La publicación del mes de julio “Condiciones de vida en la ciudad de Buenos Aires: indigencia y pobreza por ingresos y estratificación. 1er. Cuatrimestre de 2020”, de la dirección de estadísticas porteña, vislumbra un escenario muy poco alentador. Aunque este informe tome los meses prepandemia, no es muy aventurero arriesgar que en los meses posteriores estas tendencias se irán agudizando y, como afirman mucho de los medios más conocidos, alcanzarán picos con poco precedente actual en nuestro país. En términos de desocupación y pobreza, lo peor está por venir.

El informe da cuenta de la cantidad de personas y hogares, junto con su peso relativo en el total de la población, que se encuentran por debajo de la famosa “línea de pobreza y de indigencia”. En términos concretos no mide otra cosa que el sector de los hogares que, a partir de su ingreso mensual, acceden a cubrir los requerimientos de la Canasta Básica de Alimentos calculada en $21955.08 -para una familia biparental con dos hijos y propietarios de la vivienda para marzo 2020- para el caso de los hogares bajo de línea de indigencia, y la Canasta Básica Total de $42863.95 bajo las mismas condiciones. En 2019 el 35% de la población porteña alquilaba su vivienda, con lo cual, si se proyecta un porcentaje similar, se puede asumir que incluso más de un tercio tiene que sumar el costo del alquiler a dichos montos. El salario mínimo en la Argentina aún data de 2019, que con el último aumento alcanzó la cifra de $16.875.

Considerando el primer cuatrimestre de 2019 y 2020, es decir de un año a otro, con una población que se mantiene constante o con una mínima variación interanual, encontramos que hay más de 32.000 nuevos hogares pobres. Incluso dentro de ese valor el crecimiento de los hogares bajo la indigencia alcanzó a los 18.000, consolidándose en un casi 6% los hogares porteños que no alcanzan siquiera a cubrir los ingresos mensuales equivalentes a la Canasta Básica de Alimentos. Los niveles de desocupación en la ciudad acompañan estos números, ubicándose en el primer cuatrimestre con un 49% de la tasa de empleo.

Otro de los indicadores que registra es el Índice de Precios al Consumidor de la ciudad (IPCBA), que durante el primer cuatrimestre de 2020 registró un alza del 9,3%, y particularmente un 2,0% para el mes de abril. Si bien su crecimiento interanual, en comparación con cuatrimestres anteriores, representa un leve descenso, este se ve contrarrestado por el congelamiento salarial extendido tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en el resto del país, dando cuenta cómo ya desde un comienzo lo que alcanzó este indicador representa un recorte en el bolsillo de los trabajadores que directamente reduce la posibilidad de consumo. El aumento del programa “Precios Máximos”, producto de las presiones patronales, y una inflación que está en el orden 13,6% para el primer semestre -junto con la proyección de que alcanzaría el 42% anual- culminan una política de fuerte ataque al poder adquisitivo.

A la hora de desagregar cuáles fueron los rubros que componen este alza, se despuntan los consumos minoristas de alimentos y bebidas no alcohólicas, particulares de frutas y verduras junto con la carne (entre un 2,5 y un 7%), y el aumento de un 2,5% de los consumos recreativos y culturales, asociados directamente al aumento de los diarios y revistas y al abono del servicio de TV por cable. Un panorama que vale contrastar con los subsidios millonarios del gobierno nacional, a través del programa ATP (es decir, a costa de la Anses) incluso a las patronales asociadas al entretenimiento y a las telecomunicaciones.

Al calor de estos números resultan más que alarmantes las medidas que se han tomado en su conjunto desde el gobierno nacional y el de Horacio Rodríguez Larreta. Las rebajas salariales y el congelamiento paritario echan nafta en una población cada vez más empobrecida. La ola de despidos no parecería tener fin en el corto plazo, auspiciando arribar a casi un millón de nuevos desempleados para fin de este año a nivel nacional. Por su parte, con media población porteña desocupada o realizando trabajos de forma no registrada, el magro “beneficio” del IFE -cuya tercera edición de $10.000 aún no ha sido cobrada-, condena a las familias sin ingresos directamente a la indigencia.

El análisis de los datos confirma lo que resulta evidente para todos, pero funciona como una poderosa herramienta para arribar a conclusiones políticas de fondo: la carestía empina cada vez su curva de crecimiento, mientras quienes nos gobiernan no dan una salida concreta a las necesidades de los sectores más vulnerables.

Necesitamos un programa integral que, como primer punto, plantee el no pago de la deuda, siendo que no solo representa una estafa a los trabajadores sino que su negociación es la antesala de nuevos ciclos de ajuste y crisis. Reclamamos un subsidio de $30.000 ligado directamente al reclamo por trabajo genuino, el reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario, contra el robo a los jubilados y por el 82% móvil, por la reapertura de paritarias y la indexación de los salarios a la inflación.