En la madrugada de este miércoles 26 en el barrio de Floresta, se produjo un dramático derrumbe en un inquilinato donde vivían 150 personas. Hasta el momento hay dos víctimas fatales y más de 20 heridos. Vecinas afectadas declararon que, viviendo allí desde el 2009, jamás se garantizaron controles ni inspecciones en el edificio. Lo cierto es que tales intervenciones solo se realizan cuando los edificios afectados están en zonas con alta rentabilidad inmobiliaria para el gobierno.

La conducta oficial para con las familias que viven en inquilinatos informales es de represión y desalojo, así sucedió en el edificio de Pavón en San Cristóbal, donde familias que vivían en las mismas condiciones de hacinamiento y precariedad que en Floresta, fueron hostigadas con incendios intencionales y agitando el peligro de derrumbe no para solucionarlo sino para desalojar a pedido del propietario. En la casa Solís de Constitución también se quiso desalojar de manera ilegal a 70 familias a pedido del propietario, lo mismo ocurrió con la Casa Santa Cruz. El peligro de derrumbe solo conmueve a los funcionarios porteños cuando los propietarios que aumentan precios de piezas sin cesar deciden que quieren utilizar los edificios para nuevos negociados. Solo por la organización y la lucha de las familias de Solis y Santa Cruz se frenaron los desalojos defendiendo el derecho a la vivienda.

Frente a lo sucedido, Vanina Biasi, precandidata a Jefa de Gobierno por el Partido Obrero señaló: “ayer mismo denunciamos en la Legislatura porteña cómo el aumento de alquileres carcome a los inquilinos que se encuentran al margen de la Ley de Alquileres. Hoy la tragedia de Floresta demuestra que la precariedad que implican esas condiciones también se pagan con la vida. La comunidad educativa de la primaria 1 del distrito 11 tiene que despedir a una alumna de séptimo grado”.

La responsabilidad del Estado porteño por lo ocurrido en Floresta es completa. Las condiciones de informalidad son fogoneadas por la inaccesibilidad al mercado formal, con requisitos imposibles en especial para quienes no cuentan con trabajos registrados, recibos de sueldo ni garantes a disposición. Las familias que se ven obligadas al alquiler informal deben sortear la restricción para ingresar con sus hijes. A pesar de que los inquilinatos informales son históricos en la ciudad, no se garantiza la seguridad en aquellos espacios ni relocalizaciones en mejores condiciones. No hay prevención para situaciones como la de Floresta porque la política habitacional entiende a la vivienda como reserva de valor para los especuladores, no como un recurso para la vida de quienes laburan informalmente en la ciudad.

La norma es el amedrentamiento y discriminación contra quienes se encuentran en estos inquilinatos. Solo con organización y lucha los vecinos logran revertir los embates de propietarios especuladores que actúan amparados por el gobierno porteño. Necesitamos que las viviendas ociosas se utilicen para descomprimir el hacinamiento en inquilinatos, extender los subsidios habitacionales que solo son reconocidos para quienes se encuentran en la indigencia y que alcancen a quienes se encuentran en la informalidad laboral, controles e inspecciones en edificios que alojan a muchas familias pero no al servicio del desalojo sino al servicio de mejorar las condiciones habitacionales.