En un giro reciente en el caso que involucra al sacerdote Carlos Eduardo José, quien ha sido condenado por abuso sexual, el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°2 ha declarado estado de rebeldía tras su incomparecencia en la fecha designada para la pronunciación de la sentencia. Por este motivo es que las autoridades han emitido una orden de captura a nivel nacional e internacional.

Carlos Eduardo José estuvo a cargo de la parroquia San José Obrero, en la localidad de Caseros, desde 1994 hasta 2002. Entre sus responsabilidades se encontraban la celebración de las misas y la coordinación de los grupos de catecismo que complementaban la educación católica de la institución escolar del mismo nombre. En 2002 fue trasladado a la parroquia De la Merced, sede principal del obispado de San Martín.

Las víctimas, en un primer intento, buscaron abordar la denuncia a través de las vías eclesiásticas: en el año 2009 presentaron una denuncia ante la diócesis de San Martín. El obispado optó por eludir las instancias penales pertinentes y aplicó en su lugar el “derecho canónico” , dando inicio de esta manera a un operativo de encubrimiento.

Eduardo González, el vicario general del obispado, optó a su vez por seguir reproduciendo la  tendencia a criminalizar a las víctimas de abuso. En una reunión con las víctimas, González les aconsejó que “no divulgaran el asunto”, ya que la gente podría juzgarlas negativamente. Les sugirió, como alternativa, confiarse a la gracia divina. Ante la inminente posibilidad de que las víctimas hicieran público el caso, el obispado tomó la decisión de aplicar una “cautelar” al acusado. Esta medida tenía como objetivo ocultar a Carlos Eduardo José y a otros sacerdotes para que “reflexionaran” sobre lo sucedido.

Desilusionadas por la respuesta institucional, las víctimas decidieron llevar el caso al ámbito penal, y la causa fue llevada ante el tribunal de San Martín, que dictó la prisión preventiva del acusado en el 2017 tras un intento de fuga. Luego de haber pasado tres años en prisión, el sacerdote recuperó su libertad en marzo de 2021 a raíz de un fallo absolutorio que argumentaba que los abusos habían prescripto. Sin embargo, esta sentencia fue apelada por los abogados de las denunciantes y, debido a esto, el Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires revocó parcialmente la absolución previa, lo que reabrió el caso y devolvió el proceso al tribunal de primera instancia en San Martín.

Es cotidiana la problemática a la que se enfrentan las víctimas en la justicia: procesos extremadamente largos, revictimizantes, fallos contrarios a las pruebas otorgadas y, en este caso, se suma que el acusado, gozando de plena libertad, se fuga sin inconvenientes. Todo esto desnuda que existe una fuerte complicidad estatal.

La Iglesia, como buena institución oscurantista, encubre a los abusadores: desde un principio intentaron desestimar las denuncias y luego le otorgaron la dispensa al sacerdote con el único fin de despegarse, en ningún momento aportaron herramientas para el juicio y castigo. En tanto, es sumamente importante que se investigue que la Iglesia no esté encubriendo al cura prófugo, a sabiendas de que le ha dado asilo a decenas de curas pederastas cambiándolos de jurisdicción o mudándolos de país, como ha sucedido con el caso Provolo.

Desde el Plenario de Trabajadoras – Partido Obrero, exigimos que el Estado se haga responsable de la aparición del abusador Carlos José, así como el juicio y castigo a tales aberraciones cometidas por el cura. Separación de la Iglesia del Estado, que conviven en estado de encubrimiento. Educación Sexual Integral científica y laica para prevenir y denunciar estas situaciones.

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