“Vamos a terminar con el negocio inmobiliario del macrismo”, dice Leandro Santoro, candidato a jefe de gobierno porteño por Unión por la Patria, y propone en un folleto de campaña electoral la “derogación del Código de Planeamiento Urbano” (refiriéndose al Código Urbanístico sancionado en 2018). Por su parte el legislador del PRO y presidente de la Comisión de Planeamiento Urbano, Daniel Del Sol, declaró: “Coincido con Jorge Macri sobre revisar el Código Urbanístico” (Noticias Urbanas, 31/7).

Pareciera que los aspirantes a gobernar la Ciudad de Buenos Aires quieren revisar y/o derogar el Código que ellos mismos aprobaron y que no hicieron nada contra su implementación desde que fuera sancionado, cuando la “mayoría automática” de Larreta (capitaneada por el mismísimo diputado Del Sol, ahora convertido en “revisor”) la votó a pesar de la abrumadora oposición de la población expresada en una audiencia pública donde participaron más de 400 vecinos y referentes de asambleas barriales, organizaciones de la sociedad civil, entidades profesionales e investigadores.

Pero ninguno dice concretamente qué es lo que realmente revisará o derogará. El objetivo es lograr los votos de aquellos descontentos que ven reflejada en esa consigna una necesidad.

“Espacios verdes de verdad” promete Santoro, sin reconocer que los verdaderos iniciadores de la eliminación de la posibilidad de tener esos espacios verdes son sus propios compañeros del entonces Frente para la Victoria (Aníbal Ibarra, Gabriela Cerruti y Juan Cabandié), cuando en 2012 presentaron en la Legislatura porteña el proyecto de ley para urbanizar las playas ferroviarias de Caballito, Palermo y Liniers (74 hectáreas en total) y que, mediante un acuerdo con el PRO, lograron la Ley N° 4477 que así lo determina. El propio ministro de Economía de entonces, Axel Kicillof, recorrió los despachos para presionar a los legisladores de su espacio político.

Tampoco admite Santoro que con el mismo método lograron la urbanización del playón de Estación Buenos Aires en Pompeya (gerenciado y construido por Irsa). Además, Cristina Fernández de Kirchner propició la privatización de otras 12 hectáreas en Isla Demarchi para crear un polo audiovisual y un hotel 7 estrellas, provocando la oposición de los gremios vinculados a astilleros, puertos y dragado que se manifestaron masivamente desde la Aduana al área industrial en cuestión, donde realizaron un enorme acto.

A su vez, la entonces mandataria nacional creó la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), institución que habilita a cualquier gobierno la venta de tierras nacionales en cualquier lugar del país por decreto del Poder Ejecutivo Nacional (DNU 1382/12, luego ley). O sea que Santoro, el abanderado de los “espacios verdes de verdad” representa al partido político que aportó la normativa para hacer posible la desaparición de los espacios verdes en las últimas tierras libres del Área Metropolitana Buenos Aires: las ferroviarias y militares desactivadas.

En el mismo sentido, la Administración de Infraestructuras Ferroviarias S.E. (Adife) está impulsando sobre la traza del Ferrocarril Sarmiento en los barrios de Flores y Floresta la construcción y concesión a empresas privadas de galerías comerciales sobre 5.900 m² de terrenos ferroviarios.

Por su parte, Jorge Macri dice: “Peligran los barrios residenciales”. Probablemente el candidato a Jefe de Gobierno pensará que Palermo Chico (Barrio Parque) no está lo suficientemente resguardado (se quiso edificar una torre en el centro del barrio) y propondrá medidas acorde para ese barrio, dado que los demás ya perdieron su fisonomía.

Pero hay otro tema que une a ambos “equipos de trabajo”: el blanqueo de capitales dedicado exclusivamente a la construcción. Sin esta herramienta originada en un proyecto del Poder Ejecutivo Nacional afín a Santoro, convertido en Ley N° 27.613 (2021 y prórroga 2022), no hubiera sido posible la aplicación masiva del nuevo Código Urbanístico en la Ciudad de Buenos Aires ni convertir la mayoría de las ciudades del país en objeto de la especulación inmobiliaria.

Concluyendo, las fuerzas políticas aparentemente opuestas tienen responsabilidades comunes:

– Usan la existencia de un organismo inconstitucional como la AABE para destinar la tierra pública al negocio inmobiliario, eliminando así la última posibilidad de ampliación de los espacios verdes públicos, a partir de constituir con las tierras del Estado Nacional un Sistema Metropolitano de Grandes Parques en el AMBA.

– Ninguno cuestiona la existencia de varios ítems del Código Urbanístico que condicionan los porcentajes de ocupación de las tierras pertenecientes al ferrocarril, militares desactivadas o nacionales de otros orígenes.

– Ni la utilización de los bajo viaductos ferroviarios para usos comerciales. Los negocios de la AABE macrista son continuados por la AABE “nacional y popular”.

– Acuerdan en el blanqueo de dinero espurio para dedicarlo a la construcción, concretando así las posibilidades que les dio el Código Urbanístico de 2018 y convirtiendo a la Ciudad de Buenos Aires en un privilegiado campo de especulación inmobiliaria.

En la vereda opuesta se ubicó el Frente de Izquierda, que en 2019 por intermedio de la diputada nacional Romina Del Plá, junto a la Coordinadora en Defensa de las Tierras y el Patrimonio Públicas, presentó un proyecto de ley por la derogación del DNU N° 1382/12 y su decreto reglamentario N° 2670/15.

En el mismo sentido, en 2021 cuatro legisladores del FIT-U “levantaron” los cinco proyectos de ley presentados ante la Legislatura porteña por la red tierras ferroviarias verdes que proponían la derogación de las leyes de urbanización de playas ferroviarias y su conversión en espacios verdes públicos, así como también la no comercialización de los bajo viaductos ferroviarios.

En conclusión, es la izquierda la que enfrenta la entrega de las tierras públicas, y en esta elección incluye en su programa los siguientes puntos:

Derogación del DNU N° 1382/12 de creación de la AABE y sus facultades inconstitucionales.

Derogación de la ley de blanqueo que favorece la inversión de capitales no declarados a la construcción y especulación inmobiliaria.

El 100% de la superficie de tierras públicas debe ser de “uso y utilidad pública”.

Por un código urbano-ambiental elaborado y controlado por los trabajadores y vecinos de CABA, organizaciones civiles de la comunidad y las instituciones científicas.

Contra los emprendimientos inmobiliarios en Costanera Sur y Costanera Norte. Protección de las reservas ecológicas y humedales

Derogación de las leyes de urbanización de playas ferroviarias. Modificación del Código Urbanístico para la conversión de esas áreas en espacios verdes públicos.

Modificación del Código Urbanístico para la preservación de los bajo viaductos ferroviarios para uso público, social, cultural y recreativo

Este 13 de agosto, demos fuerza a estos reclamos con el voto a Vanina Biasi como jefa de gobierno y Celeste Fierro como legisladora, del Frente de Izquierda Unidad.

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