El abogado defensor del cura violador de niños, Julio César Grassi, aprovechó el contexto de prisiones domiciliarias en medio de la pandemia, para pedir una para su defendido. Y aunque fue denegado, antes de que ocurriera, muchas figuras y personas comunes se pronunciaron repudiando el pedido, convirtiendo el nombre del abusador en tendencia en las redes sociales.

Viene al caso aquí recordar que en el pasado y bajo otras circunstancias de la misma causa, Julio Grassi fue detenido y luego liberado con domicilio radicado en la casa lindera al hogar “Felices los niños” de donde siempre colectó a sus víctimas.

La Fundación Felices los Niños fue financiada por el Estado. Cinco mil dólares donados por la gestión gubernamental de Carlos Menem y de Domingo Cavallo para Grassi y una donación de 65 hectáreas en el municipio de Hurlingham. A pesar de que el mecanismo de tercerización de la asistencia social a niños judicializados en la Iglesia, dio por resultado semejante barbarie de abusos a niños, el kirchnerismo en el poder se negó a recuperar el inmueble en su momento. Denuncias sobre abusos sexuales contra niños, por entonces, también se dieron en el hogar San José Obrero de Chacarita, ligado a la misma congregación.

Julio Grassi, un violador de niños al que los medios llaman “padre”, está desde 2013 detenido con sentencia firme. En 2018 se expidió en este sentido la Corte Suprema de Justicia, la cuarta y última instancia que ratificó la condena por violación y hace unos días ese mismo tribunal ratificó una condena por dos años por malversación de fondos de la Fundación.

Grassi forma parte de un batallón de 70 curas que están en la cárcel por abuso de menores. Muchos otros no están detenidos aunque cuentan con sentencias, algunas muy graves. Ese es el caso de Ilarraz, el sacerdote del seminario de Paraná, Entre Ríos, condenado a 25 años de prisión, en libertad y con un activo abogado pagado por la curia que en marzo recibió otro revés judicial cuando casación confirmó la sentencia que el abogado pedía anular en nombre, nuevamente, de la prescriptibilidad de hechos ocurridos hace más de 25 años. Esta disposición de prescriptibilidad que efectivamente existe para todos los delitos, ya fue rechazada en oportunidad de la habilitación para que los hechos fueran investigados y juzgados.

Julio Grassi fue denunciado por primera vez en 1991 y nada ocurrió. En 2002 fue nuevamente denunciado en el marco de una investigación periodística de Miriam Lewin en Telenoche Investiga. En 2008 comenzó el juicio oral y público. Las víctimas de Grassi, todos hombres pobres abusados en la niñez, fueron perseguidas, golpeadas y amenazadas.

En 2008 cuando Jorge Bergoglio fue erigido como presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, comenzaba el juicio a Julio Grassi y con él las enormes muestras de apoyo por parte de la curia local y en particular del ahora papa argentino. El encubrimiento a la pederastía y a la pedofilia reinantes en la Iglesia por parte del papa Francisco viene desde lejos.

Grassi fue condenado por el tribunal oral de Morón a 15 años de prisión en el año 2009 y quedó en libertad. Esa condena tuvo en cuenta solo dos de las 17 acusaciones que se vertían contra el cura. A pesar de eso no le cambiaron el domicilio legal que lo ubicaba en el mismo predio en el que se movían sus víctimas y sus cómplices. Con la primera condena el episcopado inició un raid de presiones en la justicia para lograr que no obtuviera sentencia firme. En 2010 la casación ratificó la condena en primera instancia. A pesar de que su condena respondía a un delito grave, no fue detenido hasta el año 2013. Habían pasado 22 años de la primera denuncia y 11 de la segunda denuncia que viabilizó el juicio.

El libro que encargó Bergoglio

Luego de que Casación ratificara la condena en 2010, Jorge Bergoglio, como presidente del episcopado, encargó la realización de un libro a Marcelo Sancinetti, un abogado penalista de renombre internacional, para plasmar por escrito la defensa jurídica del violador y así presentar argumentos y ejercer presión sobre el Supremo Tribunal de Justicia bonaerense, que era el tribunal que debía resolver las nuevas apelaciones presentadas, tanto por la defensa de Grassi reclamando su inocencia, como por la defensa de los niños violados, que reclamaba que se hiciera lugar al resto de las acusaciones, las más importantes las de “Luis” y la de “Ezequiel”.

El libro en cuestión tiene 3 tomos, uno subdividido para la edición impresa, por su densidad, no menos de 2.000 páginas para diseñar la defensa de Grassi. Lejos de ser un panfleto político o ideológico de la Iglesia, se trató de una auténtica guía para que cada magistrado tuviera por escrito todo el trabajo sucio hecho para el caso que quisieran absolver al cura de la farándula. La rúbrica del encargo del libro está en la propia edición impresa.

Por aquellos años el grupo de Gustavo Vera (La Alameda) ventilaba al presidente del episcopado en actividades referidas a la esclavitud laboral en talleres textiles, colocándolo como un combatiente de la trata de personas. Una buena pantalla para una autoridad enemistada por entonces con el poder gubernamental y comprometido por el silencio que sobre el caso Grassi había hecho toda la Iglesia. Bajo el macrismo Gustavo Vera, en un acto de conversión política acelerada, se pasó de la oposición al peronismo a militar por el ascenso de este al poder de la mano de la burocracia de la CGT y, claro, del Papa Francisco, quien le escribió la hoja de ruta política.

Debieron pasar 22 años de la primera denuncia para ver a un hijo pródigo de la Iglesia Católica y niño mimado de la farándula y del poder gubernamental, tras las rejas.

Vale la pena aprovechar la oportunidad del episodio sobre el pedido de domiciliaria para Grassi, para refrescar la memoria de la complicidad papal con el abuso sexual en la infancia de cientos de miles de niños y niñas en todo el mundo y de la responsabilidad política de quienes como el actual gobierno, lo defienden y sostienen.