El barrio Unión y Fuerza, ubicado en la delegación Santa Catalina de Lomas de Zamora, con más de 200 familias que han edificado sus hogares hace años, es víctima de las autoridades municipales, quienes pretenden “relocalizar” forzosamente a sus habitantes en dudosos terrenos sin construcción alguna. La maniobra tiene lugar en medio de una ola de desalojos violentos contra las familias trabajadoras en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires.

Esto es lo que han informado desde el municipio de Lomas de Zamora, cuyos funcionarios se presentaron en el lugar hace algunos días, sin exhibir papel alguno o procedimiento legal en curso, para amenazar con arrasar con un barrio entero, con casas y hogares construidos con ladrillos y cemento desde hace más de 10 años.

El barrio en cuestión fue creciendo, al calor de las necesidades populares, en las tierras ubicadas entre las vías del tren –que va de Temperley a Haedo-  y el arroyo Mujica, en tierras que originalmente pertenecían al ferrocarril pero que ya son habitadas por los y las vecinas hace años. Estos inclusos han sido censados por el Renabap y reconocidos por el Estado como barrio carenciado, lo que hace más cuestionable aún las maniobras del Ejecutivo municipal.

La ley 27.453, sancionada en 2018, establece claramente que los bienes inmuebles registrados por en Renabap  no pueden ser desalojados ni objeto de ninguna medida procesal en su contra en el curso de los siguientes 4 años desde sancionad ala misma. Cómo los vecinos cuentan todos con su certificado de registro, las acciones del municipio se inscriben en la completa ilegalidad.

En los últimos años esos terrenos han sido adjudicados al Acumar (Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo) para la realización de obras de ensanchamiento del arroyo y de una estación de bombeo para evitar las inundaciones de la zona. Sin embargo el proyecto ha pasado años cajoneado por falta de presupuesto asignado.

Un apriete a los vecinos

La ofensiva contra el barrio es impulsada desde la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Seguridad del municipio de Lomas de Zamora y se presenta como una extorsión al conjunto de los vecinos.

Desde los funcionarios municipales han hecho saber que las familias del barrio tienen que retirarse “si o si” de sus hogares y que a cambio les otorgarían supuestos terrenos, sin edificar, que quizás algún día podría escriturar a su nombre: eso sí, tendrían que retirarse ya mismo.

Se trata de una estafa elevada a la categoría de “política de Estado”. No solo porque a los vecinos no se le ha mostrado ni un papel con el supuesto compromiso, sino porque el municipio estaría organizando un éxodo forzoso de cientos de familiar a tierras vacías, que no están en condiciones de ser habitadas hoy en día. Además se “ofrecen” a trasladarlos intempestivamente con sus pertenencias en camiones dispuestos por el Ejecutivo municipal, para lanzarlos en un descampado: es un escándalo total.

La “propuesta” forzosa del municipio es seguida de la amenaza de desalojo. Las autoridades municipales ya han hecho desfilar las topadoras para obligar a los vecinos a retirarse de sus casas, y juegan la carta de un desalojo violento en cada una las reuniones realizadas. Sin embargo no han notificado a los y las vecinas de la existencia de expediente judicial alguno: actúan como patrones de estancia, tratando de avasallar a las familias humildes.

Una respuesta real para los vecinos

La pretensión de que más de 200 familias abandonen todo lo que han construido para comenzar de cero sin ninguna garantía del Estado es un completo disparate: los vecinos han construido allí sus viviendas de material, las que habitan con sus familias.

Cualquier propuesta de relocalización, por las obras que deberían realizarse, debe partir de reconocer iguales o mejores condiciones para los habitantes del barrio Unión y Fuerza; es decir un oferta que contemple una nueva vivienda.

Cualquier solución a esta situación no puede improvisarse en una semana de apremios de funcionarios a familias humildes, sino que demanda iniciar un proceso de discusión real donde estén dadas todas las garantías para las familias y donde desde el distrito, la provincia y la Nación elaboren una propuesta a la altura de las circunstancias.

Ningún desalojo al barrio Unión y Fuerza. Basta de aprietes y amenazas del municipio.

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