Mientras la inflación en alimentos del primer trimestre del año escaló un 28,22%, los ingresos populares quedaron completamente rezagados por la acción de las patronales, el gobierno y la burocracia sindical, volviendo cada vez más ardua la tarea de "llenar la olla" para las familias trabajadoras.

Cabe destacar que la inflación en alimentos fue mayor en las regiones del país más empobrecidas. En lo que va del año, la misma trepó al 39,69% en el noreste y del 38,58% en el noroeste, casi 20 puntos por encima del índice general.

Ahora bien, en el mismo período, las jubilaciones apenas aumentaron un 17,04%, al igual que las asignaciones familiares, las cuales también se rigen por el cálculo de movilidad previsional. Tamaña pérdida es consecuencia de la fórmula jubilatoria sancionada por el Frente de Todos, que desindexa los haberes del índice de inflación.

Por su parte, el salario mínimo no tuvo ningún incremento en los primeros tres meses del año y subió 15,6% recién en abril. Este cronograma de aumentos ruinoso, que también afecta al Potenciar Trabajo, es fijado por el gobierno, las cámaras empresarias y las direcciones burocráticas de las centrales obreras.

A su vez, los docentes, entre diciembre y marzo, recibieron apenas un aumento del 17,5%, gracias a la paritaria de pobreza sellada por el gobierno y CTERA. Finalmente, ajustar en los salarios de los empleados públicos, en jubilaciones, en planes sociales y asignaciones familiares forma parte de las exigencias del FMI en función de arribar a las metas fiscales, lo cual está en el centro de las prioridades del oficialismo. Así, no hace más que agravar la indigencia y el hambre entre los sectores más vulnerables.

Por otro lado, la inflación en alimentos también arrasó con los salarios del sector privado, fruto de las paritarias a la baja firmadas por las burocracias sindicales a espaldas de las bases. En el primer trimestre del año, los trabajadores de transporte solo recibieron un aumento del 10% en enero y 10% en marzo; los ferroviarios del 25%; los empleados de comercio del 22,9%. En ese período, el salario de los trabajadores rurales solo aumentó un 15%. Por mencionar algunos ejemplos.

Estos acuerdos salariales se inscriben en la pauta del 60% anual promovida por Massa, cuando la inflación proyectada para todo el 2023 oscila el 100%. Como vemos, el gobierno que asumió prometiendo la "heladera llena" se encargó de acentuar la brecha entre los ingresos de la población trabajadora y lo que cuesta comprar comida. Finalmente, los infructuosos controles estatales de los precios funcionaron como cobertura de esta política de ataque al bolsillo popular en beneficio de los empresarios.

La encerrona que esto significa para los trabajadores es brutal, porque los aumentos siderales abarcan a toda clase de alimentos y deben afrontarlos con salarios derruidos. Por ejemplo, quienes redujeron el consumo de carne roja debido a su encarecimiento y comenzaron a reemplazarla con otras carnes, se encontraron en marzo con un aumento del 26,7% en el pollo y del 10,6% en el filet de merluza. Asimismo, la disparada mensual del 58,5% en la lechuga y del 37,3% en el tomate demuestra que hasta hacer una ensalada dejó de ser una opción económica.

Que el pueblo se vea empujado a hacer malabares para resolver la alimentación diaria habla del fracaso rotundo de los políticos capitalistas que nos vienen gobernando. Hay que echarlos a todos y poner en pie una alternativa de la izquierda y los trabajadores que ponga fin a tantas privaciones. En el camino, es necesario organizarse por trabajo genuino, sueldos iniciales equivalentes a la canasta familiar y aumentos salariales indexados a la inflación, en pos de recomponer el poder adquisitivo de las mayorías.

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