El fin de semana, el papa Jorge Bergoglio recibió en Roma al arzobispo de La Plata, Víctor Manuel Fernández, quien reveló que conversaron sobre “la realidad argentina y mundial”. El encuentro en el Vaticano tuvo lugar nueve días después de la reunión privada de Francisco con el cardenal Mario Poli, a quien antes de recibirlo la “santa sede” envió una auditoría que observó la gestión administrativa en la arquidiócesis de Buenos Aires. Próximo a cumplir 75 años, Poli deberá presentar su renuncia en noviembre como hacen todos los obispos en el mundo, y el Papa tiene la potestad de extenderles las funciones o cambiar de personal; el arzobispo de La Plata es mencionado con insistencia en medios eclesiásticos como uno de los probables sucesores (La Nación, 14/5).

En noviembre de 2021, la Congregación para el Clero –uno de los organismos más relevantes de la curia romana- envió dos secretarios a Buenos Aires para revisar las cuentas de la Iglesia porteña. Según el informe que difundió TN, una de las transacciones que está en la mira es la venta de la llamada Casa del Catequista, un edificio ubicado en Guatemala al 5600, en el barrio de Palermo. Al tratarse de un inmueble valuado en más de 300 mil dólares, el Arzobispado habría estado en la obligación de solicitar una autorización al Vaticano, algo que no ocurrió. La Catedral metropolitana se refirió a la auditoría en un comunicado, aclarando que “la administración arquidiocesana puso a disposición toda la documentación contable, y en ningún caso se detectaron delitos o negociados”.

A la luz de este escándalo, vemos que la auditoría realizada por el Vaticano al episcopado porteño está lejos de una búsqueda de desanudar la corruptela que envuelve a la Iglesia, y cerca de preparar la sucesión de Poli. Más allá de cómo se resuelva, estas maniobras por parte de Bergoglio muestran una tensión en el seno de la propia cúpula eclesiástica.

No es un tema secundario. La iglesia se sirve de la explotación comercial de miles de propiedades, junto a su participación en toda clase de empresas y negocios en el ámbito privado. Embolsa el fruto de fundaciones varias, el cobro de servicios religiosos (bautismos, comuniones, casamientos) así como de aportes particulares, es decir de donaciones y herencias: por ejemplo, en 2013 Ernestina de Lectoure murió sin dejar descendencia y legó el 95% del histórico estadio Luna Park a la Sociedad Salesiana de San Juan Bosco y a Cáritas, representada legalmente por el Arzobispado de Buenos Aires.

Todo esto se suma a que el Estado beneficia a la iglesia con exenciones impositivas sobre esos inmuebles, mientras los servicios relativos al culto están eximidos del IVA, las instituciones religiosas del impuesto a las ganancias, del gravamen al cheque y del ABL en el plano local. Si eso fuera poco, los edificios de la Iglesia Católica también se refaccionan mediante obras públicas que asignan todos los gobiernos.

El otro filón que explota la Iglesia nos remite al tema del principio de esta nota. Nos referimos a su red de colegios privados (sólo en provincia de Buenos Aires se estima que posee unos 2.700) y universidades, incluido el presupuesto educativo que se destina como subsidios a la educación confesional. Precisamente es este uno de los terrenos donde más ejerce el clero su injerencia oscurantista, y en ello es un ejemplo el propio “Tucho” Fernández, encubridor de los abusos que Raúl Sidders perpetró durante 20 años en el colegio San Vicente de La Plata, como anteriormente había defendido a Eduardo Lorenzo al punto de intentar establecerlo en un colegio cuando enfrentaba una causa judicial por corrupción de menores. De la mano del financiamiento del Estado a los colegios confesionales existe una ausencia total de control con lo que pasa dentro de los mismos.

Que esta sea la mano derecha de Bergoglio reafirma que en las disputas que hubiera en el seno de la iglesia todos los bandos son reaccionarios.

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