El gobierno nacional, a través de la Secretaría de Medio Ambiente, cuya titular es María Julia Alsogaray, convocó a licitación pública internacional para la instalación de seis basureros tóxicos en el conurbano. Uno de ellos se ubicaría en Esteban Echeverría.

Esta medida atenta contra la salud de toda la población, ya que viola las normas que han establecido para este tipo de basureros: se hace en un lugar densamente poblado, con zonas inundables y cercado de arroyos y ríos cuyas aguas subterráneas están a poca profundidad.

El Estado no sólo se desentiende de realizar los estudios de impacto ambiental que merece una medida como ésta, sino que por boca del subsecretario de Medio Ambiente de la Nación, Noé Carballo, nos enteramos que “al Estado le resulta más fácil controlar seis basureros que veinte mil industrias”. Es decir, no se exige la responsabilidad empresaria de instalar filtros en cada planta fabril para el tratamiento primario de los desechos contaminantes. Como vemos, no sólo se reducen los costos patronales a fuerza de congelamiento salarial y superexplotación, sino también descargando criminalmente sobre la población los residuos tóxicos que genera la industria.

Sin embargo, el problema es más grave aún, porque se enmarca en la política del imperialismo mundial de financiar el traspaso de industrias contaminantes (y sus residuos) a los países atrasados. Un informe del Banco Mundial de 1992 recomienda que “los países subdesarrollados no deberían ser forzados a adoptar prácticas que no podrán seguir, como una legislación ambiental más severa”. (Financial Times, Gazeta Mercantil 13/5/92). “Es un hecho que muchas empresas norteamericanas se desplazaron hacia México atraídas no sólo por los salarios más baratos sino porque las leyes de protección del medio ambiente son casi inexistentes” (El Cronista Comercial, 10/5/92). Y México es el gran ejemplo del “boom” de inversiones que inspira a Domingo Cavallo.

Es a este tipo de “inversiones” a las que el gobierno les dará garantías contra cualquier pretensión de legislación ambientalista.

Por lo tanto, corremos el riesgo cierto de que para los basureros tóxicos del conurbano importemos desechos industriales de las grandes potencias.

El propio Cavallo ha admitido que la firma del plan Brady lo ha forzado a asumir “compromisos económicos y políticos concretos”, en especial con el Banco Mundial. Además del pago puntual de miles de millones de dólares anuales a los acreedores, la obligación es convertir a la Argentina en “basurero” privilegiado.

Los defensores de la estabilidad cavalliana del radicalismo y del Frente Grande deberían tomar nota.

En noviembre pasado, los vecinos de Luis Guillón (Esteban Echeverría) debieron movilizarse contra las emanaciones tóxicas de la fábrica Azyder, a pesar de que la irregularidad había sido advertida un mes antes por funcionarios municipales, ¡sin que nada hicieran!

Fue un juego de niños frente a lo que nos espera.

Del mismo modo hay que enfrentar el intento de instalar estos basureros, como lo hiciera recientemente la población de Zárate, donde se instalaría otro basurero, con la movilización popular para impedirlo y para exigir la instalación de filtros industriales en todas las fábricas contaminantes.

¡La salud pública y la preservación del Medio no pueden depender del lucro capitalista! Sólo los trabajadores pueden ejercer un efectivo control sobre el tratamiento de los desechos industriales y sobre la verdadera repercusión de sus costos en la industria. Por eso proponemos que comisiones obreras por fábrica sean las encargadas de ejercer el control de que se cumpla con el tratamiento primario de los desechos y con derecho a acceder a los libros contables de las empresas que se nieguen por razones financieras.

Pero esto sólo es posible bajo un gobierno de trabajadores que reorganice racionalmente la economía contra la anarquía destructiva del capitalismo y de este régimen proimperialista y antiobrero de Menem-Cavallo.

¡NO AL BASURERO!

¡FUERA MENEM-CAVALLO!