El entramado que se esconde detrás del escándalo que generó el ataque al micro que llevaba hacia el Monumental a los jugadores de Boca, incluye tanta podredumbre que ya le resulta imposible al gobierno y a los dirigentes de los clubes y de la Conmebol, evitar la aparición de pruebas de falsedad en la afirmación de que los responsables de la agresión y sus consecuencias son simplemente “los 15 inadaptados que perjudicaron a millones de personas que esperaban ver el partido en paz”.

El chofer del ómnibus dijo con todas las palabras algo que aparece como evidente: “la zona fue liberada” por parte de la policía y las otras fuerzas para que los barras pudieran lanzar las piedras y botellas que rompieron los vidrios y golpearon al propio conductor y a varios de los jugadores.

El periodista Gustavo Grabia, de Infobae, que es especialista en el tema barras, dice que no se tomaron las medidas de seguridad habituales y que esto “no hubiese ocurrido si el servicio policial seguía el protocolo de actuación habitual para este tipo de encuentros”, es decir colocar vallas para que los barras no se pudieran acercar. “El vallado se ubica a 50 metros, algo que esta vez no se hizo”.

La crisis remontó hacia los funcionarios responsables y desnudó las peleas que los enfrentan. Después de muchas horas sin decir media palabra, Rodríguez Larreta –previa charla con Macri– incriminó a la policía de la Ciudad por los “errores que pudo haber habido en el operativo”, quitándole responsabilidad –para evitar una crisis mayor– a Patricia Bullrich, responsable del megaoperativo de seguridad para el G20 de la próxima semana, quien hace una semana se ufanaba de poder controlar sin problemas la seguridad en el clásico.

El columnista de La Nación, Claudio Jacquelin, destaca la gravedad para el gobierno de lo que sucedió en los alrededores del Monumental, ya que “millones de personas en todo el mundo estaban atentas al partido”, que se jugaba días antes de la cumbre. Destapó la cantidad excesiva de horas que tardaron en aparecer funcionarios del gobierno para dar la cara y que esto se debió a las graves peleas internas entre Ciudad y Nación por la responsabilidad de los sucesos, ya que estaban a cargo en la zona fuerzas de la policía de la Ciudad y la Prefectura que depende de Patricia Bullrich.

Informa, asimismo, que el propio Macri habría pedido que “las bochornosas internas se calmaran” por lo inapropiado del momento y que las peleas entre la administración porteña y la nacional en temas de seguridad son permanentes y que alcanzan a temas que van más allá de estos.

Es inexplicable –dice– que pueden haber estado centenares de hinchas de River a metros del ómnibus y por qué “se ve a Prefectura impertérrita durante los incidentes. Trabajo para los investigadores”, añade, mostrando la crisis que se desenvolvía por detrás de los incidentes.

 

En un primer momento, los dirigentes y los pocos funcionarios que dieron la cara intentaron limitar toda la responsabilidad del escándalo a “un grupo de inadaptados”, tratando de que la cadena de responsabilidades se cortara en el anillo más bajo, sin llegar siquiera a las fuerzas de seguridad de la Ciudad y nacionales y, mucho menos, subir hacia las responsabilidades políticas de los funcionarios de seguridad porteña y de la cartera de Patricia Bullrich.

Pero los intereses encontrados, generadores de una crisis que el gobierno trata de morigerar pero que aún no han logrado bloquear, hace que salten a la luz que, en el terreno marginal –pero de una repercusión enorme– del partido por la copa Libertadores, aparezca la descomposición de un gobierno que tiene goteras en distintos lugares del techo.

Rodríguez Larreta también trató de colocar el centro del problema en las barras. Dijo que el ataque estaba vinculado con el allanamiento a la casa del jefe de la barra de River donde se encontraron 300 entradas para el clásico y $10 millones. Pero escondió que el jefe de la barra –Héctor “Caverna” Godoy– no fue detenido pese a que era un delito flagrante y a que, luego, amenazó con hacer lo que luego sucedió. “Caverna” obtuvo la excarcelación en mucho menos tiempo que los detenidos sin prueba durante la jornada del 18 de diciembre contra la reforma previsional.

Además, los funcionarios insisten en que las entradas incautadas eran “para que ingresara la barra y que, como no pudieron hacerlo, organizaron el ataque”. El mismo Grabia y un periodista del diario La Voz del Interior los desmienten. Dicen que entre 150 y 200 barras ya habían ingresado sin entradas, sin que la policía hiciera nada para impedirlo, pese a que las autoridades y hasta la Justicia sabían que habían amenazado a los empleados para que les levantaran los molinetes para dejarlos entrar al estadio.

En realidad, se trata de algo más que las dificultades para el ingreso. Es la reventa de entradas que, si siempre es un importante negocio, en estos dos partidos por la copa Libertadores, alcanza montos millonarios.

Las entradas para el primer partido en la reventa llegaron a cotizarse hasta a $50.000. Es decir que, si los valores se mantienen –y es de suponer que es así– esas 300 entradas –y no hay por qué descartar que hubiera más en manos de los barras– pueden suponer $15 millones; bastante como para repartir entre “Caverna” y varios comisarios.

El periodista de La Voz añade que, “más allá de los pases de factura por la contingencia que se materializaron en la noche del sábado entre los ministerios de Seguridad de ambas jurisdicciones (Ciudad y nacional)” estaría también “el conflicto policial” con sectores de la antigua Federal que no quieren estar en la policía de la Ciudad.

Lo cierto es que este desmadre ha liquidado lo que quedaba de futbolístico en el clásico y ha mostrado hasta qué punto, aún en este hecho, se trasluce la podredumbre de un gobierno y un sistema para el cual el fútbol importa poco como deporte. Es un gran negocio capitalista y de carrerismo y utilización política.