La Argentina es bien conocida como un país con una fuerte procedencia de población inmigrante y es, en Latinoamérica, el principal destino de la población migrante, con más de 2.212.879 de habitantes provenientes del extranjero, según los datos publicados por la ONU en 2019.

Se trata de un 4,97% de la población total del país, con una composición de origen que va desde Paraguay (690.948), Bolivia (426.394), Chile (216.855), Perú (198.744), Italia (155.008), Uruguay (135.076), España (99.769), Venezuela (91.315) y la lista sigue.

La propia Constitución Nacional y los tratados internacionales suscriptos por el Estado argentino consideran a la migración como un derecho. El artículo 20 de la CN establece que “Los extranjeros gozan en el territorio de la Nación de todos los derechos civiles del ciudadano…”. Además de que el mismo preámbulo constitucional ya se dirige a “todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino”.

A la fecha existen cuatro tipos de residencias. La residencia precaria, que dura unos 90 días prorrogables y que se utiliza para gestionar la permanencia en el país; la residencia transitoria, más que nada utilizada para el turismo; la residencia temporaria (de 1 a 3 años), utilizada para tratamientos médicos y otros planes a plazo; y la residencia permanente, para quienes quieran establecerse en el país.

Argentina aparece como uno de los destinos predilectos de los migrantes de Latinoamérica, que arriban con la expectativa de obtener un progreso económico, para garantizar un mejor futuro para sus familias o para enviar algo dinero a sus allegados, ya que debido a la cercanía y las facilidades que otorga el habla hispana implica un lugar más accesible que otros países de la región.

Para otros es también la oportunidad de estudiar una carrera universitaria sin tener que costearse una educación privada inaccesible en sus países, que implicaría hipotecar todos sus recursos y endeudarse para obtener un título habilitante.

Sin embargo, la situación de la población migrante se ha venido agravando durante los últimos años, sobre la base de una orientación criminalizadora que busca descargar en ellos la responsabilidad por los principales déficit del Estado.

En particular, se le achaca a los migrantes el crecimiento de la criminalidad y la delincuencia, y muchas veces se los ha hecho objeto de distintas campañas xenófobas que tratan de justificar el vaciamiento de las arcas y recursos del Estado por la asistencia social, sanitaria y los beneficios educativos que supuestamente gozan los migrantes, aunque esto tampoco sea tan así.

El decreto antimigratorio del macrismo… y Fernández

El 30 de enero del 2017 el gobierno de Mauricio Macri promulgó el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/17, con el cual reformó aspectos esenciales de la Ley de Migraciones 25.871 y la Ley de Ciudadanía 346 que vuelven más gravosa la situación de los migrantes y sus familias en el país.

Esta reforma fue justificada con una manipulación de estadísticas e informes con la intención de responsabilizar a la población migrante de los índices de delito en el país, construyendo un chivo expiatorio sobre la base de argumentos xenófobos e infundados. Misma actitud que muchas veces se reproduce desde el Estado y las clases capitalista para justificar la escasez de recursos y el deterioro de los servicios públicos.

Algunas de las reformas introducidas por el macrismo estipulan:

– La ampliación de los delitos por los cuales las personas extranjeras pueden ser expulsadas del país, pasando de los casos de delitos con penas privativas de la libertad mayores a tres años y con sentencia firme a delitos con penas que van de un mes en adelante y sin necesidad de sentencia firme. Esto incluye algunas contravenciones menores como por venta ambulante o incluso los motivos por los cuales alguien puede ser detenido en una manifestación de cualquier índole.

– Se establece un procedimiento de expulsión sumarísimo (con tiempos más rápidos), donde se eliminan la mayoría de las garantías legales y procesales y se instrumentan las detenciones y la privación de la libertad como política, y no como excepción. Los damnificados solo tienen tres días hábiles para interponer un recurso que impida la expulsión. Este procedimiento rige para delitos leves, graves y para “situaciones irregulares” de migración (ningún delito), incluso contra quienes tengan solo “antecedentes” penales o cualquier auto de procesamiento judicial. Se eliminan las garantías de la defensa en juicio y el debido proceso.

