En medio del comienzo de la aplicación de la “nueva” Ley de Alquileres las publicaciones de alquileres en el Amba registraron subas del 20,7% en el Amba en octubre, respecto al mes anterior: el doble de la inflación que prevén las consultoras privadas y lejos del bolsillo de los trabajadores, golpeados por el ajuste.

Estos resultados surgen del Relevamiento de Precio de Propiedad y Alquileres elaborado por la Universidad de San Andrés (Udesa) y Mercado Libre, para la región de Área Metropolitana de Buenos Aires, donde se consignan valores de alquiler muy superiores a lo consagrado por la nueva normativa.

Los analistas privados adjudican este nuevo salto en los precios de alquiler debido a la devaluación del peso -superando la barrera de los $1.000 por dólar- y al impacto y cobertura ante el nuevo régimen de alquileres resultante de las modificaciones en el Congreso de la Nación.

Los aumentos promediaron el 21% en CABA y llegaron a picos del 24% en el GBA norte, bajando en el sur (12,5%) y en el oeste (8,2%). Otro relevamiento, del sitio Reporte Inmobiliario, arroja que la cantidad de departamentos de 1 a 4 ambientes usados publicados en alquiler en septiembre asciende a 448 unidades: un 35% menos que agosto y 69% menos que hace un año, cuando llegaban a las 1.457 unidades.

Según datos extraídos del sitio ZonaProp, el precio promedio de un departamento de dos ambientes en CABA se ubicó en los $195.000 en el mes de septiembre: 158% más que un año atrás.

Al tiempo que la crisis habitacional y la caída de los salarios y el poder adquisitivo de la población agravan el acceso a una vivienda, de la mano de la total ausencia de crédito hipotecario accesible y/o programa de acceso universal a la vivienda, siguen multiplicándose los ataques a las familias que acceden a algún tipo de vivienda.

Es lo ocurrido en la mañana de este martes 31 de octubre, cuando unas 110 familias vieron amenazada su continuidad habitacional en la Casa de Santa Cruz, ante un operativo represivo de desalojo convocado a instancias de un juez y el gobierno de la ciudad para expulsar a 500 personas que habitan el inmueble desde hace 20 años, en pos de defender los negocios de los especuladores inmobiliarios.

Las modificaciones a la Ley de Alquileres prevén la continuidad de los contratos a tres años, con aumentos semestrales eran anuales) y según un nuevo índice de actualización. A pesar de que se prohíben las publicaciones de alquileres en dólares, en octubre se registró un aumento de los alquileres en moneda extranjera, particularmente en la zona de CABA.

La disparada de los precios de los alquileres, con renovaciones de contratos y “nuevos” lanzamientos que fijan pautas de aumentos por fuera de toda regulación, o contratos que se evaden de toda normativa, son una muestra de que los inquilinos siguen prisioneros de una política expulsiva promovida por los especuladores inmobiliarios y los políticos capitalistas.

Las familias obreras deben desplazarse desde las ciudades del Amba hacia la periferia, o hacia poblados precarios, villas y asentamientos con problemas y carencias habitacionales y de infraestructura de todo tipo.

La Ley de Alquileres tal como está es insuficiente para superar esta situación, lo que demanda una política integral de recomposición de los salarios e ingresos populares, junto a una política integral de vivienda, con acceso a lotes para construir y viviendas con créditos hipotecarios de acceso universal cuyas cuotas no superen el 25% de los ingresos familiares. Algo que demanda la confiscación de la tierra ociosa y un impuesto a la vivienda ociosa y a los especuladores inmobiliarios.

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