuncia de varias mujeres contra jugadores del Club Universitario de La Plata por la viralización de fotos íntimas sin su consentimiento. Claro que nada de esto tiene que ver con el deporte, sino con una cuestión de clase, cuando la mayoría de los clubes reproduce un corte elitista.

Esto permite una diferenciación con el tinte represivo y punitivista en que insiste uno de los abogados de la familia Báez Sosa, el mediático Burlando, quien por sus declaraciones podría valerse de esta exposición pública para postularse como candidato en las próximas elecciones en alguna de las listas de los autodenominados libertarios. Vale la pena señalar la contradicción entre semejante rótulo liberal y el énfasis puesto en patrocinar un edurecimiento de la represión estatal contra la juventud e incluso de todo aquel que reclama por sus derechos contra el Estado.

La derecha de los Milei o Juntos por el Cambio aprovechó para insistir en la necesidad de una condena ejemplar, no contra la práctica común de dejar impune a los hijos del poder sino como puerta a la vía libre para los atropellos contra la juventud por las fuerzas del Estado. La propia Bullrich, como ministra, sentó en resoluciones oficiales la “doctrina Chocobar” que avala el gatillo fácil, y defendió cerradamente los operativos criminales de Gendarmería y Prefectura que se cobraron la vida de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, respectivamente. Es una práctica que continúa a pesar de los discursos del gobierno peronista del Frente de Todos, como vemos en el encubrimiento de la desaparición y asesinato de Facundo Castro por la Bonaerense de Berni o la represión a las comunidades mapuche en la Patagonia. Este accionar “ejemplar” no erradica la violencia hacia y entre los jóvenes, sino que la promueve.

Es en este contexto que levantan cabeza planteamientos directamente facistas, como la consigna “cárcel o bala” por la que clama Espert. Primero lo dirigió contra los delincuentes y luego contra los piqueteros, y por elevación contra todo aquel que se organice para enfrentar la miseria a que los condena el ajuste fondomonetarista. La política del “queso gruyere” es enteramente antiobrera.

La cuestión de clase es insoslayable en todo este debate. La condena a quienes mataron a Fernando contrasta no solo con la impunidad reinante de que gozan aquellos de familias con poder o los agentes de las fuerzas represivas, sino también con la suerte de miles y miles de pibes pobres que pueblan las cárceles argentinas sin haber sido juzgados o en su enorme mayoría sin condena firme. Toda la propaganda punitiva que acompañó la cobertura del juicio, además, tiende a justificar las condiciones inhumanas y la violencia sistemática que caracterizan a los lugares de detención, antagónicas a cualquier perspectiva de reinserción social.

Nuestro acompañamiento a la familia de Fernando en este duro momento. Como socialistas, seguiremos peleando por terminar con este régimen social de explotación y violencia que oprime a la juventud. Es una tarea que requiere luchar contra todos los políticos capitalistas que nos gobiernan y gobernaron.

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