El gobierno reglamentó nuevas subas en el financiamiento del consumo por tarjetas de crédito, llegando a un Costo Financiero Total (CFT) de alrededor del 302,8%. Con esta medida se restringe aún más el consumo de una población trabajadora acechada por el ajuste fondomonetarista.

La iniciativa oficial regirá a partir del mes de noviembre, elevando el costo del financiamiento (pago en cuotas) con tarjetas de crédito y el pago mínimo de los saldos adeudados: uno de los pocos recursos a los que apelan millones de trabajadores para llegar a fin de mes.

De esta manera el universo del crédito al consumo que aún resulta “accesible” para la población se reduce a los programas específicos del gobierno, de alcance limitado, como el Ahora 12 y sus derivados. Y la situación se agrava para aquellos que soliciten adelanto de dinero o que accedan a realizar el pago mínimo de sus tarjetas.

La tendencia al encarecimiento del financiamiento del consumo viene de la mano de las medidas devaluacionistas del gobierno y la modificación de la tasa de interés de referencia para garantizar el negocio de los banqueros y “evitar” una corrida cambiaria contra el peso.

Un informe publicado en el relevamiento “Índice Payway” casi el 60% de las compras registradas con tarjeta de crédito se realiza en un solo pago, lo que pone de manifiesto que las personas buscan diferir el pago pero a sabiendas que los intereses con más cuotas se vuelven prohibitivos para los salarios e ingresos actuales.

Son datos correspondientes al tercer trimestre del 2023, con el impacto de la devaluación oficial de por medio y el avance del ajuste sobre los bolsillos de los trabajadores.

El negocio de los bancos privados y entidades financieras con el financiamiento les permite hacerse de los recursos de los trabajadores por medio de depósitos, billeteras virtuales, cajas de ahorro y plazos fijo para luego volcar el dinero en el mercado por más del doble de lo pagado.

Con una inflación galopante, que en el último mes arañó el 13% y que amenaza con ubicarse en un 140% anual, la medida oficial echa más leña al fuego de las economía de los trabajadores para que un puñado de banqueros sigan enriqueciéndose. Estos sectores hacen negocios millonarios con los títulos públicos y las letras que emite el Banco Central (Leliqs y Pases pasivos) a tasas de interés exorbitantes, lo que empuja la tasa de intereses general y encarece el financiamiento al consumo. De allí se desprende que este sector apoye entusiastamente la candidatura presidencial de Sergio Massa.

El gobierno del Frente de Todos vino con la promesa de recuperar el consumo de los trabajadores y sectores populares, pero a cuatro años de la victoria electoral de Alberto Fernández y Cristina Kirchner la situación no ha parado de agravarse, con la banca privada y las entidades financieras entre las grandes ganadoras bajo este gobierno.

La dependencia del crédito debido al empobrecimiento de millones de trabajadores solo acelera los término de una transferencia directa de recursos desde los más pobres hacia los más ricos, avalada por el gobierno nacional. Hay que terminar con esta política partiendo de una recomposición general de los salarios y el fin de la usura de los banqueros y sus negocios a costa del pueblo trabajador, con la nacionalización de la banca bajo control obrero y una política financiera enfocada en la consecución de los intereses de los trabajadores, como el acceso a la vivienda entre algunos derechos fundamentales.

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