En la presentación de El Dueño, el anterior libro de Luis Majul, Víctor Hugo Morales había acusado a su autor de no hacer investigación y perseguir sólo ganancias. El contraataque es el capítulo de la última publicación de Majul, que traza la biografía de “El converso”, o sea, el velocísimo proceso de mutación de Morales alimentado por los fondos del Estado.

Hace poco, Eduardo Aliverti le preguntaba a Jorge Lanata si estaba “nerviosho” para recusarlo por su intervención en TN, donde se había colocado del lado de la “Corpo”; Lanata le retrucó con -entre otras cosas- su dependencia económica del Banco Credicoop, una colectora financiera del oficialismo. Enrique Vázquez -ex subdirector de Radio Nacional- se montó sobre la acusación de “6,7,8” contra Samuel Gelblung por su colaboración con la dictadura cuando éste era secretario de redacción de la revista Gente; “Chiche” le recordó al desmemoriado sus tiempos como secretario de redacción en Somos, una publicación de la Armada.

El kirchnerismo abrió un frente de ataque contra los periodistas “corporativos”, entre los que incluía no sólo a las estrellas -dueños de empresas o productoras “independientes”- sino a todos los periodistas que trabajaban en los grupos mediáticos, a quienes les proponía renunciar a sus puestos de trabajo. Esto se celebraba como parte de la “victoria cultural”.

Desde el conflicto del “campo” y la promulgación de la ley de medios se habrían dividido las aguas: de un lado, los “corporativos” y, del otro, los “militantes”. De este modo -repiqueteaban- se han hecho transparentes los intereses ocultos de las empresas periodísticas y se ha echado por tierra la supuesta independencia y objetividad del periodismo. En conclusión, más que una gigantesca acción propagandística tras la derrota de la 125 y de las elecciones de 2009, el gobierno K habría emprendido una suerte de pedagogía popular sobre las maniobras de los medios masivos concentrados.

Sin embargo, a las primeras ráfagas le siguieron los cañonazos del fuego “enemigo”, que revelaron que este relato era una completa estafa. El gobierno y sus periodistas “militantes” apenas pueden disimular que fue por la proliferación de los fondos publicitarios oficiales, que se distribuyen con una discrecionalidad de escándalo -y recordemos que la ley de medios no contempló siquiera la posibilidad de regular esa repartija-, que surgieron como hongos empresas y productoras periodísticas ultraoficialistas y periodistas empresarios “conversos” en tiempo récord. No los movió el mítico “modelo nacional y popular” sino el realmente existente modelo Schoklender, de cooptación a través de fondos estatales.

Al fin de cuentas (muchas cuentas), ni se desnudaron los intereses ocultos de las corporaciones mediáticas (poco o nada se devela sobre el emporio de Hadad, del mexicano González González y ahora del grupo Manzano-Vila) ni muchísimo menos se transparentaron los de Electroingeniería, Szpolski, Garfunkel, Gvirtz, la distribución de la pauta publicitaria o los contratos en los canales del Estado. A la falta de independencia respecto de los intereses económicos concentrados -la acusación a los “corporativos”- no se le contrapuso la “pluralidad de voces” o la independencia nacional sino la más pedestre versión del coro kirchnerista con plata del Estado.

Pero esta guerra contra y entre periodistas estrella, que luchan por recolocarse en algún lugar de figuración y legitimidad para acrecentar su facturación, no debería hacernos perder de vista la cuestión central: son los trabajadores periodistas quienes no pueden ejercer plenamente ni su independencia ni su militancia (reales, no como imposturas) en los medios donde son asalariados. Se lo impide la patronal, tanto del mercado como del Estado, a la hora de fijar la agenda de temas, definir el titular y hasta prescribir la última línea de una crónica periodística. O, más concretamente, al momento de imponer la escala salarial o las condiciones de trabajo, o de despedir u hostigar a una comisión interna en Clarín o en Radio Nacional. Es la regla de oro de las patronales.

Si algo deja como saldo tanto trapo al sol, es que el derecho a la independencia y militancia de los periodistas es algo a conquistar colectivamente en cada lugar de trabajo. No lo va a garantizar Magnetto, evidentemente. El Estado, tampoco.