La política del gobierno frente al sistema infocomunicacional -basada en el precepto de Oscar Aguad de que “la mejor ley es la que no existe”- sigue su curso. Por un lado, a través del vaciamiento de los medios públicos, una de cuyas expresiones más brutales son los despidos de 354 trabajadores de Télam. Por el otro, con el pasaje del control de algunas corporaciones de medios por parte de la burguesía criolla parasitaria (el fugado Szpolsky, el detenido Cristóbal López) al capital financiero imperialista. 

A la megafusión Telecom-Cablevisión –la más grande de nuestra historia, que entrega el cuádruple play a Clarín y David Martínez, cabeza del fondo Fintech Advisory- y la llamada “Ley Corta” -que compensa a las multinacionales Telefónica y Claro al habilitarles también el negocio de la televisión digital-, se suma ahora la venta de Supercanal, la segunda empresa de televisión por cable, con presencia en 14 provincias, 410 mil usuarios de cable y 83 mil de Internet -propiedad hasta la fecha de Daniel Vila, Alfredo Vila y José Luis Manzano.



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La nueva compañía pasará a estar controlada por la estadounidense CarVal Investors Austral LLP, ligado a la cerealera Cargill. El conglomerado, que desde hace años opera en nuestro país - como otros tantos fondos buitre- comprando bonos de deuda defolteada y empresas en quiebra, es presentado en los medios con el eufemismo de “grupo inversor de proyectos de telecomunicaciones”.



Se trataba de una venta anunciada. En junio había circulado la noticia de que Clarín y Telefónica sellaban un acuerdo con Vila-Manzano por el cual ambos grupos desistían de sus denuncias y el medio centenar de juicios cruzados, en particular un histórico reclamo de Clarín por su participación accionaria en Supercanal (IProfesional, 22/06). Pero ya en febrero nos anoticiábamos de que CarVal había comprado deuda al grupo Vila y Manzano, a partir de la cual había terminado absorbiendo un 18 y 20% de sus acciones (La Gaceta, 23/02). Ahora vino por el resto. 



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El presidente del directorio será Carlos Joost Newbery, titular del fondo ICóndor, conocido por ser sobrino nieto del aviador pero sobre todo por su temprana participación en el negocio de la telefonía celular a través del ingreso de BellSouth, en la privatización de ENTel y en el armado de Movicom y de CTI Móvil. Más recientemente, por vender su compañía de telefonía Trixco al grupo Clarín. 

Como es costumbre en estos casos, los nuevos dueños anuncian más inversiones (del orden de los 400 millones de dólares) y la estabilidad de los 1400 trabajadores en todo el país. Más allá de las promesas, lo cierto es que muchos interpretan la operación como una maniobra clásica de los fondos buitre: levantar compañías en eterna convocatoria para venderlas después a mejor precio. 

El blindaje de la gobernabilidad

No es el fenómeno de la “convergencia” el que motoriza estos cambios en el sistema de medios y telecomunicaciones. Menos, la mentada “libertad de prensa” de la que habla el titular de Medios Públicos y despedidor serial Hernán Lombardi. Por el contrario, todas las novedades en estos dos años de Cambiemos apuntan a una mayor concentración mediática -esto es, a un escenario incompatible con el derecho a la comunicación. 

En este proceso ni siquiera es decisiva la consolidación de medios oficialistas, algo que el gobierno sigue pretendiendo cuando ya se derrumbaron todos sus planes a velocidad de flujos digitales, pero que ha comenzado a resquebrajarse al calor de la crisis –como se advierte en las cada vez más evidentes promociones de las figuras que los medios reinstalan como relevo de Macri (Urtubey, Massa). En todo caso, es el blindaje de la gobernabilidad –en el que están empeñados tanto oficialistas como “opositores”– lo que garantiza este proceso de fusiones y recompras, para que el capital financiero siga colonizando los medios y obtenga beneficios siderales.

La toma de las sedes de Télam en defensa de los puestos de trabajo; la creciente deliberación en las redacciones y oficinas donde se sufre la sobreexplotación y la amenaza de despidos y retiros voluntarios; la intervención de la diputada Romina Del Plá y la Naranja Telefónica –que volvieron a presentar el pedido de impugnación a la megafusión Telecom-Cablevisión, autorizada por el lobista Esteban Greco– marcan el camino para derrotar esta política hostil a los trabajadores y al derecho a la comunicación.