El gobierno designó a Greta Pena como la nueva interventora del Inadi, en reemplazo de Victoria Donda. La funcionaria ha ocupado cargos públicos durante sus 25 años de carrera profesional y durante todos los gobiernos. Sin ir más lejos, en su última declaración jurada (2021), Pena declaró más de 10 millones de pesos, lo que marca un crecimiento de 674% de su patrimonio en los últimos 5 años. Queda claro que los políticos capitalistas son siempre los mismos y solo responden a los intereses de la clase a la que pertenecen.

La abogada y periodista de 48 años tuvo su primer nombramiento durante la gestión del Frepaso (Frente País Solidario), una confederación de partidos políticos de centroizquierda de Argentina constituida en 1994 por el Frente Grande, el partido País, la Unidad Socialista integrada por los partidos Socialista Popular y Socialista Democrático, y el Partido Demócrata Cristiano. En ese espacio político, Pena asesoró a diputados (entre 1997 y 1999) y desde ese año, hasta el final del mandato de la Alianza, fue jefa de Gabinete de la Secretaría de Derechos Humanos en el gobierno de De la Rúa.

Con Cristina Kirchner fue directora de Prevención e Investigación de Prácticas Discriminatorias, asesora de la Subsecretaría de Derechos Humanos y funcionaria de la Dirección Nacional de Articulación y Enlace con los Ministerios Públicos en el Ministerio de Seguridad.

Luego, durante el gobierno de Mauricio Macri fue asesora en la Dirección de Políticas de Género de la Procuración General de la Nación. En noviembre de 2020, con Alberto Fernández ya en la presidencia, fue nombrada como subdirectora de la Agencia Nacional de Discapacidad, aunque un  año y medio después renunció y fue reubicada como subsecretaria del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad.

En 2016 su patrimonio era de 1,3 millones de pesos, mientras que en 2021 superaba los 10 millones de pesos. Según la propia declaración jurada, en dólares, la funcionaria declaró un plazo fijo por U$S 1.036.782,50, el cual era de U$S 64.700,0 en 2017, y dólares en efectivo por U$S 5.540.700,0, cuyo monto en 2017 era de U$S 711.700,00. Todo esto mientras los trabajadores no pueden siquiera acceder a la divisa para preservar sus ahorros y el ajuste fiscal se lleva puesto los ingresos populares y el presupuesto para esferas públicas fundamentales.

Si comparamos las declaraciones entre 2020 y 2021 (plena pandemia), Pena logró un crecimiento en su patrimonio de casi el 33%: $7.751.602 sumó en el peor año de la economía mundial. Es decir, mientras el desempleo y empleo precario se cernían sobre la mayor parte de la población, la funcionaria acrecentaba su fortuna. Los políticos capitalistas nunca son los que pagan la crisis, la descargan sobre los trabajadores.

Cabe destacar que la funcionaria declaró no ser propietaria de automóviles ni de una vivienda, lo cual a priori sonaría raro, sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de corruptelas por parte funcionarios oficiales que esconden gran parte de su patrimonio poniéndolo en manos de testaferros.

Nada tienen que ver estos funcionarios millonarios con el día a día de las familias obreras, lo que redobla las apuestas para que en cada una de ellas se tome la conclusión de que tenemos que ser los trabajadores mismos los que gobernemos.

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