Sociedad
11/12/2024
Milei deroga la Emergencia Territorial Indígena para profundizar el saqueo
Busca quebrar la resistencia de las comunidades orginarias contra el avance de los pulpos contaminantes.
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Reclamo por la prórroga de la ley.
Vía decreto, el gobierno derogó la última prórroga a la Ley de Emergencia Territorial Indígena, que prohibía desalojar a las comunidades indígenas de su territorio. Una afrenta a los pueblos originarios en función de darle “seguridad jurídica” a los pulpos extractivistas.
Se trata de la Ley 26.160, sancionada en 2006 y sujeta a sucesivas prórrogas, la cual obligaba a los gobiernos a realizar un “relevamiento técnico-jurídico-catastral de las tierras que en forma tradicional, actual y pública ocupan las comunidades indígenas”, en pos de otorgarles “el derecho a la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan”. Si bien a lo largo de estos años primó el incumplimiento de dicha normativa, ya que el 47% de las comunidades originarias no fue relevado y proliferaron los desalojos, la misma constituía una conquista de los pueblos indígenas que acaba de ser arrebatada por Milei.
El DNU del gobierno explicita cuáles son los intereses que hay detrás de esta derogación, al plantear que la Ley de Emergencia Territorial Indígena impidió “el libre ejercicio de las actividades productivas y recreativas sobre las tierras involucradas, así como también limita el derecho a la disposición de dichos bienes” y afectaba “el derecho de propiedad como al dominio de los recursos naturales de las provincias”. No quedan dudas de que Milei, con esta medida, busca allanarle el camino a los capitalistas interesados en expulsar a las comunidades para adueñarse de su territorio y explotar las riquezas que yacen en él.
Finalmente, la resistencia indígena en defensa de su territorio ancestral choca de frente con los objetivos del gobierno, que ata su suerte al ingreso de proyectos extractivistas a través del Rigi. A partir de ahora, las comunidades tendrán menos herramientas jurídicas para defenderse de las amenazas de desalojo, o, incluso, de procesos judiciales infames a los que son sometidos algunos de sus miembros por protagonizar procesos de recuperación territorial e identitaria. Esto va acompañado de un reforzamiento represivo, como lo demuestra el “Escuadrón Contradisturbios” creado por Bullrich para reprimir las protestas de las comunidades contra el saqueo de sus bienes comunes.
Por mencionar algunos ejemplos, quedarán en situación de extrema vulnerabilidad los integrantes de la lof Fvta Xayen, ubicada en Vaca Muerta, la cual es considerada como un “estorbo” por las empresas hidrocarburíferas que explotan la cuenca. También, las comunidades mapuches lof El Sosneado, lof Suyai Levfv y Limay Kurref, las cuales vienen resistiendo el avance del fracking en Mendoza y conquistaron que el Estado reconociera como legítima su ocupación territorial. Lo mismo podemos decir de la comunidad kolla de Guerrero, en Jujuy, que fue desalojada en octubre de este año a pesar contar con personería jurídica acreditada por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, en favor de los intereses inmobiliarios de la familia Jenefes Quevedo, que forma parte del poder político y empresarial de la provincia. De igual manera, estarán aún más desamparadas las comunidades kolla y atacama de Salta y Jujuy que todavía resisten el arribo de nuevos emprendimientos para extraer litio en la Puna en desmedro del agua.
Se trata de un nuevo atropello contra el derecho indígena, en sintonía con las recientes condenas por “usurpación” contra miembros de la comunidades mapuches Lof Quemquemtrew (en Cuesta del Ternero en El Bolsón) y la Lof Lafken Winkul Mapu (en Villa Mascardi). Fallos aberrantes festejados por el ministro Cúneo Libarona, quien adjetivó a las poblaciones originarias involucradas como “grupos criminales autodenominados mapuche”, haciendo uso de un discurso absolutamente racista para respaldar su expulsión. Patricia Bullrich hizo lo propio, publicando en su cuenta de Twitter que “Finalmente, Villa Mascardi, en el Parque Nacional Nahuel Huapi, es de todos los argentinos. Y los usurpadores, condenados”, remitiendo al mito de una supuesta “nación blanca”, tan utilizado a finales del siglo XIX por la dirigencia política como justificación ideológica del genocidio indígena. De nuevo, detrás de esta campaña de criminalización se encuentran los intereses de la industria maderera y del turismo sobre esas tierras.
Así las cosas, Milei profundiza la orientación de sus predecesores a la hora de despojar a las comunidades originarias en beneficio del lucro privado. Todo el pueblo trabajador debe enfrentar este ataque, que redundará en mayor depredación ambiental y miseria para las mayorías.
