El suicidio de Eduardo Lorenzo el lunes pasado para evadir su detención, ordenada por la jueza que sigue la causa por delitos sexuales cometidos contra cinco menores de edad, origina que se extinga la acción penal contra el cura. Sin embargo, las víctimas y familiares han salido a reclamar que la Justicia investigue el encubrimiento de estos vejámenes, que permitió a Lorenzo gozar de total impunidad durante más de una década después de radicada la primera denuncia penal.

A la cabeza de esta trama se ubica la propia Iglesia Católica, pero con la insustituible complicidad estatal. En esta última se apuntan tanto altos funcionarios del gobierno de Daniel Scioli como actuales miembros del gabinete de Axel Kicillof.

“Con su muerte hay muchos que descansan, porque si la causa avanzaba había toda una red que lo protegía”, declaró Juan Pablo Gallego, abogado de León -la primera víctima en recurrir a la Justicia. “El delito de encubrimiento estaba siendo liminarmente investigado (…) como surge de las propias constancias de la investigación seguida en la fiscalía de Ana Medina”, lo cual apuntaría tanto a la investigación canónica del ex arzobispo Héctor Aguer como contra el accionar del actual titular del Arzobispado de La Plata, ‘Tucho’ Fernández, quien “lo que hace no es investigar la conducta de Lorenzo, sino interferir en la investigación penal”.

“Fernández nombra a dos delegados suyos que piden a la fiscal Medina ser tomados como intervinientes en la causa. La fiscal les permite el acceso y lo que hicieron fue tomar conocimiento de quiénes iban a ser citados a declarar en el expediente penal, para citarlos previamente en el expediente canónico de manera de indicarles que declararan favorablemente a los intereses de Lorenzo, o bien para intimar a las personas mediante llamados telefónicos o intercepciones personales. Esto está probado en la causa”, añadió Gallego.

El encubrimiento de parte del Arzobispado platense continúa aún después del suicido de Lorenzo. A raíz del hecho, ‘Tucho’ Fernández emitió un comunicado donde se lamenta por los “largos meses de tensión y sufrimiento” que habría atravesado el cura y llamó a orar por él para que “el Dios de la vida lo reciba en el amor infinito”. Como si ello fuera poco, convocó a una misa para “despedirlo” en la parroquia Inmaculada Madre de Dios de Gonnet, el lugar donde Lorenzo fue párroco durante los últimos doce años y cometió parte de los delitos sexuales denunciados por las víctimas.

Al conocerse la noticia, Julio Frutos, padrino de León y uno de los principales impulsores del juzgamiento del sacerdote, dirigió una carta pública al monseñor Fernández en la que le recuerda que dicha sede fue allanada como parte de las pericias realizadas en la causa, le cuestiona que en su comunicado se refiere a las víctimas “en un plano tan potencial e hipotético que pareciera costarle mucho creer en su existencia o disgustarle tener que hacerlo”, y reclama que “no permita que el escenario del crimen sea el escenario épico de la despedida de un hombre cuya memoria deberán honrar sin insultar a las personas que fueron crucificadas en ese mismo lugar”.

A sabiendas del impacto internacional que tendría la noticia del suicidio de Lorenzo, el propio Bergoglio abolió el secreto pontificio para los casos de abuso sexual en el clero -por el cual las denuncias debían ser reportadas a Roma antes de darles curso alguno. Es una pantalla, ya que el ocultamiento de los abusos era una tarea coordinada de las iglesias con el Vaticano, y no una imposición unilateral de éste último. Por lo demás, cuando el Papa insta a los feligreses a que se sientan libres para denunciar no hace más que inclinarse ante los hechos consumados, porque éstos empezaron a hacerlo desde hace 20 años en Boston y siguieron haciéndolo ininterrumpidamente en todo el mundo, abriendo una crisis gigantesca en la Iglesia Católica.

En la propia causa judicial que investigaba a Lorenzo, el cura Mario Peralta denunció que él mismo había informado al entonces arzobispo Aguer lo que sucedía en la parroquia de Gonnet, pero éste permitió que el abusador continuara a cargo de una casa parroquial y en contacto permanente con menores de edad. Lo saliente, sin embargo, es que esta trama de impunidad no podía progresar sin la complicidad estatal. Peralta también declaró que puso en conocimiento de los hechos al entonces ministro de Seguridad del gobierno de Scioli, Ricardo Casal, ya que Lorenzo era Capellán Mayor del Servicio Penitenciario, pero tampoco tomó ninguna medida al respecto. Luego de ello, en 2013, el sacerdote denunciado fue designado como asesor en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación durante la gestión de Julio Alak, el flamante ministro de la misma cartera pero en el ámbito provincial en el gabinete de Kicillof.

Si a pesar de toda esta protección eclesiástica y estatal Eduardo Lorenzo debió quitarse la vida para evitar la condena, es gracias a la tenacidad de las víctimas y sus familiares, que encontraron en el imponente movimiento de mujeres el apoyo y el respaldo necesario para sobreponerse a las presiones y los aprietes, hasta quebrar la impunidad. Con esa fuerza, habrá que ir por desenmascarar a los encubridores.

Seguiremos luchando contra la impunidad de todos los curas abusadores y sus cómplices. ¡Separación ya de la iglesia del estado!