La última actualización del Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap) terminó por identificar un nuevo crecimiento a escala nacional de los denominados barrios populares, o sea, de las villas y los asentamientos. Es tan solo una demostración más del fracaso de los gobiernos que ejercieron el poder en las últimas décadas en sacar el país adelante y del desastre al que nos han llevado con sus políticas de ajuste.

El Renabap amplió su registro sobre la base del ingreso en él de todos los barrios de más de 2.000 habitantes que fueran conformados antes del 31 de diciembre de 2018. Estos ascienden a 5.687 y se estima que allí viven alrededor de 1,2 millones de familias, lo que es el equivalente a 5,2 millones de personas. Estos “barrios populares” equivalen a casi tres veces la superficie de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y representan aproximadamente al 12% de la población total de Argentina (2018). El informe registra que entre 2010 y 2018 la cantidad de barrios precarios creció un 22,7%; una muestra de que los gobiernos kirchneristas y macristas han abonado a la pauperización de los trabajadores.

No obstante, el registro posee numerosos límites. No incluye a los barrios con acceso formal a 2 o más servicios básicos pero sin título de propiedad ni a los que tienen acceso formal a ellos pero que no cuentan con un certificado de vivienda familiar o de propiedad. Tampoco se considera a estructuras como conventillos, edificios ocupados o pensiones familiares. Es así como todo un universo de trabajadores queda fuera de las estadísticas. Estos mecanismos sirven a los gobiernos de turno para ocultar las desigualdades reales que aparecen en el proceso social.

Según Techo, en el 66% de los barrios la mayoría de los habitantes no accede formalmente a la energía eléctrica, en el 90% no cuentan con red de agua corriente, y en casi todos no tienen red de cloacas ni acceso a la de gas natural. En esta ONG fue tercerizada la tarea de realizar los relevamientos, una prueba del ajuste del gobierno en la materia.

Fernanda Miño, secretaria de Integración Socio Urbana de la Nación, afirmó que esta empresa “es el primer paso para avanzar en la integración social y urbana”. Lo que no menciona la vocera del oficialismo es que el informe no contempla los nuevos asentamientos y ocupaciones de tierra que se generaron desde que asumiera el gobierno del Frente de Todos, desligándolo de su responsabilidad. Está confesando que para todos los asentamientos que vayan surgiendo aplicarán la misma política que en Guernica o recientemente en Rosario, es decir la represión y el desalojo, así como también van a continuar los procesamientos contra las familias sin techo.

El camino que está recorriendo el gobierno para cumplir con las aspiraciones del FMI y de la burguesía no hará más que recrudecer el derrumbe social que se desarrolla en Argentina, ya que implica un ajuste sobre el presupuesto de obra pública y por lo tanto el no impulso a cualquier política de construcción de viviendas o de otorgamiento de créditos para acceder a ellas, lo que combinado con la política proinmobiliarias del gobierno aumentará su valor.

Hay que recomponer el salario y elevar su monto al nivel de la canasta básica y terminar con el negocio de los grupos inmobiliarios, que encarecen la vivienda y privan su acceso a la clase obrera.