Frente a las protestas impulsadas por los usuarios de Edesur, debido a los persistentes cortes de luz, Milei salió en defensa de la distribuidora argumentando que “durante 20 años se les pisó las tarifas a las empresas; y las empresas qué hacen, defienden el flujo de costos, dejan de invertir y pasan esas cosas; ya pasó en el 89, cuando se fue Alfonsín”. Paso seguido, abogó por el regreso al esquema energético de los 90′, atribuyéndole una eficiencia que nunca tuvo.

Vale señalar que Milei responsabiliza a los políticos de “la casta” respecto a la fallas de Edesur, pero absuelve a los empresarios y le carga la factura a los trabajadores, ya que propone como salida aplicar mayores tarifazos sobre los usuarios.

El diputado de La Libertad Avanza aprovechó la oportunidad para volver a elogiar el proceso de privatizaciones del menemismo. En este caso, la privatización de la estatal Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires (Segba) en 1992, la cual quedó subdividida en siete unidades de negocio y el segmento distribución se repartió entre Edenor, Edesur y Edelap. Sin embargo, a diferencia de lo que afirma Milei, dicha reestructuración no redundó en una mejora del servicio porque siguió primando la desinversión.

Si bien las empresas mencionadas recibieron una instalación eléctrica bastante obsoleta, con conexiones que databan de 1940 y 1950, no hicieron las obras necesarias para mejorar estructuralmente el servicio y se limitaron a “modernizarlo” mediante parches. Cabe destacar que compraron los activos estatales por “chaucha y palitos”; el gobierno de Menem les permitió a los oferentes fijar el precio, con lo que el valor base de la licitación no llegaba a cubrir ni siquiera valor de los edificios y terrenos de Segba. Sin embargo, en el caso de Edesur, las denuncias por su mal funcionamiento no se hicieron esperar: a modo de ejemplo, en junio de 1993, varias escuelas del Gran Buenos Aires debieron suspender las clases como consecuencia del corte del suministro.

Con las privatizaciones se extendió el fenómeno de la tercerización laboral en el sector energético, precarizando a los trabajadores y flexibilizando las normas de seguridad. Lo anterior condujo a graves accidentes: en diciembre de 1994 una persona cayó en un pozo abierto por una contratista de Edesur y murió electrocutado. A principios de 1995, dos obreros tercerizados de Edesur, que estaban reparando un cable de la red, sufrieron una descarga de 13.000 kw que les provocó graves quemaduras.

En febrero de 1999, Edesur dejó sin luz durante once días -los más calurosos de aquel año- a 250.000 hogares, tras un incendio en la Subestación Transformadora Azopardo a raíz de un cortocircuito producido en un empalme de cables de alta tensión. Las causas de lo ocurrido remiten a la ausencia de inversiones adecuadas por parte de la empresa: por un lado, para ahorrar costos, la distribuidora había realizado trabajos de empalme de la red existente con la nueva dentro del túnel de cables, cuando hubiese correspondido hacerlo por fuera. Por otra parte, no se llevaron a cabo las pruebas de los cables a empalmar con el nivel de tensión -como indican las reglamentaciones obligatorias- en función de detectar las fallas a tiempo. A su vez, no había elementos de prevención de incendios en el túnel ni personal que supervisara el buen funcionamiento de la instalación. Por este episodio, dos fallos judiciales obligaron a Edesur a resarcir económicamente a los usuarios.

La tercerización laboral, la reducción de personal, el desmantelamiento de los planteles profesionales estables, la falta de inversión en sistemas de seguridad y el ahorro de costos en el diseño y planificación de las obras estuvieron detrás del apagón de 1999 y son todos factores inherentes a la privatización de Segba que reivindica Milei. El liberfacho distorsiona la realidad para bregar por el regreso de las tarifas dolarizadas, tal como existían durante convertibilidad, en pos de maximizar las ganancias de las privatizadas. Omitiendo que el esquema de subsidios dispuesto tras la salida del “uno a uno” tuvo por objetivo rescatar a esas empresas y también al conjunto de la industria, abaratando los costos de la energía que consume.

Ahora bien, avanzar en tarifazos no es garantía de inversiones. Sin ir más lejos, Macri aumentó en un 5.000% el Valor Agregado de Distribución, lo cual mejoró los balances contables de las distribuidoras pero no derivó en mayores niveles de inversión por parte de las mismas. Edesur, a pesar de haber incrementado sus resultados en un 168% entre 2018 y 2019, aumentó sus inversiones muy por debajo de la inflación en ese período (33% vs. 53,8%). En 2020, la empresa no reinvirtió nada de las ganancias acumuladas en 2019 y procedió a recortar las inversiones en un 50% nominal.

Tampoco sabemos cuál fue el destino de los subsidios estatales de las últimas dos décadas, que recibe directamente la mayorista eléctrica Cammesa pero que benefician indirectamente a las distribuidoras al momento de comprar despachos de energía a precio subvencionado. El vaciamiento de las privatizadas continuó a pesar de esas erogaciones millonarias, incluso luego de la reciente condonación de una parte de la deuda que mantienen con Cammesa.

Por su parte, los gobiernos capitalistas al frente de la distribución eléctrica también hicieron desmanes. Muestra de ello es que Alfonsín llevó a la quiebra a la estatal Segba, desviando sus fondos para financiar a un Estado en bancarrota -como resultado de haber pagado sistemáticamente los vencimientos de deuda externa fraudulenta heredada de la Dictadura. Los problemas financieros de Segba, y el crecimiento de su pasivo, repercutieron en la calidad del servicio; deterioro del cual se valió menemismo para justificar las privatizaciones, que significaron un enorme negociado para los capitales extranjeros.

No obstante, el Frente de Todos tampoco pretende estatizar Edesur como respuesta a los cortes masivos. Es consiente de que sus concesionarios actuales podrían ir al Tribunal del Ciadi a reclamar una indemnización, ya que tienen contrato hasta 2087. El oficialismo ni siquiera garantiza el cobro de las multas que le fue aplicando a la empresa por su mal desempeño (Edesur pagó solo el 26% de las mismas en los últimos cinco años); como contrapartida, le condona deudas y le concede aumentos de tarifas. Lo de la denuncia penal al directorio de la firma es apenas un “saludo a la bandera” por parte de un gobierno impotente y subordinado a las patronales.

Para terminar con este esquema parasitario, es necesario nacionalizar sin pago a las empresas distribuidoras y someterlas al control obrero. Los capitalistas y sus políticos ya han fracasado en la administración del servicio eléctrico, démosle paso a los trabajadores, la única clase social interesada en el bienestar de las mayorías.