La toma del que fuera el complejo de viviendas de “Sueños Compartidos”, ubicadas en el Barrio Almirante Brown, más conocido como Villa Garrote, en el centro de Tigre, por parte de las familias que viven en el lugar, ha tomado un nuevo giro. Ante la falta de soluciones habitacionales que provocaron la misma, las familias vienen resistiendo la militarización de la zona y siguen con el reclamo al municipio por vivienda y tierra digna.

El municipio gobernado por el intendente Julio Zamora contestó de la misma forma que Axel Kicillof con la situación de Guernica y el barrio Stone en Escobar: la extorsión y el amedrentamiento. Este mismo modus operandi obliga a las familias para que firmen de manera inmediata un acta de desalojo voluntario de las viviendas y terrenos ocupados. A cambio, se promete futuras soluciones habitacionales -sin ninguna precisión, aval, ni fecha certera de cesión- y un subsidio de $30.000 que no soluciona el problema de la vivienda.

Por supuesto que, al igual que en Guernica, de no aceptar esta propuesta se precipitaría el desalojo represivo que está previsto para el martes 17. Esto sin tener en cuenta que dentro de los predios hay familias con niños y bebés.

Una radiografía del distrito muestra claramente la política del municipio en materia habitacional. El último censo del 2010 arroja que el 60% de las tierras de Tigre están ocupadas por barrios cerrados y la superficie total ya es igual a la ciudad de Rosario. En los countries vive apenas el 10% de los vecinos del distrito.

La política que ofrece el gobierno provincial a la lucha por tierra y vivienda es la represión, así lo ha expresado Sergio Berni, declarando que han desalojado más de 800 luchas por la recuperación de terrenos. Al mismo tiempo, el gobierno de Kicillof y de Zamora siguen fomentando el negociado de la especulación inmobiliaria y, en el caso de Tigre, en consonancia también a los megaproyectos de barrios privados, del que Nordelta es su mayor exponente.

No al desalojo y la militarización del Barrio Garrote. Urgente solución al reclamo de tierra y vivienda para las familias. Por una política integral del acceso a la vivienda popular, relevando las tierras ociosas para destinarlas a un Banco de Tierras para dar respuesta a la desesperación de miles de trabajadores y trabajadoras en todo el distrito, que no tienen dónde vivir. Es imprescindible que se impulsen, de manera efectiva, programas de viviendas capaces de dar respuesta al masivo déficit habitacional.