El jueves 7 de abril tres niños murieron en un incendio en el Barrio Cabezas de Berisso, uno de los más castigados por la miseria social en toda la región. El siniestro se originó en un carrito de venta al paso, ya que allí viven cientos de familias sin trabajo que changuean para sobrevivir. Las víctimas pertenecían a la comunidad peruana.

En 2020 el barrio José Luis Cabezas, que tiene una importante población de origen migrante, fue uno de los más castigados por la pandemia y militarizado por Sergio Berni. El asentamiento de Berisso está en el límite con los municipios de La Plata y Ensenada (donde unas 44.000 personas pobres entre 70.000 habitantes). Un año atrás, otro incendio se llevó la vida de dos familias en Punta Lara por una deficitaria instalación eléctrica en dos casillas.

La falta de trabajo y los barrios sin urbanización ni servicios son consecuencia directa del ajuste capitalista contra la clase obrera. Los políticos patronales que claman hipócritamente contra la presencia de familias con hijos en los piquetes, pero miran para otro lado acerca de las condiciones en que estos viven, e incluso ante esta tragedia.

La presentación del hecho como una “fatalidad” es puro encubrimiento. La muerte de los niños es un crimen social cuya responsabilidad al Estado y los gobiernos que dejan indefensa a la niñez y le roban la vida a los trabajadores. No es mera coincidencia que en simultáneo el gobierno nacional de Alberto Fernández y su ministro Zabaleta apretaran al movimiento piquetero, a coro con el PRO de Larreta y Bullrich y la jauría fascista de Milei que piden mano dura contra las familias que acamparon en la 9 de Julio y en todo el país, y cuando eran detenidos dos dirigentes piqueteros en Jujuy.

Como siempre, la solidaridad inmediata provino de los vecinos. ¡Que gobiernen los trabajadores!