Los vecinos y vecinas del barrio Unión y Fuerza, ubicado entre el Arroyo Mujica y las vías del tren (ramal Temperley-Haedo), en la delegación lomense de Santa Catalina, vienen librando una dura pelea contra el municipio de Lomas de Zamora que intenta imponer una reubicación forzosa de familias instaladas hace más de una década en la zona.

Los trabajos de los funcionarios municipales comenzaron hace unos dos meses, cuando se hicieron presentes en el barrio declarando su intención de proceder a una “reubicación” de todos los vecinos en unos terrenos baldíos, sin servicio algunos, bajo la amenaza de un supuesto inminente desalojo.

Los vecinos no tardaron en responder y se organizaron para enfrentar esta política despiadada, poniendo en pie una asamblea y votando delegados. Lo mismo que informándose respecto a los derechos y garantías que les asisten.

Resulta que el barrio entero se encuentra inscripto en el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap), lo que impide que el Ejecutivo municipal de Martín Insaurralde proceda a un desalojo.

A esto se debe que los funcionarios de la mitad de las carteras y secretarías de la municipalidad se hayan abocado decididamente a sus propósitos, sobre la base de difundir mentiras y manipular la voluntad de las familias, con una combinación de promesas a viva voz y la amenaza de perderlo todo: la zanahoria y el garrote.

Sin embargo, la mayor parte de los vecinos ha rechazado este intento. Es que ellos han constituido sus casas, las cuales habitan desde hace años en el lugar y a las cuales el municipio les niega todo derecho, infraestructura y servicios esenciales.

Esto vale también respecto al mejoramiento de las condiciones de habitabilidad, las cuales están a cargo del municipio y de los organismos nacionales que actúan como autoridad de aplicación de la ley 27.453, que plantea la integración socio-urbana de los barrios populares.

Un campamento de pobreza

Quienes han aceptado, bajo presión, las reubicaciones del municipio han sido “instalados” a unas pocas cuadras de barrio, en un predio lindante con la Unidad Carcelaria de mujeres N° 40. El mismo no cuenta con ningún servicio ni obra de infraestructura.

La Municipalidad se ha encargado solo de montar unos cubos de chapa, sin divisiones, instalaciones, ni cimientos, los cuales representan un peligro para quienes los habitan. No hay instalaciones sanitarias y los vecinos deben ser trasladados frecuentemente a distintas instituciones para asearse. Se trata de terrenos inundables y no urbanizados. Insaurralde ha montado un campo de refugiados propio, donde no existen garantías ni derechos de ningún tipo.

Para lograr esas reubicaciones, el Ejecutivo municipal llegó incluso a ampliar los márgenes del Arroyo Mujica, generando un embudo en el cauce del agua en amenaza a las familias del barrio. Además de meter maquinas de obra todos los días ante las puertas de los vecinos y distintos operativos policiales, incluso llegando a detener a uno de los vecinos.

Los funcionarios de la Municipalidad de Lomas de Zamora intentan presentar estos sucesos como la panacea del derecho a la vivienda. Les debería dar vergüenza: ninguno de ellos aceptaría vivir bajo las condiciones que pretenden reubicar a los vecinos. Tal es así la cosa que se han negado a otorgar cualquier información fehaciente y por escrito que dé cuenta de la barbaridad que están cometiendo: saben bien que su accionar se encuentra por fuera de la ley y de lo reconocido como una vivienda digna.

A dos meses del inicio de este conflicto, reivindicamos la lucha de los vecinos y vecinas por la defensa de sus hogares y exigimos el inmediato cese de la perturbación de sus viviendas, la efectiva aplicación de la ley 27.453 para la urbanización y la mejora sanitaria del barrio y el cumplimientod e todas las garantias y derechos que asisten a las familias del barrio Unión y Fuerza.

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