A casi tres años del fallo "Arriola" de la Corte Suprema -el cual declara inconstitucional la incriminación de una persona por poseer drogas para consumir en el ámbito privado-, en la Cámara de Diputados comenzó el debate para modificar la ley que penaliza el consumo y la tenencia de estupefacientes. El tratamiento llegó a partir de un acuerdo entre el FpV, la UCR y el FAP. Pese a que hay 8 proyectos distintos presentados al respecto, no se descarta que se llegue a un consenso.

La novedad, sin embargo, pasa por la decisión del gobierno de "sacar el pie del acelerador" -esto con la finalidad de obtener mayores consensos para aprobar el proyecto, que tiene la oposición férrea de Bergoglio y de la Iglesia. Según el diario La Nación, el oficialismo tiene la intención de que sea aprobado "con la mayor cantidad de votos posibles (y con la correspondiente distribución de los costos políticos)". De ahí el faltazo al primer día del debate de Nilda Garré y del titular del Sedronar, Rafael Bielsa.

Las modificaciones

Los aspectos fundamentales que se modificarían serían la supresión de la penalización por tenencia de cualquier estupefaciente para consumo personal -lo mismo por el cultivo- y la reducción de las penas para las llamadas "mulas". Sin embargo, la situación del consumidor de estupefacientes o del adicto no queda claramente resuelta. La diputada Diana Conti señaló que serían tratados bajo el régimen de la Ley de Salud Mental. Pero esta ley desmantela los hospitales públicos en favor de una progresiva privatización. Es decir, que los tratamientos serán onerosos. Victoria Donda, por su parte, propuso la creación de espacios especializados dentro de los hospitales públicos para el tratamiento de adicciones. Ella misma parece ignorar el vaciamiento absoluto del sistema de salud público.

¿Quién combate el narcotráfico?

El tratamiento del proyecto fue presentado con bombos y platillos por el "ala izquierda" del kirchnerismo, en un cuadro de crisis para el gobierno de "la sintonía fina". El argumento principal -y el único cierto- para reformar la Ley tiene que ver con que, actualmente, el peso del aparato represivo cae sobre el eslabón más débil de la cadena: los consumidores y los adictos. El 70% de las causas por estupefacientes son por consumo personal; el 25%, por tenencia simple y sólo el 5%, por "comercialización" (lo que incluye, por supuesto, el menudeo).

Para el binnerismo, la Ley permitiría "combatir a los verdaderos narcos". Pero el gobierno favoreció los grandes negociados financieros e inmobiliarios de los cuales se valen muchas veces los carteles para blanquear su dinero. La ley Antiterrorista fue impulsada por el gobierno bajo la presión del GAFI, el cual sospecha que abundantes fondos provienen de lugares non sanctos. El gobierno mantuvo intacta a la Federal y a la Bonaerense -ambas ampliamente vinculadas con el narcotráfico. La modificación de la ley, en este cuadro, aparece como una cortina de humo.

La libertad individual

El proyecto, que vendría a ser, para sus autores, una suerte de piedra refundacional de las libertades democráticas, es impulsado por fuerzas políticas que votaron la Ley Antiterrorista. Asimismo, este es el gobierno del Proyecto X.

El llamado "movimiento" por la despenalización se monta sobre una corriente internacional de orden más general -impulsada por magnates como George Soros y por The Economist-, en favor de legalizar el comercio de drogas y de "blanquear" el dinero del narcotráfico en la economía capitalista en crisis.

De la mano de este proceso, se fueron desarrollando diversos lobbies: las ediciones de revistas o de diarios dedicados íntegramente al tema del consumo de marihuana y el crecimiento de locales que venden elementos para el consumo y el cultivo revelan que se está engendrando un importante negocio capitalista en torno de la legalización de las drogas. Un derechista reconocido como Mauricio Macri "instruyó a sus diputados a no oponerse a la despenalización" (Ámbito Financiero, 5/6).

De cualquier manera, una eventual legalización tampoco implica el fin del narcotráfico. ¿Acaso no existe un abultado negocio en el contrabando de cigarrillos y de tantas otras mercancías? En Holanda -donde el comercio de marihuana es legal-, el tráfico de heroína y de cocaína es escandaloso. El próximo paso será la legalización de las drogas duras.

La presentación del proyecto como un avance en materia de libertades individuales es una estafa. El consumo de drogas resulta de una coacción, no de la libertad. Cuando la juventud desocupada en los barrios, sin perspectivas, se fuma un "porro", no lo hace en forma "recreacional", sino como parte de una descomposición personal impuesta por el régimen social. Al mismo tiempo, el gobierno vacía los hospitales y la salud pública -que deberían servir para hacer frente a esta situación de forma organizada- en favor del pago de la deuda externa a los grandes capitalistas. Soslayar esta crítica y reivindicar "la libertad individual" coloca a toda una parte de la izquierda en una posición contrarrevolucionaria. ¿Qué "libertad individual" tienen los oprimidos bajo la explotación del capitalismo?

Los socialistas del Partido Obrero enfrentamos en forma cotidiana y sin tregua los atropellos del Estado contra las clases populares. Reclamamos el desmantelamiento del aparato represivo por sus vínculos estrechos con el narcotráfico -entre otras tantas razones- y rechazamos cualquier penalización de la juventud o los trabajadores que, producto de la miseria y descomposición de este régimen social, consumen estupefacientes para atenuar su realidad. No solamente nos oponemos a cualquier "legalización" de los estupefacientes, lo que opera como un mecanismo para reforzar la opresión capitalista sobre los explotados, sino que sostenemos que la lucha contra el embrutecimiento de las masas, por medio de las drogas, debe ser primordialmente una tarea del movimiento obrero, en sus propias filas, en la línea con la tradición socialista de los primeros años contra el alcoholismo y contra el tabaquismo. A partir de aquí, el propio movimiento obrero organizaría la lucha contra la penetración del narcotráfico en los barrios. Enemigos del "opio de los pueblos", los socialistas ligamos la lucha contra el embrutecimiento de los trabajadores con el método de la revolución social.