El sábado pasado, al medio día, los vecinos del Barrio Rodrigo Bueno se manifestaron ante el Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC), donde elevaron un petitorio exigiendo que se dé a conocer la lista de los futuros inquilinos que se mudarían a los departamentos que lindan al barrio antiguo. Resulta que el IVC hace una elección discrecional y excluyente de los vecinos del barrio para la adjudicación de las nuevas viviendas, incluso asignando lugares a personas por fuera de los afectados a cambio de desembolsos importantes de dinero.

El Gobierno de la Ciudad y el IVC, lejos de cumplir con sus promesas de relocalizar con prioridad a aquellos vecinos que estuvieran en peores condiciones de vivienda, está lucrando con la venta de los departamentos. Asimismo, el criterio a utilizar para la reubicación de familias (un departamento por grupo familiar) no se está aplicando equitativamente: mientras que familias con mayor poder de compra acceden a un departamento por individuo, otros que solicitaron un departamento han sido rechazados por pertenecer a un grupo familiar, aunque vivan en una casilla construida sobre el domicilio de sus padres o su vivienda conste de un cuarto con baño afuera, como es la realidad de muchos en el barrio.

Vecinos que han trabajado en la obra aseguran que se trataba de 600 departamentos para 1.000 familias. La expectativa era que se relocalizaran las familias que más lo necesitaban y quedarían 400 familias en el barrio antiguo. Ahora, el Instituto de la Vivienda comunica al barrio que se agotaron los departamentos y no se reubicó a la cantidad de familias que se había planteado en un principio, pero los vecinos sostienen que hay departamentos vacíos y lo confirman algunos inquilinos de los propios edificios. Incluso hay dos bloques más alejados de Av. España que se están terminando de construir.

El negocio inmobiliario se rige por la lógica del mercado, donde siempre se excluye al que menos tiene. Para que un vecino acceda a un departamento el IVC cotiza su casa y le cobra la diferencia entre el valor de la casa y el departamento. Asimismo, el IVC solo puede cobrarle una cuota porcentual al sueldo que percibe cada vecino. Por eso, en vez de reubicar vecinos que más lo necesitan, priorizan a aquellos con mayores ingresos. El gran negociado inmobiliario se disfraza de proyecto de urbanización.

Una conquista histórica del barrio

Ya por el año 2012, el kirchnerismo y el macrismo habían consensuado 11 proyectos de urbanización en la ciudad. El principal beneficiario era la empresa Irsa que había propuesto destinar 70 millones de dólares, aproximadamente, como “fondos” para el entonces jefe de Gobierno de la Ciudad, Mauricio Macri.  Entre esos proyectos estaba la construcción de dos megatorres en la zona de la reserva ecológica, para lo cual se planteaba el desalojo del Barrio Rodrigo Bueno.

El barrio llevó adelante una lucha histórica y finalmente se cayó el convenio entre Solares de Santa María, subsidiaria de Irsa y el Gobierno de la Ciudad. En cambio, avanzó el proyecto de urbanización.

Reivindicamos la tradición de lucha de los vecinos que logró torcerle el brazo a Irsa (una de las empresas constructoras más grandes del país) y al Estado, que se negó sistemáticamente a proveer de servicios básicos al barrio por motivos comerciales.

Ahora, el Gobierno de la Ciudad avanza con el negocio inmobiliario, aprovechando la cuarentena que actúa como contención y freno a la organización de los vecinos.

Defendamos el derecho a la vivienda digna

El IVC, con su política divisionista, genera conflictos al interior del barrio, debilitando los reclamos. Debemos rechazar esa maniobra y organizar al conjunto de los vecinos para señalar a los responsables: el Gobierno de la Ciudad y el Instituto de la Vivienda.

Los procesos de urbanización en la zona sur no pueden estar atados al negocio inmobiliario, deben ser planteados  sobre la base de las necesidades de salud y vivienda de los trabajadores precarizados y desocupados.

Que se reconozca explícitamente el derecho de los vecinos a la vivienda propia. Que los trabajadores precarizados y desocupados sean beneficiarios del proceso de urbanización.  Que se realice un desglose del grupo familiar y que este criterio sea aplicado igualitariamente. No bajemos los brazos, la lucha sigue.

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