Este lunes, el papa Bergoglio tuvo una reunión con Arturo Larrabure, hijo del coronel Argentino del Valle Larrabure quien fue asesinado por el ERP y Aníbal Guevara, cuyo padre -el militar Aníbal Alberto Guevara Molina, permanece detenido por crímenes de lesa humanidad en la última dictadura. Se reunieron bajo el pedido de beatificación del genocida Larrabure y el reclamo por salidas transitorias de Molina, quien tiene dos condenas perpetuas por genocidio.

“El Papa dio un paso muy importante para visualizar la existencia de víctimas del terrorismo”, señalaron, y le sugirió al pontífice convocar “a un diálogo de reconciliación que nos permita extirpar las lógicas de violencia y asumir toda la verdad”. Desde su asunción hace casi una década, la política de Bergoglio está orientada a reforzar el pacto de reconciliación con las fuerzas armadas, “a dar vuelta la página” y a garantizar la impunidad para sí y para su institución, y evitar que avancen en las investigaciones sobre la colaboración y la responsabilidad de la Iglesia Católica con la dictadura militar.

La implementación del genocidio por parte del Estado argentino llevado a cabo por las Fuerzas Armadas, que impusieron el 24 de marzo de 1976 el golpe militar, contó con la participación de amplios sectores civiles. La burguesía nacional e internacional y la Iglesia Católica tuvieron un rol protagónico en el plan sistemático de exterminio de militantes y activistas sindicales vinculados con “la subversión”, hasta habilitando fábricas e inmuebles eclesiásticos para garantizar el secuestro, el cautiverio y la tortura.

Aún así, solo ocho sacerdotes fueron procesados por su participación en delitos de lesa humanidad, entre ellos el capellán castrense Christian Von Wernich. En otros casos, la investigación judicial no avanzó en la determinación de responsabilidades penales aunque la participación eclesiástica está documentada, como en el caso de las personas que estuvieron secuestradas en el centro clandestino de detención que funcionó en la isla El Silencio del Tigre, propiedad del Arzobispado. En el 2013, Carlos Lordkipanidse y “Cachito” Fukman junto con otras víctimas, dieron cuenta que la isla del Arzobispado de Buenos Aires funcionó como un centro clandestino para esconder a los secuestrados durante la inspección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En efecto, la Iglesia Católica nunca puso a disposición de las investigaciones judiciales sus archivos durante la última dictadura, y solo “liberó” a presión de los organismos de derechos humanos, algunos pocos archivos desclasificados a su antojo, siempre y cuando lo pidan los familiares directos de las víctimas, mientras mantiene la mayoría bajo llave (Prensa Obrera, 23/3/20).

Bergoglio, en un nuevo intento de impulsar la “teoría de los dos demonios”, promueve estas reuniones y hasta la beatificación de Larrabure como el taparrabos que pretende ser utilizado para disimular el papel orgánico, institucional, que la jerarquía eclesiástica cumplió durante la última dictadura, de la cual no fue cómplice sino parte integrante.

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