– Se flexibilizan las notificaciones de los procesos de expulsión contra los migrantes, estableciendo que si la persona no es encontrada en su lugar de residencia queda automáticamente notificada después de los dos días por mesa de entrada de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM). Esto implica que la mayoría de los migrantes desconozca su situación procesal y no puedan defenderse.

– Se dificultan las condiciones para acceder a la ciudadanía argentina, exigiendo tener durante dos años residencia temporaria o permanente, y no la sola residencia continua en el país, modificando la Ley de Ciudadanía. A su vez, se reduce el alcance de la residencia precaria de 180 a 90 días, sin que esto genere derecho alguno para el migrante o contabilice para obtener la ciudadanía.

– Se reduce el principio de reunificación familiar, por el cual puede separarse a los padres migrantes de sus hijos nacidos en el país. Previamente se priorizaba la defensa del núcleo familiar y los derechos del niño por sobre la expulsión de las persona migrante. Lo mismo vale para los cónyuges con ciudadanía argentina.

Se trata de una batería de medidas que buscan perseguir a las personas migrantes, privándolas de derechos, recursos y posibilidades, para obtener procesos de expulsión exprés y lanzarlos fuera del país.

Es lo que ha quedado al descubierto con el crecimiento exponencial de las cifras de las expulsiones a partir de la vigencia y aplicación de este decreto antimigratorio, el cual permanece hasta nuestros días, aplicado ahora por la Dirección Nacional de Migraciones de María Florencia Carignano, en la órbita del Ministerio del Interior conducido por el camporista Eduardo “Wado” De Pedro.

Pamela, del Polo Obrero de Córdoba, nos explica que los migrantes no están tranquilos: “Vivimos con miedo, porque por cualquier falla administrativa podemos ser procesados. También tenemos miedo a la protesta en las calles, por reclamos justos y legítimos”.

La DNM se niega a actualizar y publicar oficialmente las cifras reales de los procesos de expulsión de los últimos años. Algunas publicaciones (de medios como Infobae y Perfil) dan a conocer cifras suministradas “extraoficialmente” por la DNM, que dan cuenta de un salto luego de la aplicación del DNU. Según estas, en 2012 hubieron 325 expulsiones; en 2013 fueron 352 expulsiones; en 2014, 340 expulsiones; en 2015, 239 expulsiones; en 2016, 323; 2017, 495; en 2018, 703 expulsiones; y en 2019, 746 expulsiones (hasta el mes de agosto).

Mientras que por otra parte, una filtración de datos por otros medios extraoficiales publicada por el medio Infobae -que son avalados por algunas de las organizaciones de migrantes- hablan de cifras mucho más alarmantes.

En 2014 se habría expulsado a unas 1.760 personas; en 2015, a 1.909; en 2016, con Macri, la cifra saltó a 4.565; en 2017, fueron 4.336; en 2018, pasó 5.110; en 2019, bajó a 4.919 y desde el 1 de enero de 2020 y hasta el 31 de julio de este año los deportados fueron 2.935. Ahora con el levantamiento de la cuarentena y el fin de las prórrogas mensuales a la documentación transitoria de los migrantes es de esperarse que estas cifras sigan creciendo.

El DNU 70/17 es un instrumento de carácter inconstitucional ya que vulnera el principio de inocencia del artículo 18 de la CN y el artículo 20 de la misma, que otorga a los habitantes del país todos los derechos civiles del ciudadano. Es un instrumento dirigido a deshacerse progresivamente de un sector de la sociedad al tiempo que aumenta los mecanismos de exclusión y diferenciación de los mismos.

Ser migrante en pandemia

La pandemia de coronavirus golpeó fuertemente a las economías de las familias trabajadoras, dejando a millones de personas sin trabajo y sin el principal sustento para costearse los alimentos, gastos e insumos sanitarios necesarios.

Las personas migrantes se encuentran entre los sectores más vulnerables de la clase trabajadora, no solo porque muchos de ellos carecen de la documentación necesaria para acceder a la asistencia del Estado, motivo por el cual han sido excluidos de las prestaciones y beneficios otorgados, sino también porque la mayoría se desempeña en actividades laborales impracticables durante la cuarentena.

