En estos días, Lucas Benvenuto se ha convertido en la cara visible de una realidad silenciada, tan terrible como extendida. Es el testimonio del abandono, la desprotección y la degradación de las infancias, del horror que se extiende puertas adentro de numerosos hogares, que atraviesa todos los poros de esta sociedad de manera impune.

Antes de Jey Mammon, Lucas había sido captado a los 11 años de edad por la red de pedófilos conocida como “boy lovers”, que integraba Jorge Corsi y Rocca Clement, entre otros. Como Lucas, muchísimos niños en situación de vulnerabilidad eran captados con manipulaciones y engaños por internet para luego ser objetos de abusos y aberraciones por parte de adultos en distintas situaciones y de manera reiterada. En esa oportunidad, Lucas estuvo secuestrado durante nueve meses en el depósito de una librería, donde era abusado sistemáticamente por el dueño, Roberto Santy Lozano. Su captor lo filmaba y vendía los videos en España.

Lucas recurre al escrache y la denuncia pública en sus redes contra el conductor de Telefé luego de haber sido violentado por el Poder Judicial que desestimó su denuncia -algo que ya había vivido cuando denunció a Rocca Clement (condenado) y otros dos miembros de la banda de pedófilos que fueron sobreseídos. La causa que inició contra Mammon en 2020 fue cerrada en marzo de 2021 por el juez Walter José Candela, que declaró el sobreseimiento por “prescripción”, alegando que el caso había ocurrido casi diez años antes y es anterior a la modificación de esta aberración jurídica en los casos de delitos contra menores. En este país recién en 2011 se modifican los plazos para estos delitos (ley Piazza) y en 2015 se vuelven a ampliar con una ley que establece que los tiempos para la proscripción recién empiezan a correr a partir de la que víctima efectúa la denuncia. Por regla, estas tienen lugar muchos años después, cuando la persona logra elaborar lo que vivió, identificar la manipulación y el abuso, y animarse a enfrentar a sus agresores y la revictimización a la que los somete el sistema. En septiembre de 2021, Candela fue designado como juez de cámara en la Capital Federal por un decreto de Alberto Fernández.

Lucas es uno de muchos. Vivió su infancia abandonado a su propia suerte, con una mamá con serios problemas de adicciones, sin amparo y sin recursos para preservarse de los monstruos que asechaban detrás de una pantalla de computadora en un ciber de Mataderos. En una Argentina donde dos de cada tres niños y niñas están en situación de pobreza, la exposición de nuestra niñez es extrema. Niñxs expuestos a las peores agresiones, a la cosificación deshumanizante del abuso, y que se convierten en fuente de alta rentabilidad para el negocio de la pornografía y la explotación sexual infantil.

Según el Ministerio de Justicia de la Nación solo entre octubre de 2020 y septiembre de 2021 se registraron 3.219 niñas, niños o adolescentes víctimas de violencia sexual. El mayor porcentaje entre 12 y 17 años. Esas cifras provienen de un registro muy deficitario, porque las denuncias son la excepción en una sociedad educada en la naturalización de las violencias y las relaciones de poder. La extensión del abuso sobre niñxs es uno de los indicadores más palmarios del grado de descomposición social al que ha llegado el capitalismo, donde el goce está asociado a ejercer poder y explotar la vulnerabilidad de quienes no tienen ninguna herramienta para defenderse. No son casos aislados, este régimen basado en la explotación social y la degradación de las mayorías populares es una gran fábrica de monstruos.

El poder que le confieren los gobiernos a los reaccionarios grupos antiderechos y las iglesias en distintos niveles de intervención del Estado es parte de este entramado. Se ampara y protege a los curas abusadores, y se refuerza la intervención clerical que predica la defensa de un modelo familiar donde el delito es denunciar las violencias y la virtud es someterse a la autoridad del más fuerte y tolerar las agresiones y humillaciones. Esta es la ideología oficial más extendida en las escuelas, los hospitales y los barrios de nuestro país.

La historia de Lucas retrata la impunidad con la que operan los pedófilos y las redes de trata, que como en este caso, suelen involucrar a distintos sectores del poder y cuentan con cobertura del Estado. El poder político, la Justicia, la policía, son parte. La reciente postulación en Salta a la intendencia de El Bordo de “Chicho” Mazzone -condenado por organizar fiestas donde se abusada a menores- es apenas una nueva “foto” de la impunidad ante la barbarie.

Las redes de explotación sexual de menores y de mujeres de todas las edades son ante todo un gran negocio capitalista, que provee una inyección de liquidez en el circuito financiero muy valorado en tiempos de crisis. Los empresarios del turismo y de diversos rubros se benefician con este veneno para la sociedad. Los banqueros también, y los gobiernos se dedican a dictar leyes de blanqueos de capitales cada dos por tres.

Buenos Aires llegó a ser denunciada como la “meca del turismo sexual infantil”. La captación de menores en boliches de Liniers y Bajo Flores la llegamos a denunciar desde el Plenario de Trabajadoras ante el juez federal Canicoba Corral, sin que se tome una sola medida frente a la manipulación de niñas de 13 años introducidas a un circuito perverso de drogas, degradación y violencia. Son redes mafiosas dedicadas al narcotráfico y la explotación de personas vulnerables, que gozan de protección desde todos los estamentos de poder. Lo vimos también con el caso de Lucía Pérez, que costó numerosas movilizaciones, un paro nacional de mujeres y ¡dos juicios! para desarmar el andamiaje de impunidad que responsabilizaba a Lucía, con sus 16 años de edad, por ser drogada y violada hasta la muerte. Uno de los condenados es hijo de un poderoso escribano en Mar del Plata.

El reguero de denuncias que se conocen en estas horas contra distintos famosos muestra que el poder que da la fama es también impunidad. Como ocurriera con las denuncias en el mundo del rock, donde la condena a Aldana requirió una intensa acción de lucha y movilización.

Estas redes de pedófilos y tratantes cuentan con cobertura y participación del Estado, bajo las narices de los gobiernos de todos los signos políticos. Romper la impunidad y desarticular las redes de trata y pedofilia requiere de nuestra lucha y organización independiente. ¡Que se haga justicia para Lucas y para todxs lxs pibes explotados! Basta de trata, abusos y explotación sexual.

https://www.prensaobrera.com/mujer/sentencia-del-segundo-juicio-por-lucia-perez-fue-femicidio-y-hubo-condenas