Julieta Añazco es una referente de la lucha contra los abusos cometidos en la Iglesia Católica. A partir de su propia experiencia, comenzó a organizarse y fue impulsora del proceso que derivó en la fundación de la Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico. Actualmente milita en la organización Iglesia Sin Abusos. Prensa Obrera la contactó para que brinde su testimonio.

Julieta relató que todo su proceso comenzó en 2013 con el nacimiento de su nieto, cuando entró en crisis por temor a que algo malo le pasara, sin poder saber por qué. Empezó terapia e inmediatamente empezaron a surgir recuerdos de de abusos que había padecido en su infancia por parte del cura Héctor Ricardo Giménez, cuando a sus 7 años acudió a un campamento que realizaba la iglesia Madre Divina Gracia de localidad platense de Gonnet. Ahí comenzó su búsqueda, hasta que lo encontró celebrando una misa en la capilla del Hospital San Juan de Dios de La Plata. Entonces decidió acudir a la Justicia.

“Fue un golpe durísimo”, afirma. “Una vez que los recuerdos comienzan a aparecer, lo primero que surge es la intención de que estos abusadores no estén cerca de niños ni adolescentes vulnerables. Cuando nos enteramos que Giménez estaba vivo, y celebrando misa cerca de menores, decidimos ir a hacer la denuncia a la Justicia y nos dicen que las causas prescriben. Yo no podía entender cómo me decían que no. Un abogado me había aconsejado que no lo hiciera, me iban a terminar investigando a mí, y tenía razón. Pero de todas maneras denunciamos y en el camino aparecieron otros sobrevivientes, aunque la causa fue archivada”, cuenta Julieta.

También se refirió a la experiencia que le tocó atravesar con la propia Iglesia. Desarrolló que, como la institución tiene la obligación de iniciar un proceso canónico cuando un cura o monja es denunciado penalmente por abuso sexual, en 2014 presentó junto al colectivo de abogadxs populares La Ciega un pedido de informes al Arzobispado de La Plata para saber qué había sucedido con Giménez, ya que se enteró que el cura tenía ya dos denuncias previas (y en 2018 se radicó una cuarta).

“Primero que querían imponer abogados de la Iglesia. No permitían que las abogadas patrocinen a una víctima en ese ámbito. A pesar de que dejamos los domicilios de ellas, me notificaban a mí en mi propia casa, que ni siquiera coincidía con mi domicilio legal. Lo tomé como un ‘sabemos dónde vivís’. Cuando finalmente fuimos recibidas por el presidente del Tribunal Eclesiástico, Javier Fronza, nos dijeron que hacía 20 años que estaban investigando a Giménez (mientras este seguía en sus funciones), y que nos íbamos a enterar cuando llegaran a alguna conclusión. Al año siguiente hicieron público que lo habían hallado culpable, y lo condenaban a la ‘justa pena’ de una vida de oración y penitencia por 10 años. Todo el tiempo la Iglesia se amparaba en el concordato que el Estado argentino firmó con la Santa Sede en 1966, como si la Constitución estuviera por debajo de su código canónico”.

Julieta también reflexionó que “cuando un niño es abusado por un religioso sufro un doble abuso, ya que para él un sacerdote es casi como dios. Es muy difícil para un niño entender lo que está pasando. Viene un cura y te hace cosas horribles, mientras le contás tus pecados, ¡con 8 años!, y te dicen que esas cosas no las podes contar porque te vas al infierno. Es terrible. Un denominador común en estos casos es el suicidio, por eso usamos el término sobreviviente”.

Luego narró cómo fue el proceso en el que se fue organizando con otros casos, de La Plata y de Capital, con las Mamás Protectoras de los colegios Gianelli y Fleming de Mar del Plata. Contó que fueron a Italia, donde se contactaron con el activista Francesco Zanardi, quien les informó sobre los abusos en el Instituto Provolo. Luego estuvieron en México, Chile y Estados Unidos, donde se contactó con Barbara Blaine, abogada, teóloga, sobreviviente de abuso y activista, que la acompañó en todo su proceso. a partir de ver que en todas partes estaban organizados, decidieron tomar el ejemplo de la red estadounidense y fundaron la Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico en Argentina. Al principio eran poco, pero la lucha porque se haga justicia por las vejaciones cometidas contra chicos hipoacúsicos del Instituto Provolo, afirma, fue un antes y un después.

Por último Julieta se refirió a la ausencia de control estatal sobre los ámbitos eclesiásticos. Describió que el caso de las adolescentes que ingresan a los conventos “es similar a las redes de trata”, ya que “una vez adentro no las dejan salir. Lo primero que hacen es sacarle los documentos. Los horrores que hemos escuchado son muy difíciles de contar. Y nadie controla”. También hizo alusión al caso del cura Raúl Sidders, quien durante casi 20 años cometió abusos y violencias en el colegio San Vicente de Paul de La Plata, “que está subvencionado 100% por el Estado. No se pueden seguir permitiendo estas atrocidades. (Sidders) hoy sigue cobrando un sueldo del Estado, como en su momento el cura abusador Eduardo Lorenzo que estaba denunciado y seguía siendo capellán del Servicio Penitenciario Bonaerense. Estos tipos por ocupar cargos de tanto poder se codean con los políticos, se los ve juntos en fotos, son amigos. Es nefasto. Más que nunca separación de la Iglesia del Estado”.