El deceso de dos niñas y decenas de heridos, jóvenes estudiantes y maestros en viaje de fin de curso de la escuela primera número 41 de Benavidez, tal vez se podrían haber evitado si se hubiesen cumplido y controlado las leyes laborales y las condiciones de seguridad del vehículo.

Alberto Maldonado, chofer de la unidad siniestrada, no contaba con las horas de descanso obligatorio. Habría descansado apenas seis horas, cuando la reglamentación establece un mínimo de 12. Así está expresado en los convenios de UTA. Una fuente de la secretaría de gremiales de este sindicato le dijo a Clarín (1/12) que “dentro de la temporada, los empresarios, para aumentar sus rentabilidades, obligan a los trabajadores a no respetar sus horas de descanso. El conductor debería decirlo, sí, pero ponés tu fuente de trabajo en juego”.

Lo que no dice este referente del sindicato es que si los trabajadores son vulnerables frente a la voracidad de las empresas es porque la UTA es cómplice de ellas. A tal punto que introdujo una trampa en ambos convenios, habilitando a vulnerar las 12 horas de descanso si se pagan las horas al 100 por ciento.

Y con los convenios a la baja firmados por la burocracia, los salarios no alcanzan. Por esa razón, los choferes se ven compelidos a trabajar más horas para tener un ingreso imprescindible para cubrir las necesidades más elementales de la familia.

“En lugar de tomar más gente en temporada alta, hacen que trabajen más horas los empleados que tienen” (ídem), denuncia Andrés Kalwill, vicepresidente de la ONG Conduciendo a Conciencia.

A la causa ya se han anexado grabaciones, donde los estudiantes anticipaban por WhatsApp a sus familiares, que observaban al conductor exhausto.

Sus familiares informan que la empresa (Silvicar) avisaba con muy poca anticipación la realización de los servicios. “El viaje sale de un día por el otro”, dijeron los familiares.

El mismo día de este terrible vuelco en la ruta que conduce a la costa atlántica, Christian González Wang, titular de la compañía de turismo, buscando desligarse de responsabilidades, afirmó que, tanto la firma como sus empleados se encuentran con la documentación y permisos al día. Pero hasta ahora no han dado respuesta alguna respecto del no cumplimiento de las horas de descanso, y sobre las denuncias de los sobrevivientes por el mal estado de los elementos de seguridad (cinturones flojos y rotos).

El cuadro armado para darle la mayor de las impunidades a las patronales –y a sus socios sindicales- también  se pone de manifiesto en el proceso que determina las eventuales sanciones por la tragedia. “El fiscal a cargo del caso, Jonatan Robert” aclaró que “el punto del descanso no forma parte de la causa penal (¡!) y que deberá investigarlo el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires”, es decir la autoridad que no controla y que avala todas las irregularidades que se cometen.

Falta de fiscalización

Se acerca la época estival y terminales como Retiro, Liniers, Córdoba y Mar del Plata, entre otras, se nutren de pasajeros y micros. Innumerables son las denuncias por la falta de controles por parte de la Cámara Nacional Reguladora del Transporte (CNRT), ente estatal copado desde hace décadas por las grandes patronales, integrantes de la Cámara Argentina del Transporte.

En el caso del coche que transportaba a los egresados a San Clemente del Tuyú, en ningún momento efectuaron el control de “fiscalización” que, según informa la CNRT, no es obligatorio. Inspección que consiste, nada más y menos, que en el control del estado del vehículo, las habilitaciones, el control de alcoholemia y de la libreta de trabajo, una planilla donde se consignan las salidas y llegadas de cada chofer, o sea su carga laboral. También, su ritmo de descanso.

En su primera declaración, Maldonado habla de una “falla mecánica” y asegura haberse quedado sin caja de dirección, sumado a la explosión de un neumático.

Los micros de dos pisos

Los micros de dos pisos llegaron a la Argentina en la década de los 90, mientras eran prohibidos en gran parte del mundo, al ser considerados inseguros. “En las rutas son inestables. Circulando a más de 90 kilómetros por hora, con vientos laterales y en curva, terminan siendo inseguros. Se trata de un principio de lógica, ya que tienen la misma trocha que un micro normal, pero con el doble de altura”, informa Alejandro González, especialista en seguridad vial (Clarín, 28/11).

Sucede que nuevamente están antes los negocios y las grandes ganancias patronales que la protección al viajar. Recordemos que los usuarios de los micros de larga distancia somos las familias trabajadoras. Un colectivo de dos plantas puede trasladar 70 pasajeros, mientras que los de un solo piso, llevan un máximo de 40 y por eso los descartan, pese a ser más seguros y tener mayor estabilidad.

Programa

Las condiciones de inseguridad en el transporte plantean la necesidad de una serie de medidas de resguardo para pasajeros y choferes.

Exigimos comisiones de seguridad e higiene bajo control de los trabajadores.

Puesta en marcha de un equipo formado por especialistas viales, trabajadores del autotransporte y del Instituto Nacional de Tecnología Industrial que definan sobre la seguridad de los micros de dos pisos, y las condiciones de todas las rutas, autopistas y autovías del país.

Abajo los negociados de las concesionarias viales. Por la apertura de los libros bajo control obrero. Que demuestren adónde fueron a parar los millones de pesos de peajes y subsidios obsequiados por el Estado.

Nacionalización bajo control de sus trabajadores del estado y mantenimiento de todas las rutas.

No al pago de la deuda usuraria, ilegitima y fraudulenta. Utilicemos esos miles de millones de dólares para un verdadero plan de obras de infraestructura vial.

Por un congreso de delegados de base del transporte que ponga en debate las condiciones laborales y salariales ya, antes de la gran ola de vacaciones de verano.

Exigimos justicia por el crimen de Lezama. Un accidente sucede cuando es algo fortuito, aquí existió la mano culpable de la empresa y el Estado.

Alertamos, en tal sentido, contra cualquier tentativa de usar al chofer como chivo expiatorio de dichas responsabilidades.