Un estudio realizado por el colectivo Agenda Migrante 2020 da con algunas claves de esta situación. Sobre la base de 1.266 encuestas y más de tres decenas de entrevistas a referentes migrantes, han determinado que un 70% de los encuestados han visto afectada su fuente de ingreso, mientras un 58% declaró haber dejado de percibir la totalidad de los mismos. Solo un 25% de ellos se encontraba trabajando formalmente antes de la pandemia.

Los migrantes suelen ocupar las tareas más precarizadas y los trabajos más duros, extendiéndose entre ellos los trabajadores de la construcción, las trabajadoras de casas particulares, los vendedores ambulantes y feriantes, changarines, etc. Se trata de actividades completamente bloqueadas durante el periodo de la cuarentena, muchas de las que se realizan en el cuadro de la informalidad, por lo que no han contado con ninguna protección durante el cese forzoso de su actividad.

Es lo que explica Karina, migrante de la Villa 1-11-14, al señalar que muchos migran para tener nuevas oportunidades pero se encuentran con “trabajos en negro, con sueldos muy bajos, vendiendo en ferias barriales, vendiendo en las villas”. Esta cuarentena nos afectó mucho como migrantes, por el tema de que muchos no tenía ni DNI, o tenían el DNI vencido o solo tenían la precaria y no se podía anotar a la ayuda que daba el gobierno, que es el IFE”, agrega señalando los límites de la asistencia del Estado.

El mismo informe revela que más del 80% de los encuestados no pudo acceder al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). Casi la mitad de ellos porque no cumplían con el requisito de más de dos años de residencia en el país, lo que los colocó en una situación de trato infrahumano debido a la negativa a brindar asistencia a una porción de la población que habita el país durante una pandemia mundial. Otros fueron rechazados por impedimentos en la documentación y trámites burocráticos.

La encuesta reveló también que un 79% de los migrantes encuestados no recibe ninguna ayuda ni beneficio social de ningún tipo, por las mismas razones documentales y burocráticas. Esto a pesar de que la Dirección Nacional de Migraciones haya pasado de las manos de los derechistas macristas a los “nacionales y populares” kirchneristas.

La situación documental de los migrantes ha sido otro de los temas que mantiene en vilo a la población extranjera en el país. El gobierno nacional ha venido prorrogando mes a mes las residencias precarias o temporarias, hasta fines del mes de noviembre, lo que ha significado que miles de personas no pudieran regularizar su situación para intentar acceder a algún beneficio o asistencia en la cuarentena.

Los operativos de regularización de la DNM han sido a cuentagotas y se han convocado por fuera del conocimiento de las organizaciones migrantes, tornándolos cuasiclandestinos e ineficientes.

“Supuestamente con el gobierno de Fernández este DNU se tenía que derogar, pero ya a un año de su gobierno no pasa nada”, denuncia Karina.

El movimiento de lucha de los migrantes

La implementación de este decreto antimigratorio originó un salto en la movilización de las organizaciones migrantes para enfrentar esta política.

Doris Quispe, integrante de la campaña Migrar no es Delito y del Partido Obrero, comenta que el 30 de marzo del 2017 se realizó el primer paro migrante, dando inicio a un proceso de reagrupamiento de los distintos sectores migrantes.

El 30 de enero del 2018 nace la campaña Migrar No Es Delito, donde se agrupan las organizaciones políticas con base migrante detrás del rechazo a esta política antimigratoria y a las expulsiones ilegales del Estado.

El 4 de septiembre del 2018 se realizó un segundo paro migrante con concentración en los Tribunales, en Caba, donde las organizaciones presentaron un amparo en la Justicia para reclamar la inconstitucionalidad del Decreto 70/17. El mismo ahora se encuentra a disposición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que aún nos e ha expedido. Luego se marchó hacia el Congreso de la Nación.

