Policía Federal en Córdoba: qué hay detrás de la detención del jefe de Drogas Peligrosas

La detención del comisario Alejandro Gustavo Falcón, titular de la División Drogas Peligrosas de la Policía Federal en Córdoba, expone otra vez más la descomposición que corroe a las fuerzas de (in)seguridad. Trasladado al penal de Bouwer por orden de la Justicia Federal —en una causa que instruye el fiscal Maximiliano Hairabedian—, las imputaciones que pesan sobre el jefe policial demuestran que las instituciones encargadas de la persecución del delito operan como un eslabón clave dentro de la propia cadena criminal.

Falcón es acusado de hurto calificado, falsedad ideológica, peculado y dádivas. Según consta en la causa, el comisario utilizaba las herramientas del Estado y los operativos bajo su mando para beneficio propio.

En efecto, el jefe se habría apropiado de dinero incautado. Por eso, es investigado por quedarse presuntamente con 1.800 dólares en un allanamiento y alrededor de 2 millones de pesos en un procedimiento sobre un vehículo, además de romper actas oficiales para ocultar los faltantes.

Además, tendría vínculos con presuntos delincuentes. Fue imputado por recibir dádivas, concretamente cachorros de raza pitbull entregados por un sujeto vinculado al narcotráfico, bienes que jamás fueron declarados ni ingresados a los registros oficiales.

Por si lo señalado fuese poco, se sospecha que hizo un uso privado de recursos públicos. Habría utilizado vehículos oficiales y combustible de la fuerza para realizar desplazamientos particulares hacia la ciudad de Rosario.

Responsabilidad institucional

El caso no se agota en la figura de Falcón. En la misma causa hay otros tres efectivos de la PFA imputados que, por el momento, permanecen en libertad. Asimismo, se suma al antecedente de mayo pasado, cuando un agente de la misma fuerza fue detenido en General Deheza por integrar una banda dedicada a la comercialización de estupefacientes.

Frente a este escenario, las sospechas sobre la posible connivencia con el narcotráfico en la provincia devienen en una conclusión objetiva. La idea de "manzanas podridas" o inconductas individuales busca desligar la responsabilidad de una institución que funciona como reguladora y socia del negocio delictivo. La supuesta "guerra contra las drogas" pregonada por el Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Alejandra Monteoliva, y respaldada en el ámbito local por el ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, es propaganda que encubre la descomposición en la que se encuentra la Policía.

No es sólo un policía

En los barrios hay crudos testimonios señalando que quienes supuestamente deben combatir el narcotráfico son los mismos que administran las zonas liberadas, garantizan la logística, recortan botines en los procedimientos y se financian a través del delito organizado. Los operativos y secuestros de sustancias expuestos ante las cámaras funcionan como una pantalla para el reacomodamiento interno de las cajas policiales.

La detención del jefe de Drogas Peligrosas evidencia que el aparato represivo del Estado no es una solución contra la inseguridad y el narcotráfico, sino un engranaje clave, y hasta protector del crimen organizado: narcotráfico o la trata de personas. Para terminar con las redes delictivas que asuelan a los barrios populares, es indispensable desmantelar el entramado de impunidad de las fuerzas de seguridad, y poner en su lugar una fuerza de verdadera seguridad ciudadana, no represiva, como parte de un gobierno sobre nuevas bases sociales.