Berni inauguró el diciembre de 2020 con un absurdo video titulado “Cara de Cannabis” en el que se vanagloria del allanamiento y detención de un cultivador mientras expone un video de instagram en donde se lo ve oculto tras una máscara. Sin informar sobre los pormenores de la causa, Berni utiliza de forma caricaturesca una investigación policial plagada de mentiras y omisiones para supuestamente escarmentar a aquellos cultivadores que quieran especular con la Ley 27350 de Cannabis Medicinal para ocultar redes de narcotráfico.

Para esta campaña sensacionalista e hipócrita la Provincia de Buenos Aires despilfarró cuantiosos fondos para desarrollar una investigación de cuatro meses afectando esta tarea al personal del Gabinete Criminológico de la Comisaría San Miguel 2da en Bella Vista, la misma policía qué aun cuando existían denuncias, no hizo nada por evitar el crimen de Sheyla Ayala, una niña de 10 años que fue asesinada por sus tíos en el barrio de Trujui. Del lado de la injusticia interviene para despilfarrar fondos la UFI nro. 16 del Dpto. Judicial de San Martín, a cargo del Dr. Diego Guida. Esa misma injusticia que mantuvo en prisión domiciliaria dos años al compañero cultivador Lautaro Ferraro.

Si como dice Berni en el video “dentro de la ley todo, fuera de la ley nada”, entonces deberían liberar inmediatamente a Daniel Martin Tornello, el verdadero nombre del cultivador detenido. El cultivo indoor incautado era utilizado por su esposa Elizabeth Tavella, quien padece epilepsia refractaria y pudo sustituir la batería de drogas legales por el tratamiento con cannabis. Sin embargo, a fin de lograr una producción con las cepas y cantidades necesarias tuvieron que invertir todo lo que tenían para instalar un complejo sistema de cultivo indoor que le garantizó a Elizabeth la materia prima suficiente para autoproducir su medicina.

En contraste con la persecución de Berni, el reciente 3 de diciembre la Comisión de Estupefacientes de la ONU votó a favor de eliminar la cannabis de la Lista IV de la Convención Única de Estupefacientes de 1961, donde figuraba junto a opioides adictivos y letales como la heroína. Siendo que dicha Convención adquirió rango constitucional en 1992 está claro que debe prevalecer sobre la Ley 23.737, estableciendo su encuadre y fundamento. En este sentido denunciamos al gobierno de lxs Fernandez, Kicillof, Frederic y Berni por cada detención inconstitucional de usuarios y cultivadores de Cannabis por tenencia para consumo personal. Resulta por tanto ilegal e ilegítimo cualquier acto persecutorio del Estado que atente contra el derecho de los usuarios de autocultivar y autoproducir, máxime cuando el objetivo es acceder a la salud integral de forma sostenible y cooperativa, quebrando el entramado justicia-narcos-policías.

Ahora bien, aparentemente lxs cultivadorxs que quedan exceptuados de la Ley 23.737 son aquellos que demuestren capacidad de aprovechar las arcas y tierras públicas para beneficio propio, como es el caso de Gastón Morales, hijo del gobernador de Jujuy. Mediante el laboratorio Cannava, ahora “100% público” luego de la quiebra del socio canadiense, la dinastía jujeña explota las 11.000 hectáreas de la finca El Pongo y se apresta a comercializar el primer lote de aceites con enormes márgenes de ganancia. En la presentación del producto coincidieron funcionarios del Ministro Kulfas junto a los gobernadores Valdez de Corrientes y Uñac de San Juan porque estarían encontrando “en la industria del cannabis una salida muy redituable al mundo en la post pandemia“.