En medio de esta lucha se constituyó el Bloque de Trabajadores Migrantes, que nuclea a los migrantes por su actividad laboral; Ni Una Migrante Menos, en tanto movimiento de las mujeres migrantes y se movilizó el 24 marzo reclamando por los migrantes desaparecidos.

El 13 de marzo del 2019 se realizó un tercer Migrantazo, con una caravana que fue de la Dirección Nacional de Migraciones a Plaza de Mayo, para exigir el fin de las políticas de Estado que persiguen y colocan a los migrantes como chivos expiatorios de la crisis, promoviendo la xenofobia en la Argentina. La jornada contó también con concentraciones en La Plata y en Córdoba.

Un hito de este movimiento fue la lucha contra la deportación de Vanessa Gómez Cueva, una migrante peruana con 15 años de residencia en el país, que fue expulsada con uno de sus hijos (de 2 años) obligándola a dejar a otros dos en el país, rompiendo así el núcleo familiar e ignorando la nacionalidad argentina de los tres hijos de Vanessa y el principio de reunificación familiar.

Vanessa pudo regresar al país luego de una intensa campaña que llegó, incluso, al comité de Trabajadores Migratorios de Naciones Unidas celebrado en Ginebra varios meses después.

Asumido el gobierno de Alberto Fernández, este no desperdició oportunidad para declarar en reiteradas ocasiones que derogaría el Decreto 70/17, lo cual está inmediatamente a su alcance por medio de otro DNU.

Esto originó que varias organizaciones que integran el movimiento de migrantes cesaran su movilización y se plegaran a un diálogo con el gobierno, hasta ahora infructuoso. Durante todos estos meses la DNM continuó emitiendo resoluciones de expulsión y sigue notificando a los migrantes, bajo las mismas condiciones del decreto expulsivo. El Registro Nacional de las Personas (Renaper) no emite documentos de los migrantes, lo cual hace más gravosa esta situación.

En un año de mandato, este gobierno no ha dado marcha atrás en la política migratoria del macrismo, ignorando los derechos de los millones de migrantes en el país. No solo esto, sino que a fines del mes de noviembre ha culminado con las prórrogas por la cuarentena y se dispone a poner en marcha la maquinaria expulsiva del Decreto 70/17, lo que ha llevado a que el movimiento migrante vuelva a discutir su situación, planteando una nueva acción general para el próximo 18 de diciembre, como relata Doris.

Conclusión

Lejos de lo que exponen desde el Estado, la población migrante no tiene nada que ver con la delincuencia, ni mucho menos con el crimen organizado. Tampoco con un supuesto desfinanciamiento de los recursos nacionales, los que si se fugan de la mano de otros extranjeros, los bancos, fondos de inversión y tenedores de la deuda externa, en consenso con los distintos gobiernos entreguistas.

Más bien, los migrantes son una fuente invaluable de creación de riqueza social en nuestro país y de impulso de la economía. Quienes también contribuyen al sostenimiento del funcionamiento de la sociedad por medio del pago de los mismos impuestos e imposiciones que paga todo ciudadano argentino.

Se trata de millones de trabajadores y trabajadoras que han llegado a nuestro país bajo las condiciones expulsivas del capitalismo en decadencia en sus países y que buscan probar suerte en una Argentina sometida a las mismas circunstancias, pero con mejores posibilidades que las de su lugar de origen.

El fenómeno de la migración es una expresión de esa descomposición del capitalismo, junto al carácter de clase e internacionalista del movimiento obrero, que no conoce de fronteras pero si de lucha contra las patronales y los Estados.

La lucha de los migrantes en la Argentina es la lucha internacional de los trabajadores por abrirse paso de entre esa descomposición, objetivo solo realizable en la medida de alimentar un movimiento que ha crecido durante los últimos años y de organizarse independientemente de los Estados y sus políticas antiobreras y antimigrantes. .

Reclamamos la derogación inmediata del DNU 70/17, de la mano de un plan de regularización e integración del conjunto de los migrantes que habitan el país, sin impedimentos y bloqueos administrativos de ningún tipo. Migrar no es delito. Migrar es un derecho.

https://prensaobrera.com/politicas/la-misma-politica-antimigratoria-de-macri-y-fernandez/