Con la muerte de una nena wichi de casi dos años, en Santa Victoria Este, remonta a 9 la cifra de niños de comunidades originarias muertos por desnutrición y enfermedades perfectamente evitables. En este caso, la nena, con muy bajo peso, apenas 7,2 kgs, no pudo soportar una enfermedad respiratoria. Con esta nueva muerte, queda expuesto que las medidas de Sáenz son una cortina de humo, con mucha puesta en escena y fotos con el ministro nacional de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, en la zona, pero ninguna política decisiva que abarque a toda la comunidad afectada.

No es falta de experiencia, es falta de interés en aplicar todos los recursos necesarios para parar esta masacre. Recientemente la ministra de Salud de Sáenz anunció una convocatoria a médicos de todo el país, para que se instalen en el norte de Salta, con una oferta de $150.000 mensuales y sin vivienda garantizada por el Estado. Va al fracaso, ya que un médico con todas las horas guardias en la ciudad gana mucho más.

Según indicó en una entrevista con TN el italiano Roberto Valent, máxima autoridad de Naciones Unidas en la Argentina, en Salta "hay 855 niñas y niños desnutridos, de muy bajo peso, hay 10 mil chicos en riesgo nutricional y hay más de 100 mil adultos en el mismo riesgo". "El acceso a los alimentos, al agua y a la salud es claramente un tema problemático para Salta en este momento", agregó.

La Iglesia, mientras tanto, ante la reapertura del debate del aborto salió a mostrar su “preocupación por los niños por nacer”; sin embargo, a más de un mes de producida la primera muerte, recién abrió la boca con un comunicado de la Comisión Episcopal de Pastoral Aborigen del Episcopado Argentino, que calificó como "angustiante” la situación de la comunidad wichi. Busca desvincularse de los lazos estrechos de las fundaciones que desde el 2013 vienen firmando convenios con Urtubey y Macri, ante la sistemática muerte de niños originarios. Una de ellas, la más beneficiada por Macri, del Opus Dei Albino, es la Fundación CONIN, que manejó contratos por 100 millones en el 2016 y 121 millones en el 2018, para desarrollar programas contra la desnutrición y mortalidad infantil en esas comunidades (FM Profesional). Pero existen otras fundaciones que responden a la red mundial de Albino, una de ellas, Fundación Nutrir, se benefició con un comodato por 20 años de un edificio construido por el Estado provincial, para instalar su Centro de Prevención de la Desnutrición infantil, además de diversos edificios en los barrios más pobres de la provincia.

¿Qué pasaba en los edificios de CONIN?

El Ministerio de Primera Infancia creado por Urtubey en el 2014, a cargo de Abeleira, también un militante del Opus Dei, entregó a la iglesia una parte enorme de la asistencia social y sanitaria.

Empleaban gente de las comunidades originarias, con contratos basura, sin derechos laborales y como hicieron constar los caciques en sus denuncias, les entregaban a los niños con bajo peso una bolsa metalizada de leche (sin la caja), ocultando que la leche era provista por los programas nacionales y provinciales, o sea que CONIN no ponía un peso, solo el control ideológico sobre madres y niños hambrientos.

El gobierno de Sáenz disolvió el Ministerio de Primera Infancia. Sus ministros, en una interpelación reciente, rechazaron que la política de reducción de la mortalidad infantil quede en manos de fundaciones. Sin embargo, apenas asumió, Sáenz nombró como director de Atención Primaria de la Salud al Dr. Carlos Franco, un médico militante antiderecho que hasta publicó un video en apoyo a Rodríguez Lastra, el médico que se negó a practicar un aborto no punible. Otro militante de la Iglesia releva a Albino.

La lucha por la separación de la iglesia del Estado cobra una enorme importancia, porque estas muertes muestran que la iglesia católica y las iglesias evangelistas (otras fundaciones como ADRA de la iglesia adventista y la Iglesia anglicana con sede en Inglaterra, controlan las comunidades), son el sostén del régimen capitalista, a través del control político y social de la población, además del negocio con la salud pública.

El recorte presupuestario para el hospital público, un sólo hospital con especialidades médicas en departamentos con enormes territorios, la escasa designación de personal en cada hospital, los bajos salarios, la mayoritaria designación de médicos ligados a la obstaculización de la práctica del aborto (como en el hospital de Orán), de la fertilización asistida y de otras prácticas ligadas al control y planificación de la función reproductiva (recordemos que en el Hospital de Tartagal se le negó el aborto a la nena wichi Juana, producto de una violación en banda), son la expresión de la influencia de las Iglesias católica y evangelista en la Salud y en el Estado.

¡¡Vamos por una gran marcha contra el hambre!! ¡¡Ni una muerte más por hambre!!

Fuera toda forma de tercerización con fundaciones y ONGs oscurantistas.

Inmediata designación de médicos con dedicación exclusiva en hospitales y centros de salud de cada comunidad.

Nombramiento de efectores intérpretes en los centros de salud y maestros bilingües.

Por un fondo especial de las grandes empresas de los departamentos afectados para atender la asistencia alimentaria inmediata bajo control de las comunidades.

Obras de infraestructura de agua, caminos y hospitales.

Abajo los desmontes.