El pasado jueves 22 de junio, la joven Tiara Cáceres de 17 años murió atropellada por un colectivo en el cruce de Camino de la Ribera y Campoamor, a metros del Puente La Noria y de un destacamento de la Policía Bonaerense, cuando escapaba en moto, junto a su pareja, de un intento de asalto. “Se dirigía a la comisaría, impacta contra el 101 que venía fue de servicio con las luces apagadas. El semáforo tampoco andaba. Mi hija perdió la vida en el acto. La ambulancia nunca llegó al lugar” (Radio Mitre, 26/06) relata Emiliano Arevalo, padre de la víctima.

Siguiendo los protocolos legales, el cuerpo de la adolescente fue llevado a la morgue judicial. Familiares y amigos denunciaron a la Comisaría 10° de Budge, quienes exigieron coimas para agilizar la entrega. “Me hicieron pasar y me pidieron plata. 135, 150, 180 mil pesos. Era para que podamos velar a Tiara el viernes. Nos decían que, si no pagábamos, nos iban a dar el cuerpo el lunes o el martes. Después nos fuimos a la fiscalía y nos dijeron que eso era imposible. Que eso no nos puede pedir esa plata, que eso está mal. No un centavo” (Data Conurbano, 27/06).

La denuncia quedó asentada en la Unidad Federal de Investigaciones (UFI) número 8, a cargo del fiscal Javier Martínez. A la par, Asuntos Internos efectuó querella en la UFI décima, en manos de Patricio Pérsico. A una semana de los sucesos, los oficiales corruptos continúan libres y ejerciendo tareas en la fuerza y delegación policial.

Es la misma comisaría que viene incrementando, desde hace años, su caja negra, con las coimas a los puesteros. Es así como en junio de 2016, integrantes del mismo destacamento fueron detenidos, acusados de abusar y privar de la libertad a una mujer de la feria de La Salada, que se negó a pagarles $5.000 de soborno semanales, para dejarla poner su puesto.

“El jefe policial, de apellido Beckman, fue imputado de supuesta privación de la libertad agravada en concurso con extorsión y abuso sexual agravado por su condición de funcionario público. Mientras que el oficial, cuyo apellido sería Ibarra, quedó imputado de presunta privación coactiva de la libertad agravada y extorsión” (La Nación, 14/06/2016).

Liliana Herrera, se animó a relatar en Crónica HD el traumático acontecimiento. “Eran siete tipos y una mujer, me desnudaron, me golpearon, me orinaron. Me sacaron todas las pertenencias. Sabían dónde estaba mi hija. No me dejaron ni ir al baño. Me descompuse. Viví un infierno. Luego la mujer policía me llevó a otro cuarto, me puso contra la pared y me colocó un arma en la cabeza. Un hombre me preguntó que estaba dispuesta a entregar por mi libertad, se empezó a sacar los pantalones, me tocó y me hizo lo que quiso conmigo”. Relato de brutalidad, abusos y torturas (tanto físicas como psicológicas) que dejan en claro cómo se mantienen las terribles modalidades de la dictadura dentro de la maldita policía de Berni y Kicillof.

Es urgente la desafección, la investigación, el juicio y castigo a los responsables de lo sucedido el pasado 22/06. Comenzando por la cúpula, el comisario de la 10 de Budge. Es necesario desmantelar la corrompida Bonaerense y poner en pie comisiones vecinales de seguridad integradas por habitantes de las barriadas, villas y asentamientos, organizaciones sociales y de derechos humanos, independientes del Estado.

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