La crisis habitacional envuelve a capas enteras de la población trabajadora. Una realidad que afecta a millones de hogares, cuyas causas debemos buscarlas en el deterioro salarial, la especulación inmobiliaria, el encarecimiento de los materiales de construcción y la desidia estatal a la hora de garantizar el acceso a los servicios básicos.

El informe del Indec sobre indicadores de las condiciones de vida en los hogares de los conglomerados urbanos, correspondiente al primer semestre 2022, arroja que el 19,1% de la población vive en estado de hacinamiento y el 4,2% padece hacinamiento crítico. A su vez, el 12,6% de las viviendas están construidas con una calidad de materiales parcialmente insuficiente y en el 6,5% la calidad de los materiales es totalmente insuficiente.

Lo anterior no debe sorprendernos teniendo en cuenta que la inflación interanual de septiembre en el caso de los materiales de la construcción trepó al 82%, mientras caen los ingresos de las mayorías. A su turno, los programas oficiales de crédito destinados a refacciones son acotados, ofrecen montos irrisorios y contienen requisitos excluyentes, como contar con un empleo registrado.

Por otra parte, el 5,3% de los hogares (donde vive el 6,5% de las personas) se encuentra cerca de basurales; a la vez el 7,1% de los hogares yace en zonas inundables, lo cual afecta al 8,1% de la población. Sucede que los sucesivos gobiernos favorecen los negociados inmobiliarios que acrecientan en valor del suelo, obligando a los sectores más vulnerables a asentarse en sitios poco aptos para habitar.

Otro aspecto del problema es la falta de acceso a los servicios esenciales. El 43,3% de los hogares (50,2% de las personas) carece de alguno de ellos. El 12,4% de las población no cuenta con agua corriente, el 35,9% no posee gas natural y el 29,8% no tiene desagües cloacales en su casa. Finalmente, quienes gobiernan retacean recursos en materia de urbanización, lo cual se agravará al compás del rumbo fondomonetarista. Sin ir más lejos, el presupuesto devengado en obra pública cayó un 10,6% en los primeros nueve meses del año, en términos interanuales.

El informe mencionado también evidencia que el derecho a la vivienda es una quimera para millones de trabajadores, dado que el 36% de las personas no cuenta con título de propiedad sobre el terreno y la casa donde vive. A mismo tiempo, el valor de los alquileres se vuelve cada vez más inaccesible. Lo cierto es que prima la ausencia de planes de vivienda y la restricción al crédito hipotecario.

Mientras tanto, tanto peronistas como derechistas, allí donde les toca gobernar, no dudan en desalojar a las familias que luchan por tierra para vivir, priorizando la construcción de emprendimientos de lujo, como ocurrió en Guernica o recientemente en el barrio Las Heras de Mar del Plata. En ese sentido, la represión en Villa Mascardi expresa hasta qué punto el gobierno del Frente de Todos, al igual que el macrismo, promueve el desarrollo de la gran propiedad terrateniente, expulsando sin miramientos a las comunidades originarias.

En definitiva, para defender el derecho del pueblo a habitar sus territorios de manera digna es necesario pelear por planes de vivienda y urbanización acorde a las necesidades, gestionados por los vecinos y que empleen mano de obra desocupada bajo convenio. A su vez, es urgente la creación de un banco de tierras fiscales y ociosas para construir allí vivienda popular, y, por otro lado, universalizar el crédito hipotecario, a tasa cero, con cuotas que no superen el 10% del ingreso del hogar. Este plan debe financiarse mediante la aplicación de un impuesto progresivo y permanente a la vivienda ociosa y a los pulpos inmobiliarios y el repudio de la duda usuraria. El mismo es antagónico al programa fondomonetarista en curso.

 

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